20 de agosto 2021
Dos mudas de ropa, documentos personales, más de 10 000 dólares —que logró juntar entre ahorros y préstamos—, y pruebas impresas y digitales de la persecución gubernamental que sufría en Nicaragua, era lo que llevaba la periodista Marisol Balladares el pasado 14 de julio, cuando salió del país junto a su hija, la también comunicadora Gloria Escorcia, en busca de asilo en Estados Unidos.
Ambas salieron por un “punto ciego” de la frontera norte de Nicaragua. En ocho días atravesaron Honduras, Guatemala y México. Ellas se entregaron el pasado 22 de julio a las autoridades de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en el puesto fronterizo La Joya, Texas.
Balladares explicó a CONFIDENCIAL que a los agentes estadounidenses les indicó que llegaba a pedir asilo para ella y su hija, y que no podían regresar a Nicaragua porque “sus vidas corrían peligro”. Sin embargo, no fueron entrevistadas por un oficial de Migración, y las encerraron junto a otros migrantes durante tres días en un cuarto extremadamente frío, que los inmigrantes popularmente llaman “las hieleras”.
Las periodistas estuvieron siete días retenidas por las autoridades de Migración. Su solicitud de asilo no fue atendida. Ambas fueron expulsadas a la frontera mexicana, en Tamaulipas, porque —según los funcionarios de Migración— “tenían un rebrote de covid-19 y no podían dejar seguir a nadie”.
“Ni siquiera nos dejaron poner la solicitud ante un agente, nada. Nos regresaron a México y ahora estamos buscando apoyo con abogados estadounidenses y organizaciones internacionales de derechos humanos para cumplir con la meta de ingresar a Estados Unidos y solicitar el asilo, porque no podemos volver a Nicaragua”, afirmó Balladares.
Desde 2018, la comunicadora ha sido víctima de la persecución del régimen de Daniel Ortega. Era perseguida constantemente por civiles motorizados y tuvo que vivir fuera de su casa durante tres meses. Su hija fue retenida por oficiales de la Policía, quienes —según denunció— la manosearon y violentaron sus derechos. Además, Balladares ha señalado públicamente que ha sufrido “intentos de homicidio” de parte de personas afines al Frente Sandinista.
La periodista y su hija ya cumplieron más de 20 días varadas en México, desde que fueron regresadas por las autoridades de Migración de EE.UU. Ellas se encuentran en un asilo de ancianos, ubicado en Ciudad Juárez, donde las apoyan con comida y techo, mientras resuelven su situación Migratoria.
Balladares detalló que abogados de organizaciones sin fines de lucro las han apoyado en el trámite de una visa humanitaria, con lo cual esperan poder ingresar a Estados Unidos y poder exponer su solicitud formal de asilo.
Un proceso variante y complejo
Carolina Sediles, vicepresidenta de la Alianza Nicaragüense Americana de Derechos Humanos (Nahra, por sus siglas en inglés), explicó a CONFIDENCIAL que los procesos de asilo en Estados Unidos “son complejos”, y pueden variar con base al número de ingresos que haya en ese momento, por Estados y el punto fronterizo.
Indicó que cuando un ciudadano ingresa al territorio estadounidense de forma “irregular” puede enfrentar ante las autoridades migratorias —en caso que así lo soliciten— un proceso de asilo de tipo “defensivo”, donde se “defienden de la orden de deportación y explican los motivos por los que no pueden ser retornados a sus países de origen”.
La abogada Astrid Montealegre, presidenta de NAHRA, detalló que, aunque los procesos varían, en Estados Unidos los solicitantes con tipo de asilo “defensivo” pasan por una reclusión en un centro de detención, se les somete a una cuarentena por la pandemia de la covid-19 y se le hace una entrevista “de miedo creíble”, que puede ser ante un juez de Migración o, en algunos casos, ante un agente.
Explicó que la entrevista de “miedo creíble” es “decisiva”, ya que en esta se determina si la persona puede o no solicitar asilo. Esta se realiza en el idioma del solicitante, a través de un intérprete que puede estar en persona o por teléfono.
Estas entrevistas son “bastante complejas, tipo interrogatorio, porque quieren saber y comprobar con tu testimonio por qué estás pidiendo asilo”, según Montealegre.
Añadió que a estos solicitantes de asilo se les puede aplicar “multas y fianzas que van desde 2000 hasta 22 000 dólares, dependiendo de lo que determine el juez”.
Advirtió además que quienes ingresan de forma irregular a EE. UU. pueden enfrentar cargos por su “entrada ilegal al país”, que no solo podría significar una deportación, sino un castigo de 10 años en los que no podría ingresar al país.
Más nicas huyen de Nicaragua
El número de personas que buscan asilo en EE. UU. ha incrementado en los últimos meses, tras el agravamiento de la persecución desatada por el régimen orteguista.
Según cifras oficiales de casos pendientes de las cortes de inmigración de Estados Unidos, Nicaragua se encuentra en los primeros 15 países con más casos pendientes de solicitudes de asilo. Del primero de octubre de 2020 hasta mayo de 2021 contabilizaron 16 492 casos pendientes ante la Corte de Inmigración.
La Unión de Presos Políticos de Nicaragua (UPPN) registra que en el primer semestre de 2021 unos 35 excarcelados políticos —integrantes de su organización— se han visto obligados a salir de Nicaragua por la persecución orteguista.
Allan Gómez, excarcelado político e integrante de la UPPN, detalló que los destinos reportados por estos 35 excarcelados fueron: Costa Rica (10), Honduras (5), Estados Unidos (4; dos en centros de retención) y Canadá (3). También mencionó que otros se encuentran varados en Guatemala (8) y México (5) en busca de llegar a la frontera estadounidense.
El excarcelado político Nahiroby Olivas, aunque no es uno de los casos que recientemente salió de Nicaragua, se encuentra en un centro de detención migratorio estadounidense, luego que tuviera que salir de Colombia, ya que las autoridades de ese país le informaron que no podía renovar su visa.
Jackeline Valdivia, madre de Nahiroby, afirmó a CONFIDENCIAL que la idea de su hijo “en ningún momento fue irse de Nicaragua”, aun después de ser excarcelado el 11 de junio de 2019, tras diez meses de estar “secuestrado por el régimen orteguista”.
Sin embargo, la persecución que a diario sufrían como familia hizo que Olivas decidiera salir de Nicaragua el 11 de diciembre de 2019 con rumbo a Colombia, donde todo iba bien hasta que, el pasado 05 de julio, las autoridades colombianas de Migración le informaron que no podían renovar su visa, a falta de algunos requisitos, y le daban cinco días para abandonar el país.
La idea inicial de Nahiroby, según Valdivia, era ingresar a Estados Unidos con su visa vigente, mientras resolvía su situación migratoria colombiana a distancia, pero al llegar a territorio estadounidense se encontró con que las autoridades de Migración de ese país no lo dejaban ingresar, entonces, al ver que podría ser deportado a Nicaragua, tuvo que pedir asilo.
El pasado 11 de julio, Olivas fue enviado a un centro de detención preventivo, aunque después se le trasladó al Centro de Detención Prairieland, ubicado en Alvarado, Texas.
La madre confía en que las autoridades migratorias de Estados Unidos comprueben que su hijo no puede regresar a Nicaragua, porque “aquí corre peligro, ya estuvo encarcelado injustamente y nosotros como familia continuamos asediados y perseguidos”. Además, recordó que Olivas es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “no fueron acatadas” por el régimen orteguista.
Asilo “afirmativo”
Montealegre explicó que en casos como el de Olivas, donde el solicitante de refugio ingresa legalmente, puede ser acreedor de un asilo tipo “afirmativo”, en el cual se tiene menos probabilidades de pasar meses en un centro de detención migratoria, como ocurre con los migrantes que entran ilegalmente.
“Cuando una persona aplica para un asilo afirmativo, en un aeropuerto o en un puerto de entrada, puede pasar por un centro de detención por un tiempo, esto debido a dos razones: para pasar cuarentena y determinar si su caso es viable, o sea, para hacer la entrevista de ‘miedo creíble’”, explicó la abogada.
Ambas representantes de Nahra recomendaron que los solicitantes lleguen “preparados”, con todas las pruebas para demostrar que son candidatos para el asilo.
Adelantaron que no se permiten evidencias en formato video. Sin embargo, se puede presentar en forma de capturas de imagen del video y se debe especificar la fecha que se tomó, quién se ve en la foto, dónde fue tomada y quién la tomó.
Además, advirtieron que estos procesos pueden durar entre tres meses y tres años, dependiendo del número de cortes que se enfrenten, de las pruebas que tengan, de los cargos que enfrenten en caso de ingresos irregulares, e incluso del número de casos que haya en cada corte. Por lo que, afirmaron que el solicitante de asilo debe tener claro que el proceso es “variado, puede ser complejo, extenso y costoso”.
Detallaron que el solicitante de asilo no tiene derecho a un abogado de oficio, por lo que debe pagar uno, o se defiende solo ante la Corte de Migración. Los honorarios de un abogado en EE. UU. van desde los 2500 dólares, a través de oenegés, hasta los 7500 dólares, uno privado.