España llama a consultas a su embajadora en Nicaragua

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamó este miércoles a consultas a la embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras la nota emitida el martes 10 de agosto por el Gobierno nicaragüense con “graves e infundadas acusaciones” contra España y sus instituciones.

Además, la nota del Gobierno del presidente Daniel Ortega incluía “gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales” españoles, subrayó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

“Nicaragua atraviesa una profunda crisis política, económica y social que se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del Gobierno contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes”, según el mismo comunicado.

Por ello, España rechaza “de manera tajante” el contenido de la nota de la Cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que “cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política”.

España es el cuarto país que llama a consultas a su representante diplomático en Nicaragua, luego que el pasado 28 de julio lo hiciera Colombia, aunque primeramente lo realizaron —el 21 de junio— los Gobiernos de México y Argentina.

Respuesta del régimen

Horas después del anuncio español, el Gobierno de Ortega y Rosario Murillo emitió un comunicado donde “ratifica todo lo afirmado” en la nota del pasado martes. “En esa Comunicación solo verdades han sido dichas, y eso es precisamente lo que irrita a ese honorable reino (de España)”.

“En vista de su reiterada intromisión en asuntos nuestros, de inauditas pretensiones coloniales a 200 años de independencia, ratificamos y ampliamos lo dicho ayer (martes), exigiendo igualmente a ese reino, cumplir con todas sus obligaciones en términos de derechos humanos y democracia, en un marco legal no represivo, que garantice los procesos sociales, políticos, electorales y ciudadanos, en esa España que luce tan arrogante, jactanciosa y falsa”, reza una nueva nota de la Cancillería nicaragüense.

“El día llegará en que sus rabiosas, ridículas, altisonantes y falaces voces, darán lugar a otras, fraternales, respetuosas, y verdaderas. Estamos seguros de que un mundo mejor es posible, y para eso trabajamos”, concluye el comunicado orteguista.

Primera nota de la Cancillería

En la nota del martes, la Cancillería nicaragüense condenó la “inadmisible intromisión del Gobierno del Reino de España en los asuntos internos” del país.

Nicaragua acusó a España de carecer de “autoridad moral”, culpable de “tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena”.

Así, el Gobierno de Ortega seguirá denunciando “la cínica y continua, intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de Gobiernos democráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia”.

Igualmente denunció los “crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados” de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), activos en los años ochenta, y la “feroz y brutal historia colonial y neocolonial” española.

Críticas europeas

En los últimos días, España y la Unión Europea (UE) han manifestado que las decisiones que impiden la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados.

España y la UE cuestionaban así el hecho de que, desde el pasado mes de mayo, ya son 32 los líderes y candidatos de la oposición nicaragüense detenidos y acusados de traición a la patria, lo que les impedirá presentarse a las elecciones generales de noviembre.

Ortega aspira a su quinto mandato presidencial, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

El viernes pasado también se conoció la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) nicaragüense de cancelar la personalidad jurídica de la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL), por lo que no podrá presentarse a los comicios. 

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. // Foto: EFE

Situación con Costa Rica

En respuesta a las críticas internacionales el régimen nicaragüense llamó a consulta a sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Costa Rica, como una medida de “reciprocidad”, dijo el lunes pasado la vicepresidenta y vocera, Rosario Murillo.

En el caso de Costa Rica, el Gobierno de Carlos Alvarado canceló en junio pasado el nombramiento de su embajadora en Nicaragua, Xinia Vargas.

Además, Colombia y Costa Rica forman parte de los 26 países que, a mediados de junio, votaron en la Organización de Estados Americanos para condenar  la ola de arrestos de opositores, además de exigir su inmediata liberación.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, reiteró este miércoles su posición de que en la vecina Nicaragua hay “una violación clarísima a los derechos humanos” e insistió en la urgencia de un proceso electoral democrático y de que sean liberados los presos políticos.

“Nuestra relación con Nicaragua es cada vez más de Estado a Estado y no de Gobierno a Gobierno, porque en Nicaragua hay una clarísima violación a los derechos humanos, hay detenciones de los opositores y hay persecución política. Costa Rica no puede estar de acuerdo con eso”, declaró Alvarado preguntado por periodistas tras un evento oficial.

El gobernante costarricense afirmó que su país seguirá abogando “por un proceso democrático, con observación y transparente”, así como por “la liberación de los presos políticos” y “la libertad de prensa”.