22 de julio 2021
Lesbia Alfaro y Heydi Meza, madres de los presos políticos Lesther Alemán y Max Jerez, respectivamente, denunciaron que sus hijos ya cumplieron más de dos semanas “secuestrados” y las autoridades de la Policía continúan negando información sobre el estado de salud de ambos jóvenes y no les permiten ninguna visita.
“Ya son 15 días desde que mi hijo fue secuestrado injustamente, sin embargo, estamos como al principio porque no nos dejan razón de ellos, no nos han dejado verlos. Estamos desesperadas como madres”, denunció Meza, entre lágrimas, durante una conferencia de prensa, convocada por la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), de la que ambos jóvenes son integrantes.
La mamá de Lesther Alemán respaldó las palabras de Meza expresando que hasta ahora no han recibido razón alguna y “cada vez que pregunto, cada día que voy… les digo que quiero saber de él y me dicen que no, que no tienen razón alguna”.
Alfaro afirmó que está “desesperada” por la falta de información de las autoridades policiales, pues señaló que ese silencio las hace pensar “lo peor”.
“Violentan los derechos de ellos y el de nosotros como madres, independientemente que los tengan secuestrados, nosotros tenemos derechos de saber cómo están nuestros hijos”, reclamó.
La madre de Jerez añadió que su principal deseo es “verlos y saber que están bien”, porque ambos son “inocentes de todo ese rosario de acusaciones que les hacen”.
La Policía señala a Jerez y Alemán de ser supuestos “cabecillas de tomas y destrucción de centros de estudios, como la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua)”. También se les acusa de cometer “delitos de robo con intimidación, secuestros, lesiones graves, violaciones, extorsiones, destrucción y daños múltiples durante el fallido intento de golpe de Estado en el 2018”, calificativo que ha impuesto el régimen orteguista a las masivas manifestaciones que se desataron en Nicaragua como parte de las demandas populares de democracia, justicia, libertad y un cambio de Gobierno.
Nuevo Chipote no recibe alimentos
Las madres de ambos líderes estudiantiles también denunciaron que las autoridades de la Policía siguen sin recibir alimentos para Jerez y Alemán. Alfaro mencionó que en estos 15 días consecutivos que se ha presentado en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como "el Nuevo Chipote", los policías del lugar solo les reciben agua y, en algunas ocasiones, productos de higiene personal.
Las madres temen que ambos jóvenes, reconocidos por su participación en la organización juvenil opositora AUN, que a su vez es integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, estén pasando hambre y se encuentren mal de salud.
Además urgieron a la comunidad internacional “más presión” para que como madres puedan ver a sus hijos y conocer su estado de salud, pues desde que fueron “secuestrados”, el pasado 5 de julio, no han podido verlos. Jerez estaban en una casa de seguridad y Alemán en la vivienda de su madre.
Las madres explicaron que la tarde de este miércoles tendrían una reunión con los abogados que les llevan los casos para contemplar todas las posibilidades para lograr saber cómo se encuentran ambos jóvenes. A su vez, mencionaron que están en conversaciones con organizaciones internacionales para que haya pronunciamiento y presión para que puedan “tener acceso” a sus hijos y para que se continúe denunciando las violaciones a los derechos humanos que el régimen de Daniel Ortega está ejecutando en ambos procesos.
Alfaro y Meza aseguran que confían en la presión internacional y en los comicios electorales -programados para noviembre próximo- como una vía para lograr libertad para Nicaragua y la libertad para todos los presos políticos. No obstante, rescataron la importancia de la participación ciudadana, invitando a la población nicaragüense a salir masivamente a votar, a verificarse y que no permitan un nuevo fraude electoral.
El régimen de Ortega --previo a los comicios generales-- ha desatado una ola de detenciones contra los principales opositores, activistas, líderes sociales y campesinos, además de seis precandidatos presidenciales.
En los últimos dos meses se ha registrado la detención de 26 nuevos presos políticos, investigados en su mayoría en el marco de la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, por supuestamente “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares”.