Si las sanciones no han logrado resolver la crisis nicaragüense, ¿más sanciones lo lograrán?

Hace unos meses en Managua, me reuní con una figura destacada de la oposición en un exclusivo club frecuentado por críticos del gobierno para reuniones y conferencias de prensa, a menudo bajo la atenta mirada de la Policía. Antes de excusarse para asistir a la graduación de su hija, me dijo que, si el presidente Daniel Ortega ganaba las elecciones a finales de este año, los líderes empresariales deberían olvidar las diferencias del pasado y “sentarse de nuevo con él, no hay otra manera”. El hombre con el que me reuní está ahora en la cárcel, completamente incomunicado y, según informes, sin acceso a la atención médica que requiere. Ha sido acusado de “traición a la patria”. El Gobierno de Ortega nunca dejó de asediar a sus críticos desde las protestas masivas de 2018. Pero ni siquiera en las peores pesadillas de la oposición parecía posible que el Gobierno recurriera a una cacería de brujas más propia de una dictadura militar.

Daniel Ortega, el exguerrillero presidente de Nicaragua de 75 años, inició su más reciente ola de represión en mayo de este año. Después de reafirmar su control sobre las autoridades electorales nicaragüenses y de promover una “contrarreforma” electoral, introdujo un conjunto de leyes represivas destinadas a impedir la participación política de cualquiera que hubiera participado en el levantamiento cívico de 2018 contra su gobierno. En el transcurso de unas semanas, él y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron el arresto de alrededor de 30 opositores de alto nivel, incluidos aspirantes presidenciales, líderes políticos y empresariales y periodistas, adicionalmente abrieron investigaciones contra otros treinta. Se cree que la mayoría se encuentran detenidos en la famosa cárcel El Chipote de Managua, pero sus familiares y abogados no han podido confirmar su paradero. Mientras tanto, la represión está lejos de terminar. Muchos otros políticos, líderes empresariales y periodistas se encuentran escondidos o huyendo. El objetivo de Ortega parece ser sembrar el terror entre sus oponentes, y está teniendo cierto éxito.

El mundo reacciona

La repentina oleada de detenciones volvió a poner a Nicaragua en la mira internacional después de dos años de relativa invisibilidad, principalmente a raíz de la ausencia de protestas masivas, el protagonismo regional del conflicto venezolano y el enfoque global en el COVID-19. La administración Biden, ocupada con una transición turbulenta y un aumento en la llegada de migrantes desde el norte de Centroamérica a su frontera sur, fue tomada por sorpresa. Consciente de las deficiencias en la aplicación de sanciones por parte de la administración Trump como medio para ejercer presión política (que, en el caso de Nicaragua, lejos de obligar a Ortega a hacer concesiones, lo llevó a intensificar su retórica antiimperialista), la Casa Blanca lanzó inicialmente una revisión de la política de sanciones. Sin embargo, Washington no había desarrollado una estrategia alternativa cuando Ortega empezó a encarcelar a sus adversarios.

Las potencias extranjeras, en especial EE. UU. y la UE, se encuentran ahora entre tres opciones: recurrir nuevamente a sanciones selectivas; extenderse a medidas económicas punitivas generales; o intentar que las partes negocien una salida a la crisis. Desde que comenzó la ola de arrestos, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones selectivas, mientras que el Congreso estadounidense y el Parlamento europeo están haciendo llamados cada vez más contundentes para que se revisen los acuerdos de libre comercio con Nicaragua. Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han debatido la difícil situación del país y han condenado enérgicamente los acontecimientos recientes.

El giro contra Ortega en la OEA ha sido particularmente llamativo. Un total de 26 estados, incluidos muchos que suelen estar del lado de Nicaragua o abstenerse de votar en su contra, votaron a favor de una resolución condenatoria aprobada el 15 de junio, dejando al gobierno sandinista casi solo en la organización y abriendo la posibilidad de que se apliquen los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, lo que provocaría la expulsión o suspensión del país de la organización. Mientras tanto, México y Argentina, quienes se abstuvieron de votar dicha resolución, buscan forjar una “tercera vía”, que no implique arrinconar al gobierno de Nicaragua o aceptar sus abusos. Han expresado su preocupación por la ola de detenciones, pero no han firmado declaraciones ni resoluciones multilaterales. Es posible que los dos países pretendan mantener algunos canales abiertos para entablar un diálogo entre Managua y otros gobiernos extranjeros, particularmente EE. UU., a pesar de la aparente reticencia de Ortega a cualquier acercamiento diplomático.

Los argumentos a favor de la presión externa

Hay algo de cierto en el argumento de que “Ortega solo responde a la presión”, lo que respalda los llamados a tomar medidas punitivas más fuertes. Desde el estallido de las protestas masivas de 2018, desencadenadas por una controversial reforma al sistema de seguridad social, Ortega ha entablado conversaciones con los grupos de oposición agrupados bajo la Alianza Cívica solo cuando se sentía particularmente débil o expuesto. Esto sucedió una vez en mayo de 2018, cuando cientos de miles de personas marchaban todos los días en las calles de las principales ciudades del país, y nuevamente a principios de 2019, cuando uno de sus aliados clave, el venezolano Nicolás Maduro, parecía estar a punto de ser derrocado.

Pero desde que finalizó el segundo intento de diálogo, estancado en abril de 2019 por desacuerdos sobre posibles reformas al sistema político y judicial, varias rondas de sanciones selectivas de EE. UU. y la UE, así como contundentes resoluciones de la OEA, no han logrado romper las filas sandinistas. Contra todo pronóstico, la presión externa, si bien ha animado a las fuerzas de oposición en su monitoreo y denuncia de los abusos del gobierno, ha también revelado sorprendentes niveles de cohesión y lealtad a Ortega en los niveles más altos de las fuerzas de seguridad, el poder legislativo y judicial, quienes a menudo lo acompañan en sus apariciones públicas.

Un número cada vez mayor de legisladores estadounidenses y europeos considera que la solución podría ser aumentar el costo de la arremetida autoritaria de Ortega al reconsiderar la participación de Nicaragua en acuerdos de libre comercio. Restringir el comercio sin duda tendría un impacto significativo en la ya debilitada economía del país: 100 000 empleos podrían desaparecer si Nicaragua es expulsada del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE. UU. (CAFTA), lo que se suma a los 200 000 perdidos incluso antes de la pandemia, principalmente como consecuencia de las protestas de 2018 y la consiguiente fuga de inversiones nacionales y extranjeras. Esto probablemente llevaría a miles de nicaragüenses a huir, en primera instancia a la vecina Costa Rica. Pero ese país ya está haciendo frente a casi 100 000 solicitudes de asilo nicaragüenses y sus propias dificultades económicas, lo que podría llevar a muchos a cambiar su destino final. Se prevé que la llegada de nicaragüenses a la frontera de EE. UU. este año sea la mayor de las últimas dos décadas.

Sin embargo, no hay certeza de que esto logre presionar a Ortega para que haga concesiones, al menos antes de las elecciones. La derrota del presidente equivale prácticamente a su extinción política y personal, ya que entregar el poder lo dejaría expuesto a ser judicializado por los abusos cometidos durante la represión de las protestas de 2018. Además, su evaluación de riesgos puede estar influenciada por el hecho de que ya vivió una guerra civil contra grupos armados respaldados por EE. UU., sumada a un embargo comercial, durante la década de 1980: “Piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua. Nicaragua ha pasado períodos mucho más difíciles”, afirmó recientemente el presidente.

Un punto medio

Es probable que ni la fuerza ni el diálogo cambien la estrategia electoral de Ortega, pero no hacer nada invitaría a otros líderes con tendencias autoritarias de la región a seguir sus pasos. En cambio, los gobiernos extranjeros deberían intentar diseñar un enfoque secuencial dirigido hacia dos objetivos: rescatar las elecciones a través del diálogo en la medida de lo posible, y demostrar que acciones represivas similares tendrán consecuencias si la diplomacia no logra que Ortega cambie de rumbo.

Antes de las elecciones, los gobiernos extranjeros deberían persistir en su intento por conseguir un acercamiento con Ortega, utilizando los pocos canales diplomáticos aún abiertos (como los de Argentina y México), y otros que podrían ser creados (por ejemplo, por el Vaticano y los gobiernos cercanos al sandinismo en la región, como Bolivia), para transmitir el mensaje de que solo serán reconocidos los resultados de unas elecciones libres y justas, mientras que unas elecciones cuestionables o fraudulentas incrementarían el aislamiento internacional del gobierno. Al mismo tiempo, algunas medidas punitivas (particularmente las sanciones de EE. UU. y la UE) podrían levantarse paso a paso como recompensa por medidas concretas que Ortega tome para aliviar la represión, comenzando por la liberación de los opositores recientemente arrestados.

Si estos esfuerzos resultan infructuosos, como bien podría ser el caso, EE.UU., la UE y la OEA seguramente se verán presionados para implementar medidas punitivas más fuertes para que Ortega responda por sus acciones, incluidas sanciones económicas o incluso la suspensión de Nicaragua de la OEA. Aun así, EE.UU. y la UE deberían abstenerse de expulsar a Nicaragua de los acuerdos de libre comercio dado su potencial gran impacto en los medios de subsistencia de la población. En cambio, los Gobiernos extranjeros deberían considerar la posibilidad de imponer sanciones a empresas y sectores económicos cercanos al gobierno, calibrándolas para mitigar su impacto humanitario. Invocar la Carta Democrática Interamericana y expulsar a Nicaragua de la OEA también limitaría el acceso del país a préstamos, pero el impacto económico general sería relativamente menor que expulsar a Nicaragua del CAFTA.

Si se aplican sanciones más fuertes, los gobiernos extranjeros también deberían tomar medidas que les permitan prepararse para las consecuencias humanitarias que podrían desencadenar. Y también deberían en todo momento mantener abiertos los canales diplomáticos y diseñar una hoja de ruta para levantar las medidas punitivas en caso de que el gobierno de Ortega decida retroceder y relajar su control opresivo sobre la sociedad nicaragüense. La posibilidad de que esto ocurra puede ser remota. Pero confiar en que sanciones más severas puedan obtener resultados por sí solas, y en ausencia de una equivalente cohesión y presión opositora interna, puede ser aún más descabellado.

*Analista en el International Crisis Group. Publicado originalmente en www.TheGlobalAmericans.org y reproducido con autorización del autor.