15 de agosto 2021
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El martes 29 de junio de 2021, el médico Richard Sáenz Coen abandonó Nicaragua para resguardar su libertad. “Te tenés que ir porque van con todo contra vos”, le advirtió una fuente. Ante la alerta y la profundización de la represión gubernamental —que ha dejado a 33 opositores, incluyendo seis precandidatos presidenciales presos— el doctor comprendió que el exilio pasó de ser una opción a una necesidad.
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Saénz Coen, de 32 años, es especialista en ginecología y obstetricia, con una subespecialidad en infanto juvenil. Al inicio de las protestas cívicas, en abril de 2018, era consultor del Ministerio de Salud (Minsa) en un programa enfocado en su expertís. Por la mañana trabajaba en el hospital España, en Chinandega, de donde es originario, y por las tardes, atendía sus empresas.
Con el estallido social de ese año, se involucró en la atención de los heridos dejados por la represión estatal en Chinandega, y posteriormente en otras partes del país. Sin saberlo, sus acciones provocaron molestia en las autoridades médicas. A finales de abril de 2018, la exdirectora del Hospital España, Freydell Ulloa, lo llamó para entregarle su carta de despido, pero él no la aceptó y renunció. Argumentó que sus acciones estaban en correspondencia con el cumplimiento de su juramente hipocrático, como médico.
Su despido fue el inicio de una cadena de abusos y violaciones a sus derechos humanos, que ha enfrentado en silencio por seguridad y que ahora, a salvo en otro país, considera necesario se conozca. La casa del médico en Chinandega ha sido asediada por grupos paramilitares y policiales desde 2018, y él fue encarcelado en dos ocasiones durante un mismo mes en ese año.
La primera ocasión fue del 5 al 10 de diciembre de 2018, cuando lo trasladaron a la estación policial de Chinandega. Al ser diabético e insulinodependiente se descompensó y tuvo que ser trasladado al hospital. El 11 de diciembre fue dado de alta médica, pero la Policía, otra vez, llegó a su casa y se lo llevó, pero en esta ocasión, a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, en Managua.
El 16 de diciembre se enfermó en la cárcel y lo trasladaron a un hospital capitalino, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Fue liberado el 30 de diciembre de 2018, con el requisito que se presentara a firmar a los juzgados de Chinandega cada 15 días, y posteriormente cada mes. El médico asegura que en todo momento permaneció solo en una celda y nunca fue llevado a los juzgados.
“Cada interrogatorio —en el que le preguntaba quién le pagaba por andar de golpista— a mí se me golpeaba, se me maltrataba, se me torturaba psicológicamente: en el aspecto en que llegaban, golpeaban la celda. En las mañanas tenías que hacer sentadillas, te llevaban agachado, un trato bastante humillante, son cosas que para mí son difíciles de recordar porque el trato fue bastante degradante”, relata el médico desde el exilio.
En la madrugada del 25 de julio de 2019, paramilitares asaltaron su casa. Se llevaron todo, contó a CONFIDENCIAL el médico Richard Sáenz. Esta es una imagen posterior al asalto.
Foto: Cortesía
Incrementa el asedio y causas judiciales
Los asedios policiales y de paramilitares no pararon contra el médico. En la madrugada del 25 de julio de 2019, hombres vestidos de civil y encapuchados llegaron a su casa y se llevaron todo lo que tenía, incluyendo la documentación de varias de sus empresas.
“Llegaron, tocaron el timbre. Miré por las cámaras que era la Policía. Iban abrir por la fuerza, entonces les pregunté: ¿Qué desean?, les voy abrir. Creí que era algún allanamiento o que me iban a detener. Pensé, antes de que se pongan violentos nuevamente, mejor les abro, sin saber que les estaba abriendo para que llegaran a saquear todo. Mientras los paramilitares desbarataban todo y se robaban todo, la Policía estaba afuera. Tres patrullas de la Policía estaban afuera”, cuenta el médico.
Después del robo en agosto de 2019, un colectivo de trabajadores demandó al doctor Sáenz, señalándolo de incumplir sus honorarios por más de año y medio. El juez le ordenó indemnizar a las personas, incluidas vacaciones y aguinaldo. La movida es calificada por el médico como parte de un “plan” en su contra, ya que el abogado del Ministerio del Trabajo solicitó que él mostrara la documentación de la planilla cancelada de los trabajadores, archivos que fueron sustraídos en el robo y del que no le permitieron poner una denuncia en la Policía.
“Este fue un plan bien orquestado. Llegan, saquean todo, se llevan todos los papeles y después me demandan en los juzgados. Ellos (los trabajadores) no tienen que probar que eran trabajadores míos, yo tenía que probar que yo ya les había pagado”, señala el médico.
Por este mismo caso, el especialista Sáenz también fue acusado por fraude a la Seguridad Social. Al no contar con la documentación requerida para soportar los pagos al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), debió acceder a cancelar la deuda.
En 2020 inició una etapa que él califica como “terrorismo de Estado” porque le abrieron causas por defraudación fiscal y defraudación aduanera. Precisamente, a través de esos procesos pretendían encarcelarlo, le habían advertido.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal cámara de empresarios en Nicaragua, denunció a principios de 2020 que sus socios estaban siendo víctimas de cobros exagerados por parte de la Alcaldía de Managua.
“Están utilizando la figura de defraudación fiscal para presionar a la persona jurídica que tiene un adeudo con la alcaldía (de Managua)”, señaló el expresidente del Cosep y ahora preso político, José Adán Aguerri. La DGI como la Dirección General de Aduanas (DGA) también estaban involucrados en estos cobros, cuyos casos, ya se ventilaban en la vía penal.
El doctor Sáenz explica que recibió citatorios por parte de la DGI, exigiéndole documentación de las empresas, sus libros contables, y otros archivos que debía presentar. Incluso, pocos días antes de su exilio, volvió a ser citado.
El médico denunció todo lo que ha vivido desde 2018 a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en agosto de 2019, y este organismo concluyó que “el ciudadano Richard Neil Sáenz Coen, se encuentran en grave riesgo de sufrir actos de represión aún más graves de los que hasta hoy fueron víctimas por parte de las autoridades y hasta lesivos a su integridad física, que en este contexto actúan con toda impunidad aún con la complicidad de las autoridades”, se lee en el documento.
El médico Richard Sáenz con un paciente. Durante la pandemia ha atendido decenas de casos sospechosos y confirmados de covid-19.
Foto: Cortesía
La pandemia de covid-19
Todo el asedio y persecución que ha vivido se relacionan con su papel activo en las protestas cívicas y más recientemente, por ser una voz crítica de la gestión del Minsa respecto a la pandemia de covid-19.
“Denunciaba a la dictadura porque estaba dejando morir a la gente en la pandemia”, asegura el médico. Durante la crisis sanitaria generada por la aparición del SARS-CoV-2, el doctor Sáenz además de atender a pacientes con casos sospechosos y confirmados con covid-19, también se unió a la campaña SOS Karawala —ubicado en el Caribe Sur, a 150 kilómetros de Bluefields—, organizada por la radio La Costeñísima, para atender a la población indígena Ulwas, que estaba siendo víctima del contagio comunitario.
Sáenz asocia todo el ensañamiento que ha vivido a que “el régimen no me perdona que haya atendido a los manifestantes en contra de esta dictadura”. Desde un lugar del mundo relata a CONFIDENCIAL que salió por un puesto irregular y que su situación actual no es fácil, pero agradece contar con el apoyo de sus amistades.
