10 de agosto 2021
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La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua afirmó, en un comunicado divulgado este martes, que “el proceso electoral, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e incertidumbre porque en Nicaragua no existen condiciones para unas elecciones democráticas”.
Los religiosos recordaron que el pueblo nicaragüense “tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas”, pero denunciaron que se les ha “impedido expresar sus simpatías, votando en las elecciones de noviembre para elegir a las máximas autoridades del país, porque los candidatos de la oposición han sido forzosamente excluidos de la contienda electoral al privarlos de libertad y quitarle sus derechos ciudadanos”.
El régimen de Daniel Ortega, en los últimos tres meses, ha encarcelado a siete precandidatos a la presidencia de Nicaragua; inhibió a Berenice Quezada, candidata a la vicepresidencia oficialmente inscrita ante el Consejo Supremo Electoral (CSE); y canceló la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), liquidando así el derecho de participación en la contienda del último candidato a la presidencia de la oposición que oficialmente estaba inscrito ante el CSE.
La Iglesia católica destacó que las acciones que se han ejecutado en los últimos meses ha generado en la población sentimientos de “frustración, impotencia y dolor”, pues pese a que es un año electoral “se ha producido la encarcelación de precandidatos y candidatos a la presidencia y vicepresidencia, así como de dirigentes y activistas políticos y periodistas”.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el régimen orteguista mantiene a más de 140 presos políticos en las diferentes cárceles del país, entre estos; más de 30 activistas, candidatos, intelectuales, exguerrilleros Sandinistas, empresarios, exdiplomáticos y periodistas que fueron encarcelados en el contexto del proceso electoral que se espera culmine el próximo 07 de noviembre.
Iglesia denuncia persecución
La Comisión denunció que como Iglesia católica también han sido víctimas de amenazas, ofensas a sus sacerdotes y obispos, limitaciones a la visa o la residencia de sacerdotes extranjeros, hostigamientos a los feligreses laicos y otras acciones ilegales e intimidantes”.
Además indicaron que “el sufrimiento de los nicaragüenses se ve agravado por nuevas olas de contagio de la pandemia de la covid-19, que sigue causando muertes, hospitalizaciones y restricciones a la normalidad; lo cual obliga a actuar responsablemente guardando las medidas sanitarias necesarias”.
Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo continúa promoviendo actividades que propician aglomeraciones. La Alcaldía de Managua recientemente -contrario a la decisión de la Iglesia católica que indicó no se realizarían las tradicionales procesiones para evitar el contagio de la covid-19- decidió impulsar sus propias fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán.
Los religiosos también mencionaron que hay una ola de migración de nicaragüenses, en su mayoría jóvenes, “que se ven obligados a abandonar su patria por la inseguridad, el desempleo, la incertidumbre sobre el futuro del país, entre otras razones”.
En este contexto, la Comisión dijo estar “junto al pueblo”, “solidarios con sus sufrimientos, temores e incertidumbres, no cesando de promover la paz, animamos a poner toda la esperanza y el futuro de nuestra patria en las manos de Dios, que con su Santa Palabra nos consuela y anima”.
