16 de julio 2021
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Las amenazas estatales contra el gremio médico nicaragüense —que ha alertado sobre el incremento de casos de covid-19—, ha provocado el exilio y la autocensura de algunos sanitarios, quienes temen los arresten o suspendan sus licencias.
“Hemos conocido de muchos médicos que han tenido que salir del país o han tenido que dejar de ejercer su profesión para no ser víctima de una agresión, entonces esto ya es una escalada más grave porque aquí ya no se puede ni siquiera defender la vida”, lamenta Vilma Nuñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), uno de los pocos espacios de derechos humanos que quedan en el país.
Durante toda la pandemia, las agrupaciones de médicos independientes y el Observatorio Ciudadano COVID-19, son los únicos que han alertado sobre los picos epidémicos del SAR-CoV-2. Sin embargo, en las últimas dos semanas, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, ha lanzado ataques en contra de los sanitarios.
“En la vida todo se paga y si hacemos daños, el daño nos llegará. No nos expongamos a recibir las consecuencias de nuestras acciones (...) dejen de hacerle daño al pueblo, a la familia, aterrorizando con falsos médicos, con falsos pronósticos, con falsas encuestas, con noticias falsas”, amenazó Murillo en sus monólogos diarios.
Estas amenazas fueron propagadas en redes sociales por los simpatizantes del régimen, quienes ya sugirieron la suspensión de licencia médica de algunos sanitarios. Esto, sumado a la escalada represiva en la cual han arrestado a 26 opositores, detonó la autocensura y el exilio del personal de Salud.
“El incremento de casos es real. Todos los días recibimos personas y familias enteras con síntomas de la covid-19; pero muchos preferimos ya no dar declaraciones por nuestra seguridad”, explicó a CONFIDENCIAL una fuente médica que pidió no revelar su identidad.
Amenazas buscan ocultar impacto de la covid-19
Ante este escenario hostil, la Unidad Médica Nicaragüense cerró temporalmente sus oficinas, en las que brindaban atención a familiares de presos políticos y ciudadanos con síntomas de covid-19 que temían asistir a unidades de salud pública.
El Observatorio Ciudadano, que realiza un monitoreo independiente sobre los contagios y muertes sospechosas de la covid-19, admitió una pérdida en la capacidad de recolección de datos, por las amenazas.
“Nuestras redes se han visto afectadas por la percepción de incertidumbre e inseguridad que vive la sociedad nicaragüense. Si bien nuestro único objetivo es contribuir a la protección de la población contra el virus, nuestras demandas de información sobre el comportamiento real de la pandemia, pueden resultar incómodas”, señalan los miembros de este equipo.
La información revelada por estas fuentes independientes ha sido clave para conocer el avance real de la pandemia. Ellas también sirven de referencia a organismos internacionales porque la información compartida oficialmente es escasa y no permite hacer análisis epidemiológicos, explicó la OPS.
El Gobierno de Ortega estableció, desde hace un año, acuerdos con organismos multilaterales para revelar información sobre las muestras de covid-19 procesadas, la cantidad de estas que dieron negativas y positivas, la edad, sexo y procedencia de los casos confirmados, el acumulado de los contagios y fallecidos, y la tasa de letalidad. Sin embargo, no ha cumplido.
“Están poniendo en riesgo el derecho a la vida”
Al incrementar el hermetismo sobre el avance de la pandemia, el Gobierno estaría violando varios derechos fundamentales para la población, opina Núñez, principalmente los derechos a la salud y a la vida.
“Se podría decir que están violando el derecho a la vida por omisión, porque están llevando a la muerte a la gente, porque no tienen las posibilidades de brindar atención adecuada y de igual forma impiden que los médicos atiendan, impiden que los medios informen sobre los riesgos, los focos, el avance del virus en diferentes lugares y eso es parte de la defensa del derecho a la vida”, explica.
Asimismo, agrega, se viola el derecho de los medios de comunicación de acceder a la información y el derecho de los nicaragüenses a estar informados sobre el avance de la pandemia. A pesar del rebrote de covid-19 ni el Ministerio de Salud (Minsa) ni el Gobierno han hecho una alerta sanitaria, más bien Murillo redireccionó hacia la población la responsabilidad del cuido ante el virus.
“Tener al gremio médico aterrorizado, eso nunca lo había visto. Además están cometiendo un engaño al sistema internacional, no les dicen la verdad, no los dejan entrar. Solo les gusta recibir el apoyo”, lamenta Núñez.
En paralelo a este incremento de censura, los contagios y fallecimientos en el personal sanitario por la covid-19 incrementan. Según datos del Observatorio Ciudadano las muertes se triplicaron. En abril hubo un total de cuatro fallecimientos en el gremio que incluyeron el deceso de dos médicos. Para junio de 2021 las muertes fueron ocho, de las que seis fueron de médicos. Mientras en julio, ocho sanitarios fallecieron con síntomas de covid-19 y esta semana se reportaron dos más y 33 nuevos contagios.
