31 de julio 2021
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Nicaragua es una “guarida” que ofrece refugio a funcionarios de Centroamérica perseguidos por delitos graves de corrupción, consideró este viernes Gonzalo Carrión, uno de los integrantes del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca+, en referencia a la nacionalización exprés otorgada por el régimen de Daniel Ortega al expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, requerido por la justicia de su país, y a tres miembros de su familia.
Según Carrión, el régimen violó lo dispuesto en la Ley de Migración de Nicaragua, que plantea dos caminos para que los extranjeros obtengan la nacionalidad: la permanencia de cuatro años para extranjeros en general (artículo 53); y dos años de residencia continua, en el caso de los centroamericanos (artículo 54), lo que sería aplicable a Sánchez Cerén, aunque este permanece en Nicaragua desde noviembre pasado, conforme a información brindada por diputados y funcionarios oficialistas de su país.
Sánchez Cerén pertenece a las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) —un aliado histórico del partido de Ortega— y gobernó el vecino país centroamericano entre el primero de junio de 2014 y el primero de junio de 2019, cuando entregó el poder al actual mandatario Nayib Bukele.
El diario digital El Faro, de referencia en la región, informó que la Fiscalía de su país señala al exmandatario de haber obtenido 530 000 dólares de una partida secreta durante la presidencia de Mauricio Funes (2009-2014), años en los cuales fungió como su vicepresidente. El 29 de julio pasado, una jueza de paz decretó la búsqueda y captura del exfuncionario.
“El expresidente salvadoreño no cumple los requisitos. Esa nacionalización no tiene validez (…) Esta nacionalización tiene motivaciones eminentemente políticas y se convierte en una especie de guarida para perseguidos de corrupción en El Salvador”, afirmó Carrión, quien recordó que Ortega también protegió a Funes, quien incluso, según reportes periodísticos, es asalariado en Cancillería, igual que su hijo.
La nacionalización de Sánchez Cerén, su esposa Margarita Villalta, su hija Claudia Sánchez Villalta y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez fue publicada en La Gaceta Diario Oficial de Nicaragua a través de certificaciones individuales, firmadas por el director de Migración y Extranjería, comandante de brigada Juan Emilio Rivas Benites, presentando como principal argumento en el documento en todos los casos que se trata de una decisión soberana de Nicaragua.
Carrión explicó que el régimen pudo tener otra vía para la nacionalización, pero no la siguió. Se trata del procedimiento a través del cual es la Asamblea Nacional la que puede declararlos, siempre y cuando ellos se hayan distinguido por méritos extraordinarios al servicio del país, lo que no ocurre en el caso de Sánchez Cerén y su familia.
El doble rasero de Ortega
El abogado de derechos humanos explicó que la decisión de Ortega muestra un doble rasero con el que maneja el tema de migración: por un lado acoge a Sánchez Cerén, mientras hay casos documentados de opositores a quienes se les ha despojado la nacionalidad.
Dos de los más conocidos son Ana Quirós y el misionero Alberto Boschi, aunque los expulsados por razones políticas sumaban 25 entre 2010 y 2016, según el dato más reciente publicado en CONFIDENCIAL.
Quirós fue expulsada en noviembre de 2018, cuando el régimen elevó su persecución contra los movimientos feministas en el país. Quirós es costarricense de nacimiento, pero tenía su nacionalidad de Nicaragua desde 1997. Fue conducida desde las celdas policiales de El Chipote hasta el puesto fronterizo de Peñas Blancas, desde donde se concretó su salida de suelo nicaragüense.
“Escuchar la noticia de que el Gobierno de Nicaragua entregó la nacionalidad a Sánchez Cerén se siente como un insulto, y como una clara muestra de que Ortega maneja las leyes y derechos de Nicaragua como si se trata de un cacique o de un dueño de finca, donde se hace lo que él dice y cuándo él dice”, reaccionó anoche Quirós, destacando que en su caso trabajó durante cuarenta años en Nicaragua.
Para Quirós, Ortega ha utilizado las leyes para negar el ingreso a nicaragüenses, nacidos en este país, sin tener ninguna cuenta pendiente con la justicia, mientras le otorga a “Funes y Sánchez Cerén la nacionalidad sin cumplir los requisitos, y en segundo lugar para protegerlos de la justicia de El Salvador”.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que documentó la represión estatal en Nicaragua desde 2018, producto de la violencia del régimen se han marchado al exilio al menos 100 000 nicaragüenses. La situación es una de las más graves crisis de derechos humanos en la región.
“Es bochornoso”, lamentó Carrión, en relación a los casos de los expresidentes salvadoreños; mientras Quirós sostuvo que Ortega “hace uso del mecanismo de premios y castigos en el tema migratorio para que en el futuro —cuando le toque salir huyendo— existan otros que lo protejan, mientras dejan en apuros judiciales en sus respectivos países a sus colaboradores más fieles”.
