29 de agosto 2021
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La gran cantidad de irregularidades cometidas en contra de la última oleada de presos políticos, no solo marca de nulidad a todos esos juicios, sino que crea las bases para acusar en el futuro, a los jueces que están actuando en contra de la Constitución y las leyes, según el criterio de dos abogados entrevistados en el programa Esta Semana, que solo se transmite en línea por causa de la censura televisiva del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A finales de mayo, el régimen encarceló a Walter Gómez y Marcos Fletes, dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dando inicio a una cacería de líderes opositores, precandidatos presidenciales, periodistas, líderes gremiales, sociales y estudiantiles, diplomáticos –y hasta un banquero- a los que trató de involucrar en una serie de delitos que la comunidad nacional e internacional tildó desde el inicio, como prefabricados.
En una entrevista en el programa Esta Semana que se transmite este domingo, el ex funcionario judicial Yáder Morazán, especialista en administración de justicia, y el exfiscal Boanerges Fornos, detallan sus criterios legales para tipificar de nulo todo lo actuado, y por qué son delictivas las decisiones de los jueces que están siendo cómplices de la dictadura, al seguir adelante con los juicios contra este nuevo grupo de secuestrados.
“Desde el día de la obtención de cada uno de estos elementos de prueba, si se realizaron violentando garantías constitucionales, estas pruebas no pueden producir efectos válidos en el tema de la valoración. Aparte de eso, pueden provocar también grandes nulidades dentro del proceso”, detalló Morazán.
Por su parte, Fornos se refirió al modo secreto en que se han realizado las audiencias, asegurando que “no hay una justificación legal previa que hayan emitido los judiciales para que estas audiencias se hayan hecho de forma secreta. Lo importante aquí también es que esas audiencias son nulas, porque no estuvieron con su abogado defensor”, recalcó.
Vicios de nulidad
Lo actuado en las cortes es una prueba más del proceso de radicalización que sufre el poder judicial a partir de 2018, “al extremo que antes los jueces esperaban el telefonazo para actuar de manera anómala dentro de un proceso, y a día de hoy es lo contrario: el juez visibiliza lo que está haciendo en contra de cualquier opositor”, para congraciarse con el régimen, dijo Morazán.
“La actuación de estos judiciales es clara, en que ellos están cometiendo delitos como prevaricato, por dictar resoluciones en contra de la Constitución Política y las leyes; denegación de justicia, por negarse a resolver; hay retardos maliciosos. Los jueces están delinquiendo en el ejercicio de sus funciones”, cuando ellos deberían sancionar la delincuencia, añadió.
Morazán recuerda el comportamiento observado en 2018, y posteriormente en 2000, cuando se acusaba por tenencia de drogas, tenencia de armas, “pero no se miraban estos patrones. Los abogados tenían acceso a los expedientes”. A partir del contexto electoral, “jueces que no tienen facultades para inhibir el poder optar a cargos públicos, lo están haciendo a ultranza de lo que dice la propia ley. Estamos en presencia de una radicalización del sistema de justicia, que se está instrumentalizando como órgano represor”, detalló.
Desde su experiencia previa como parte del sistema, Fornos asegura que “todos estos procesos son nulos, y cuando el sistema de justicia funcione efectivamente, se va a decretar la nulidad de todos estos procesos, y al ser nulos, las personas que han participado tienen responsabilidades civiles, y tienen responsabilidades penales, y es importante señalarlo”.
“Si estuviéramos en un Estado de Derecho, muchas de estas autoridades estarían detenidas por cometer una gran cantidad de delitos en contra de los acusados y en contra en la administración de justicia. Sin embargo, hemos visto que jueces que no se han querido prestar a este juego de delinquir en contra de personas procesadas, están siendo despedidas. El día de mañana, cuando estemos en un Estado de derecho, estas personas tendrán que responder”, sentenció Morazán.
¿Dónde están los secuestrados?
El letrado Fornos coincide con la opinión expresada por los abogados defensores de derechos humanos, y hasta Amnistía Internacional, quienes argumentan que los últimos reos están en un estado de secuestro y desaparición forzosa, aunque existan comunicados de la Policía Nacional y del Ministerio Público, asegurando que están en las celdas del Chipote,
“El Estado de Nicaragua -ya sea la Policía Nacional o el Sistema Penitenciario- están obligados a mostrar a estas personas porque hasta el momento solo se sabe en papeles que están detenidos, que están acusados, que se hizo audiencia, pero no se conoce el estado físico y psicológico de estas personas, y si están realmente donde dicen que están. Bajo esa premisa, puede calificarse como desaparición forzosa, definitivamente que sí”, señaló.
Citando al Código Procesal Penal, Morazán recordó que para estas audiencias, debieron estar presentes los abogados de los acusados. Adicionalmente, el 4 de marzo de 2021, la Corte Suprema de Justicia elaboró una circular donde orienta a los jueces, para que permitan la intervención de los defensores.
“Esta misma circular dice que para imponer la detención de 90 días, debe haber un peligro inminente de evasión a la justicia, o que pueda esta persona representar un peligro en cuanto a la interferencia al sistema judicial, o que pueda seguir delinquiendo y nada de esto se ha visto. Por esto es que podemos afirmar categóricamente, que el régimen no está cumpliendo ni siquiera sus propias leyes, por muy nuevas y represivas que sean”, remarcó.
Morazán refirió que en ambos tipos de acusaciones -tanto por ‘lavado de dinero’, como en la ‘Ley de Soberanía’- “hasta el día de hoy no conocemos cuáles son las pruebas que ha presentado la Fiscalía”.
Lo que se conoce es que se ha presentado una ampliación de la acusación original contra Cristiana Chamorro, en la que se señala a varias personas y se imputan los delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, apropiación y retención indebida, y falsificación ideológica, pero “en las acusaciones se debe establecer cuáles son los hechos por los que acusan a estas personas, y se deben señalar las supuestas pruebas que existen”, recalcó.
Del mismo modo, tampoco se conocen las pruebas que puedan tener en contra de las personas acusadas en virtud de la Ley 1055, a los que se señala de conspirar para menoscabar la integridad nacional.
En ambos casos, el abogado supone que las pruebas sean “algunas declaraciones testimoniales, quizás alguna fotografía… algún tipo de vídeo o declaración pública que hayan brindado los acusados… probablemente, algún tipo de información financiera que hayan obtenido en virtud de las solicitudes que se hicieron a los bancos, para que brindaran información sobre estas personas, pero hasta el día de hoy desconocemos eso”.
