27 de agosto 2021
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“Es una orden de arriba”, “estás en una lista” o “tenés restricción migratoria”, son algunas de las respuestas que han recibido, en los últimos meses, algunos opositores, excarcelados políticos, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas nicaragüenses, que han intentado salir o entrar de Nicaragua, durante la represión desatada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“María”, opositora y excarcelada política del régimen, relató a CONFIDENCIAL, bajo condición de anonimato, que el pasado 4 de agosto, cuando intentaba salir de Nicaragua, por el puesto fronterizo El Guasaule, en el occidente del país, observó que los ciudadanos son verificados en listas, con las que los oficiales deciden si pueden o no salir del país.
La opositora intentó salir de forma regular porque sus abogados le informaron que, pese a ser una excarcelada política, no había ningún proceso abierto en su contra, según el sistema del Poder Judicial; tampoco tenía manchado su certificado de conducta y, en meses anteriores, no tuvo problemas para que la Policía le entregara una licencia para conducir.
“Desde que fui excarcelada en 2019, nunca me notificaron que tenía restricción migratoria, aunque seguí asediada constantemente; entonces, tomé la decisión de salir de forma legal, pero con mi cédula para evitar que me quitaran mi pasaporte, en caso que algo ocurriera. En cuanto llegué al puesto fronterizo y revisaron mis documentos, me hicieron esperar, me quitaron mi cédula y dijeron que habían llamado a Auxilio Judicial de la Policía, porque no podía continuar”, describió.
“María” fue aislada en una oficina, donde un agente de Migración la buscó en dos listas: una con un encabezado que decía “91 Personas con orden de captura y restricción migratoria”, y otra donde logró leer “Orden de captura - Mil seiscientas personas”.
“Me encontró en la de 91 personas, subrayó mi nombre con un resaltador rosado y puso ambas listas sobre el escritorio, cerca de donde estaba de pie, pero no logré leer nombres, solo encabezados y una especie de cargos de las personas que estaban en esas listas. La de 91 personas parecía de excarcelados políticos y en la otra más grande, de una página de tamaño legal, había cargos o profesiones como periodistas, administrativos y contadores”, detalló.
Le exigieron 200 dólares para dejarla salir
La excarcelada política logró cruzar la frontera nicaragüense porque pagó un “soborno” a uno de los funcionarios de Migración, que le exigió 200 dólares a cambio de dejarla seguir.
“Uno que parecía trabajador de Migración habló con quien me tenía retenida; le dijo que me dejara ir, a cambio me pidieron 200 dólares, que no dudé en entregar. Me devolvieron mi cédula, agarré mis cosas y me dejaron seguir”, narró.
Ambos funcionarios le aconsejaron que “rodeara” el edificio de Migración, cruzara el puente y corriera sin detenerse hasta pasar un montón de sacos, donde empieza el territorio hondureño.
“María” acató las orientaciones y, cuando se sintió segura de haber cruzado, llamó a sus parientes para avisar que estaba bien. El objetivo de la opositora es llegar a Estados Unidos para pedir asilo; sin embargo, no ha completado su travesía. Actualmente, se encuentra “resguardada” en México junto a otros nicaragüenses.
La ex rea de conciencia indicó que, en su travesía hacia EE. UU., se encontró con cuatro nicaragüenses, quienes también intentaron salir del país de forma legal, pero fueron regresados por estar en esas listas. Aunque, esos cuatro ciudadanos no son excarcelados políticos, solo opositores que apoyaron las protestas de 2018.
Ejército vigila la frontera sur con listas
En la frontera sur, un grupo de nicaragüenses que intentaba cruzar hacia Costa Rica por “puntos ciegos”, fueron rechazados por oficiales del Ejército de Nicaragua que ejercían labores de vigilancia.
“Los militares no fueron agresivos ni intentaron detener a los migrantes”, dijo un testigo. Pero hicieron un chequeo de documentos, y advirtieron a uno de los viajeros que tenían “una lista de apellidos” sobre los que debían ejercer un control especial.
El régimen de Ortega también ha girado restricciones migratorias de facto contra periodistas y defensores de derechos humanos, sin que estos sean notificados sobre algún proceso judicial en su contra o una orden de un juez que les prohíba salir de país.
El pasado 21 de junio, el periodista Julio López denunció que llegó al puesto fronterizo en Peñas Blancas, Rivas —en el sur nicaragüense— y funcionarios de Migración le informaron que “no podía viajar porque había una certificación de restricción migratoria” y le retuvieron su pasaporte.
“En la lista de pasajeros había un asterisco en mi nombre. Al preguntarme el número de asiento, uno de los funcionarios dijo: ´¡Este es Julito!´ y me aislaron”, relató el comunicador, quien intentaba viajar a Costa Rica, para “atender una actividad personal”.
Ante la imposición orteguista, López salió por punto ciego y se exilió en Costa Rica, como una “última alternativa para preservar su vida y libertad”.
López destacó a CONFIDENCIAL que su caso no es el único en el que a periodistas se les ha negado la salida del país, ya que él conoce la situación de otros dos comunicadores que, en los últimos meses, intentaron viajar y se les informó que no podían hacerlo por tener supuestas restricciones migratorias. Aclaró que esos dos comunicadores ya están fuera del país.
Los defensores de derechos humanos también han denunciado ser víctimas de las restricciones migratorias injustificadas impuestas por el régimen. El abogado Marcos Carmona, secretario general de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fue notificado verbalmente —el pasado 6 de agosto— por autoridades de Migración, cuando intentó viajar a Estados Unidos, de que tiene “restricciones migratorias”.
El defensor explicó que no conoce que haya un proceso judicial en su contra y menos una orden judicial que le imponga dichas restricciones migratorias. Además, denunció que le fue retenido su pasaporte y los funcionarios de Migración solo se limitaron a decir que “solo estaba cumpliendo funciones de la Dirección Superior”.
Carmona consideró que el actuar de las autoridades de Migración “limita sus derechos establecidos en la Constitución Política de Nicaragua” y es “un abuso más de los que se continúan cometiendo en el país”.
Violan la Constitución
Además de restringir la salida de los nicaragüenses, el régimen orteguista también ha mandado a prohibir el ingreso de algunos nacionales a los que considera críticos de su Gobierno.
Defensores de derechos humanos de Nicaragua han criticado y denunciado el actuar de las autoridades de Migración y de la Policía del régimen orteguista, que ejecutan este tipo de acciones que limitan el ingreso o salida de nacionales, explicando que se está cometiendo una clara violación al artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; La CPDH explicó, en el marco de la denuncia interpuesta por su secretario general, que la restricciones migratorias sólo pueden ser impuestas por autoridades judiciales y se dan en el marco de un proceso judicial abierto contra el nacional al que se le impide salir.
