25 de julio 2021
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El Ministerio de Gobernación (Migob) solicitó a la Asamblea Nacional la cancelación de la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales (ONG), entre las que se destacan 15 asociaciones médicas, argumentando que supuestamente transgredieron cuatro leyes de la República.
La iniciativa de Decreto de Cancelación de Personerías Jurídicas de las Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro fue presentada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez el pasado 22 de julio y ya se encuentra en la agenda legislativa para ser aprobada el próximo martes 27 de julio. Apenas cinco días después.
En la exposición de motivos, el diputado Rodríguez señala a las ONGs de haber “desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuado contra ley expresa”, obstaculizando de esa manera la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob, que es el ente regulador.
La iniciativa tiene como fundamento un informe que el Migob envió a la Asamblea Nacional, en donde indica que las 24 organizaciones se encuentran “acéfalas”, debido a que sus juntas directivas tienen plazos vencidos. Además, los acusa de no haber reportado “desde hace varios años” sus estados financieros “con desgloses detallados”.
“No han presentado los convenios (donante y ONGs) sobre sus proyectos y actividades, que definan claramente su fuente de financiamiento, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de la fundación”, se lee en el informe enviado a la Asamblea Nacional.
Además, el Migob reclama a las oenegés los documentos de identidad de todos sus donantes y beneficiarios. “No han entregado los documentos de identidad y origen de sus miembros donantes; nombres y apellidos, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta, domicilio y teléfono”, agregan.
"Migob nos daba largas"
Una fuente vinculada a las ONGs amenazadas explicó a CONFIDENCIAL que varias organizaciones o asociaciones "llevaban sus documentos y el Migob siempre alegaba que no podían recibirlos, porque el expediente estaba en digitalización".
Posterior a llevar esos documentos los obligaban a pagar una multa. "Regresabas con la documentación e igual no te recibían, te enviaban a hacer cambios y se repetía por meses", denunció.
"Siempre te mantenían sin darte las certificaciones, para tenerte en el limbo y esperando el momento para aplicarte la ley", manifestó la fuente que prefirió el anonimato por temor a represalias contra su organización.
La fuente manifestó que la Ley de Regulación Agentes Extranjeros, aprobada con el pretexto de normar el financiamiento externo, "la estaban aplicando desde antes que se aprobará" porque siempre que alguien llegaba a entregar documentación "salían con algo nuevo" y no les recibían nada.
"Este modus operandi se ha repetido con las ONGs, mas con las nacionales que con las internacionales", comentó.
Asociaciones médicas son las más afectadas
Entre las ONGs que serán despojadas de personería jurídica se encuentran asociaciones médicas han criticado al régimen por el manejo de la pandemia del coronavirus: Asociación Nicaragüense de Neumología, Asociación Nicaragüense de Diabetología, Asociación Acción Internacional por la Salud Nicaragua, Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación, Asociación Nicaragüense de Infectología, Asociación Nicaragüense para el Estudio y Tratamiento del Dolor.
Otras asociaciones médicas afectadas son: Asociación Nicaragüense de Dermatología, Asociación Nicaragüense de Psicólogos, Asociación Médica Nicaragüense, Asociación Nicaragüense de Climaterio y Menopausia, Asociación Nicaragüense de Nefrología, Asociación pro Ayuda a Enfermos con Insuficiencia Renal Crónica Las Segovias, Asociación Urológica de Nicaragua, Sociedad Nicaragüense de Medicina General, Liga Nacional Contra la Leucemia y el Cáncer en el Niño Julio Cortázar.
También se encuentran en la lista: Club Social de Juigalpa, Asociación Hogar de Esperanza, Asociación Centro de Estudios y Promoción Social, Asociación de Pobladores del Residencial Lomas de Monte Verde, Fundación Piera y Antonio Ferrerio, Asociación Nicaragüense de Fomento Social, Asociación de Padres de Familia y Educadores del Colegio Calasanz, Fundación Siglo XXI, Asociación Nicaragua para Todos y Todos para Nicaragua.
Según el Migob, las 24 ONGs transgredieron la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro; la Normativa del Departamento de Asociaciones para la Regulación y Supervisión de Organismos sin Fines de Lucro; la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y su reglamento.
Mientras tanto, la doctora Josefina Bonilla, presidenta de la Asociación Médica Nicaragüense, y el doctor Roger Pasquier, presidente de la Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación, no respondieron nuestras llamadas y mensajes de texto.
Amenazas a médicos
El Ministerio de Salud (Minsa) citó esta semana a tres médicos independientes para comparecer con “carácter obligatorio” ante la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal de esta institución, donde los cuestionaron por las declaraciones que han dado a los medios de comunicación respecto a la pandemia de covid-19.
Previo a estas citatorias, la vicepresidenta y vocera estatal, Rosario Murillo, amenazó a los médicos independientes que han alertado a la población sobre el rebrote de covid-19. Ante esto varios sanitarios salieron del país o redujeron las entrevistas al respecto.
“En la vida todo se paga y si hacemos daños, el daño nos llegará. No nos expongamos a recibir las consecuencias de nuestras acciones (…) dejen de hacerle daño al pueblo, a la familia, aterrorizando con falsos médicos, con falsos pronósticos, con falsas encuestas, con noticias falsas”, amenazó Murillo en sus monólogos diarios.
Persecución a las ONGs
En mayo pasado varios organismos no gubernamentales denunciaron que el régimen de Daniel Ortega los está "matando suavemente" con la imposición de legislaciones y trámites burocráticos que tienen, como su traba más reciente, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada a mediados de octubre de 2020, en un paquete de leyes punitivas del orteguismo. Así el método de represión usado por las autoridades ha cambiado, porque estas acciones son "más discretas" que los allanamientos de años anteriores.
La suerte de las asociaciones que se atreven a cuestionar al régimen de Nicaragua depende del excesivo burocratismo y el control que ejercen los funcionarios de dos oficinas adjuntas ubicadas en la planta baja del Ministerio de Gobernación (Migob): la de Registro de Agentes Extranjeros y la de Control de los Organismos sin fines de lucro.
Las medidas de Gobernación forman parte de una escalada del Estado en contra los organismos de la sociedad civil, luego que a finales de 2018 el Ejecutivo ordenó la confiscación de las instalaciones de nueve organismos, a los que acusaron de respaldar el “golpe de Estado” como el Gobierno llama oficialmente a las protestas de 2018 que fueron violentamente reprimidas, dejando 328 asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A finales de 2018, Luis Cañas, el viceministro de Gobernación, justificó el cierre de las mencionadas instituciones: “Estaban actuando en contra de los principios que ellos estaban (llamados) a funcionar: actividades fuera de la ley, alteración del orden y realizar actividades que no estaban de acuerdo a sus fines y objetivos por los cuales se les otorgó esa personería jurídica”, dijo a medios oficialistas.
A principios de febrero de 2021, tras la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y PEN Nicaragua describieron el carácter autoritario del régimen de Ortega por lo que decidieron cerrar operaciones.
