31 de agosto 2021
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Un total de 15 personas fueron asesinadas en una nueva masacre perpetrada por colonos contra indígenas mayangnas y miskitos, en la Reserva de Biosfera Bosawas, la noche del pasado lunes 23 de agosto, denunciaron organizaciones defensoras de pueblos indígenas, ambientalistas y comunitarios. Sin embargo, tras siete días del crimen, la Policía Nacional aún no se ha pronunciado, pese a que se conoce que una comisión ya ingresó a la zona para investigar.
El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) explicó, tras la denuncia recibida por parte de indígenas mayangnas, que la cantidad de las víctimas aún es imprecisa, pues se habla de entre 11 a 16 personas. El joven Albert Hernández Palacios —sepultado el 26 de agosto— y Armando Pérez Medina de 48 años, originario de la comunidad Mayangna Sauni As han sido los únicos identificados y el resto de cuerpos fueron enterrados en el lugar de los hechos.
CALPI también denunció que durante el ataque “fueron asaltadas sexualmente, frente a las otras víctimas y dejados desnudos los cadáveres de dos mujeres indígenas; una de iniciales K.G. de 31 años, cuyo cuerpo además fue desmembrado; y la otra mujer, de iniciales B.C. de 42 años de edad, cuyo esposo fue asesinado frente a ella”, indica en un comunicado emitido con la poca información que han logrado recopilar, desde que ocurrió la masacre en el cerro Kiwakumbaih, territorio Mayangna Sauni As.
Los indígenas aseguraron a CALPI que los responsables del ataque fue la banda “Kukalón”, integrada por 40 o 100 hombres, que no son nativos y portaban “armas de guerra”. La agrupación es liderada por Isabel Meneses, alias Chabelo, a quien la Policía señaló como responsable de los delitos de homicidio, lesiones, incendio y daños contra la comunidad de Alal, ocurridos el 29 de enero de 2020. En ese ataque, según la confirmación de indígenas, hubo cuatro fallecidos, dos heridos y doce casas fueron incendiadas. La Policía aseguró que no hubo muertos.
El ambientalista Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, explicó que el ataque ocurrió en un cerro histórico, considerado sagrado para los indígenas y reconocido como lugar de caza y pesca tradicional. “Es un sitio en el corazón de la Reserva de Bosawas”.
Por su parte, comunitarios relataron a CONFIDENCIAL que en el lugar se encontraban 37 indígenas trabajando en minería artesanal, cuando a eso de las tres de la tarde llegó un grupo armado, que identifican como colonos y perpetraron el crimen.
El cerro se ubica a unas diez horas de Musawas y a un poco menos de la comunidad de Alal, donde ocurrió otro ataque en enero de 2020.
Ruiz explicó que el cerro KiwaKumbaih había sido tomado por colonos armados para desarrollar minería artesanal, pero fueron desalojados en noviembre pasado por los comunitarios, y después fue asesinado un indígena en represalia.
Cuatro ataques en un año
CALPI señala que los pueblos indígenas han sido víctimas de forma sistemática de agresiones por parte de colonos. Solo en lo que va de 2021, la masacre reciente constituye el cuarto ataque.
La organización especifica que el 22 de enero en la comunidad de Karah Wilú, en el cerro Tubuyna, resultaron heridos con armas de fuego de alto calibre tres guardabosques indígenas; el 4 de marzo en la comunidad de Kimakwas hubo dos comunitarios heridos; y el diez de mayo en la comunidad de Silamwas, otros dos comunitarios fueron atacados.
“Estos ataques son adicionales a otros incidentes de amenazas e intentos de asesinato y de secuestro de parte de colonos armados en otros territorios indígenas”, se lee en el documento.
María Luisa Acosta, coordinadora de CALPI, explicó que prevalece la impunidad en las masacres contra indígenas, lo que provoca que los ataques sigan ocurriendo, mientras la víctimas están en vulnerabilidad extrema.
El Estado no se ha pronunciado sobre este nuevo ataque, que en primera instancia, está obligado a prevenir que ocurran. De llegar a pasar, como es el caso, está obligado a investigar de manera exhaustiva, independiente porque las víctimas tienen derecho a la verdad. Debe judicializar los casos y resarcir de manera integral a las víctimas.
“Aquí estamos viendo que el Estado está fallando en todas; en proteger, en investigar, en judicializar y en garantizar la no repetición de estos actos, que son crímenes de lesa humanidad porque son con armas de guerra en contra de grupos humanos de población civil que esta indefensa; son asesinatos, son torturas”, expresó Acosta.
Un análisis de datos de CONFIDENCIAL, a partir de los reportes de ataques de los últimos años, comprueba que, desde abril de 2018 a enero de 2021, las invasiones de colonos han incrementado, en una sangrienta avanzada que ya deja 17 indígenas asesinados, sin que hasta ahora se conozca la detención o condena de los responsables.
Más condena por masacre
Este nuevo ataque también fue condenado por el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), que además denunció que la situación de violencia en los territorios indígenas persiste sin que el Estado de Nicaragua “tome acciones concretas para erradicar y reducir la violencia generada por los terceros o colonos que han usurpado de manera ilegal las tierras indígenas, quedando en total impunidad estos atroces hechos” se lee en un comunicado.
Un total de trece indígenas fueron asesinados en 2020, según un informe divulgado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en conjunto con el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT).
El documento detalla que, de 2011 a 2020, un total de 49 indígenas fueron asesinados, 49 resultaron heridos y 50 fueron secuestrados o desaparecidos.
