7 de agosto 2021
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Defensores de derechos humanos de organizaciones nacionales e internacionales alertaron que las recientes acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, referente a la cancelación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y, por ende, la eliminación de la participación política del último candidato a la Presidencia de parte de la oposición, “confirman el quebrantamiento del Estado de Derecho en el país” y la “incompatibilidad con elecciones libres y justas”.
La comisionada Antonia Urrejola, relatora de país para Nicaragua y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó a CONFIDENCIAL que, tras las recientes acciones contra la oposición nicaragüense, “se aleja cualquier alternativa de elecciones libres, justas y participativas para Nicaragua, de acuerdo con los estándares internacionales, las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA (Organización de Estados Americanos) en 2017, y las resoluciones del Consejo Permanente de la OEA”.
Advirtió que estos hechos “confirman el quebrantamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, con base en la concentración del poder en el Ejecutivo y con el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas en el país”.
La defensora destacó que como Comisión han venido señalando y condenando de forma sostenida, en los últimos años de crisis sociopolítica en Nicaragua, “la situación de impunidad estructural de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de abril de 2018”.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) señaló que la cancelación contra CxL, como ya ocurrió con Partido Conservador (PC) y el Partido de Restauración Democrática (PRD), “impide la participación política de sus miembros y votantes” en el proceso electoral que culmina el 07 de noviembre.
Señaló además que dichas decisiones del régimen “no están en línea con los estándares de derechos humanos y resultan incompatibles con elecciones libres y justas”.
Vilma Núñez: “Cancelación de CxL era una muerte anunciada”
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, valoró que la cancelación que sufrió CxL era una “muerte anunciada”, puesto que “era algo que se veía venir porque definitivamente creo que Daniel Ortega no se quiere arriesgar a participar en un simulacro de proceso electoral con otro zancudo más que no sea el PLC (Partido Liberal Constitucionalista)”.
Consideró que CxL debió, desde que el régimen mandó a inhibir a Berenice Quezada como candidata a la vicepresidencia, de denunciar la arbitrariedad y desistir de participar en el “simulacro de elecciones” que ha montado Ortega para perpetuarse en el poder.
La defensora denuncia que el régimen orteguista -con este tipo de acciones contra la oposición- solo continúa demostrando que ha convertido el país “en una cárcel” y que en el país “no hay proceso electoral, nunca empezó porque todo esto es un simulacro que montaron para seguir en el poder y, por consiguiente, no tendremos un Gobierno legítimo, ya no tenemos un Gobierno legítimo de hecho, porque todas estas decisiones son ilegítimas, contrarias a cualquier proceso democrático”.
Las defensoras del Cenidh y la CIDH concuerdan en que es urgente que el Estado restablezca un ambiente de libertades y respeto a los derechos políticos de los nicaragüenses. La presidenta de la CIDH reiteró el llamado al Estado a “liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, a dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas”.
Además, llamó a la comunidad internacional a “poner especial atención a la grave situación de derechos humanos que ocurre en Nicaragua”, alertando que en el país se han “cerrado los espacios democráticos, no existe un respeto a garantías mínimas del debido proceso y presunción de inocencia y sigue imperando la impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas desde el 2018”.
