19 de julio 2021
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) requirió al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de Daisy Tamara Dávila Rivas, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y que además adopte medidas para proteger la integridad de su núcleo familiar. Con Dávila suman cinco nicaragüenses, de los 26 rehenes electorales del régimen orteguista, sobre los que la Corte ha ordenado su libertad, sin que el Estado acate sus resoluciones.
El caso de Dávila es parte de una ampliación de las medidas provisionales otorgadas a los opositores Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Maradiaga Blandón y Violeta Granera Padilla. La Corte también ordenó que fueran liberados desde el pasado 24 de junio, pero siguen encarcelados e incomunicados con sus familiares y abogados.
El tribunal interamericano explica que la captura de Dávila ha “estado precedida de actos de estigmatización y amedrentamiento, siendo la detención en sí misma la muestra más extrema de este proceso de hostigamiento y persecución”, pero además, se produjo en “ausencia del estricto respeto de la legislación nacional y en contravención con los estándares interamericanos en la materia”, indica la resolución.
Agrega que el apresamiento de Dávila se enmarca en contexto de “hostigamiento a la oposición política en Nicaragua”. Asimismo, ve con preocupación que el Estado no ha proporcionado información oficial sobre el paradero y las condiciones de detención de la opositora, que también goza de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dávila -al igual que otros 23 rehenes políticos- solo ha tenido acceso a líquidos, pese a que requiere medicación y dieta especial, señala la resolución. Los familiares de los 26 rehenes electorales han denunciado que no les permiten visitar a sus familiares, no dejan que les entreguen alimentos y en muchas ocasiones reciben malos tratos por parte de los policías. Temen por el estado de salud de los presos de conciencia porque muchos de ellos padecen enfermedades crónicas y necesitan medicinas especiales.
"Se puede inferir la configuración de elementos que reflejan una situación de extrema gravedad y urgencia, con la posibilidad razonable de que continúen materializándose daños irreparables en contra de la señora Dávila Rivas y su núcleo familiar. De igual manera, la Corte nota que los hechos denunciados mantienen una conexión fáctica con las medidas provisionales otorgadas el 24 de junio de 2021, toda vez que se enmarcan en el mismo contexto", se lee en el documento.
La Corte requirió que el Estado nicaragüense informe a más tardar el 30 de julio sobre el cumplimiento de las medidas relacionadas a Dávila y su núcleo familiar, pero, también deberá incluir el estado del cumplimiento de las medidas a favor de los otros cuatro opositores, que ordenó fueran liberados.
La resolución anterior orientó que el Estado debía informar a la Corte sobre el cumplimiento de las medidas orientadas a más tardar el 8 de julio pasado, y también presentar un informe periódico mensual sobre la adopción de las medidas conforme a la resolución.
En una entrevista con Esta Noche, la especialista en derecho penal, Dra. María Asunción Moreno, explicó que Nicaragua es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por lo tanto, está obligado a cumplir todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las resoluciones y sentencias de la Corte son vinculantes para Nicaragua.
Sin embargo, el régimen orteguista sigue sin cumplir la primera resolución. De esa forma, el mensaje que el régimen envía a la comunidad internacional es que no va a cumplir con sus obligaciones y eso va a repercutir, en que sea parte del Sistema Interamericano, y de la Organización de Estados Americanos, explicó en esa ocasión Moreno.
