6 de agosto 2021
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La presión internacional para que el régimen de Daniel Ortega rinda cuentas por los abusos de derechos humanos y el socavamiento de la democracia continuó este viernes con la decisión del Departamento de Estado de quitarle la visa a 50 familiares directos de legisladores, fiscales y jueces cercanos al partido de gobierno.
La medida fue comunicada a través de una declaración del portavoz Ned Price, quien citó como uno de los principales argumentos la escalada represiva del régimen cuando faltan tres meses para las votaciones presidenciales, la que ha dejado al menos 31 opositores detenidos, entre ellos siete aspirantes a la Presidencia, un candidato a vicepresidente, dos líderes del sector privado, dirigentes estudiantiles y campesinos, entre otros.
“Ortega y Murillo demostraron una vez más que tienen miedo de correr contra cualquiera que sientan que pueda ganarse el apoyo del pueblo nicaragüense”, dijo Price citando el caso de Berenice Quezada, excandidata a vicepresidente por Ciudadanos por la Libertad, quien fue inhibida un día después de su inscripción el dos de agosto pasado en el Consejo Supremo Electoral bajo el argumento de que con sus declaraciones llamando a la movilización del voto fomentaba “el odio y la violencia”.
We are imposing visa restrictions on 50 immediate family members of Ortega-Murillo regime enablers. Anyone benefiting from the undermining of free and fair elections in Nicaragua is not welcome in the United States. https://t.co/xelJPT8ZpR
— Matthew Miller (@StateDeptSpox) August 6, 2021
Hace un mes, la administración Biden retiró también las visas a 100 funcionarios de las mismas instituciones que castigan ahora y ocurre también luego de la sanción impuesta el nueve de junio pasado a Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial, al jefe de bancada sandinista Edwin Castro y al presidente del Banco Central, Ovidio Reyes.
“Hoy anunciamos restricciones de visa contra 50 personas más, todos familiares inmediatos de funcionarios afiliados al régimen que han contribuido directamente a las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua que no cumplen con las condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas a las que todos Los estados miembros de la OEA se han comprometido bajo la Carta Democrática Interamericana”, agregó Price.
Ante la crítica firme de la comunidad internacional por los abusos de derechos humanos cometidos por el ejecutivo de Nicaragua, expresada por sanciones de Canadá y la Unión Europea a más miembros de la élite sandinista, Ortega ha esgrimido de que es víctima de un intervencionismo y el pasado 19 de julio, cuando se celebró el 42 aniversario de la revolución sandinista, incluso llegó a invocar al “pueblo armado”.
Hoy compartimos la historia de la presa política nicaragüense Tamara Dávila, activista de democracia y derechos humanos que permanece encarcelada y separada de su hija de 4 años desde mediados de junio. #PresosPorQué #SOSNicaragua pic.twitter.com/Y41Ps9I40j
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) August 6, 2021
Apenas la noche de este jueves, el Senado de Estados Unidos aprobó también la ley Renacer que plantea la posibilidad de mayores sanciones, mientras desde el Departamento de Estado se promueve una campaña que cuenta la historia de cada uno de los presos políticos, arrestados arbitrariamente desde finales de mayo pasado.
