16 de julio 2021
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SAN JOSÉ, COSTA RICA-. La dirigente juvenil Yarithza Mairena nunca pensó exiliarse de Nicaragua. El exilio no era una opción a pesar del peligro que corrió cuando se involucró en las protestas contra el Gobierno en 2018, ni cuando fue encarcelada por el régimen de Ortega durante seis meses —entre 2018 y 2019—, tampoco por el constante asedio policial con el que convivía. Sin embargo, el pasado primero de julio tuvo que salir hacia Costa Rica, para resguardar su libertad.
La excarcelada política se ha dedicado de lleno al activismo de derechos humanos desde la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN), que conformó con decenas de exreos políticos. “Desde la UPPN estábamos llevando a cabo un proceso de construcción de memoria y justicia, recopilación de testimonios, fortalecimiento organizacional. Eso llamó la atención de agentes policiales. Llegó uno a la casa de mi mamá a decirle verbalmente que tenía que presentarme a la Estación 7 de la Policía”, narra.
Desde que fue excarcelada, en marzo de 2019, Mairena tuvo que cambiarse siete veces de casa por el asedio policial y de paramilitares. No tuvo otra opción más que marcharse, especialmente al ver que la represión estatal arreció en junio, cuando el régimen encarceló a 26 opositores a solo cinco meses de la elección presidencial.
La excarcelada política Yaritzha Mairena (derecha) en 2019, cuando asistió a una misa por los presos políticos liberados. Salió al exilio en Costa Rica tras el incremento de la represión estatal en Nicaragua. Foto Archivo/ Carlos Herrera/ Confidencial
Mairena es una de los 13 515 nicaragüenses que, durante 2021, han pedido asilo en las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, según datos recopilados hasta el pasado martes 13 de julio.
Según las cifras oficiales, en junio se triplicó el número de aplicaciones de nicaragüenses. Entre enero y mayo pasado, hubo un promedio de 1300 solicitudes mensuales, solo en junio fueron 4378.
Este aumento de solicitudes coincide con el incremento de la represión estatal en Nicaragua en las últimas semanas al que se refiere Mairena. A ello se le suma la incertidumbre social y económica a cuatro meses de una elección sin condiciones mínimas democráticas.
Carmen Castro, originaria de Jinotega, salió en septiembre de 2020 y solicitó refugio en Costa Rica. En junio de este año se le ha sumado su hija mayor y su esposo. Los tres salieron del país por temor y por la situación económica. “Aunque uno no quiera involucrarse, lo involucran a la fuerza”, dice la nicaragüense, refiriéndose a presiones de simpatizantes del Gobierno.
Recuerda cómo en la época de la guerra civil de los años 80 su padre desapareció y culpa “al sandinismo”, ahora, asegura, teme que empiece a pasar lo mismo y desaparezcan personas de su comunidad. “Que lo desaparezcan a uno como los están desapareciendo en las ciudades, los echan presos y les hacen groserías, ese es el miedo que a uno le da”.
En eso coincide otra nicaragüense que prefirió omitir su nombre por seguridad y que también pidió refugio en Costa Rica en junio. A pesar de que ni ella ni su familia se involucraron directamente en política, tras las protestas de 2018 el ambiente se tornó hostil en el lugar donde vivía y los vecinos desconfiaban los unos de los otros.
“La situación socioeconómica va de mal en peor y con la elección de noviembre hay una incertidumbre, nos hace pensar que puede pasar algo”, añade la solicitante de refugio.
Castro tampoco tiene esperanza de que mejore la situación durante ni después de las elecciones de noviembre próximo. Cree que el régimen de Ortega continuará en el poder, por lo que no retornará pronto.
“Si fuera un buen Gobierno no anduviéramos rodando aquí en Costa Rica, pero uno anda por necesidad”, agrega.
Salen por razones mixtas
Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Impunidad establecido en Costa Rica, confirma este aumento en el flujo de nicaragüenses que llegan a Costa Rica.
Explica que este incremento obedece a razones mixtas: por la situación económica del país, por la alta inestabilidad previo a la elección general de noviembre, por el peligro al que están expuestos defensores de derechos humanos, abogados penalistas, activistas, excarcelados, familiares de asesinados, víctimas, universitarios, empresarios.
“La represión está a todos los niveles y manda un mensaje al resto de la población de que hay que silenciarse”, apunta la defensora de derechos humanos.
“Estamos recibiendo denuncias por parte de personas que están ingresando, también documentamos las razones por las que salieron de Nicaragua. Se han venido personas que fueron amenazadas y hostigadas, como exreos políticos, pero principalmente periodistas que fueron citados por el Ministerio Público”, señala.
Decenas de periodistas han sido intimidados al acudir a dichas citatorias como parte de las supuestas investigaciones en torno a la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la defensa de la libertad de prensa.
La Fiscalía, controlada por el régimen Ortega Murillo, señala a la Fundación y a su expresidenta Cristiana Chamorro, de lavado de dinero. Chamorro, también aspirante presidencial, lleva más de 40 días bajo arresto domiciliario y forma parte de la lista de 26 detenidos en las últimas semanas, la que incluye a otros precandidatos presidenciales, líderes políticos opositores, empresarios y periodistas.
El Colectivo da acompañamiento a ocho periodistas en su proceso de solicitud de refugio, pero sabe de la existencia de más casos que aún no presentan su petición, por lo que considera que el aumento de solicitudes podría mantenerse para el mes de julio.
Maricela Hinkelammert, encargada de incidencia del Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (Cenderos), comenta que en todo 2021 ha visto un flujo migratorio constante de población rural nicaragüense, sobre todo en la zona norte de Costa Rica.
“Siguen viniendo campesinos de Nueva Guinea, El Almendro... grupos familiares, parejas, mujeres, hombres entre los 20 y 40 años, mujeres solas con hijos, y lo que manifiestan es que salen de Nicaragua por persecución, porque sus familias reciben amenazas y hostigamiento de simpatizantes del Gobierno. Los identifican que están en contra del Gobierno, entonces sus simpatizantes y la Policía empiezan a hostigarlos”, relata.
El total de solicitudes presentadas por nicaragüenses en 2021 ya supera las 9416 que nicas presentaron en todo 2020 en Costa Rica, un año marcado por la pandemia y el cierre de la fronteras costarricenses.
Desde 2018 hasta el pasado martes, 77 818 nicaragüenses han formalizado su solicitud ante la Unidad de Refugio. Ese número representa el 80% de un total de 96 582 peticiones que debe tramitar la institución costarricense.
Yaritzha Mairena ya está dando seguimiento a su aplicación para obtener la condición de refugiada. Sabe que debe quedarse por un tiempo en Costa Rica.
Para volver a Nicaragua espera “el fin de la dictadura o al menos que haya una correlación de fuerzas que permita organizarnos, porque en las circunstancias actuales no podemos ni organizarnos como víctimas”.
Mairena reporta que otros excarcelados políticos de la UPPN también salieron del país y otros están en planes de hacerlo. Muchos sintieron temor al ver la recaptura de excarcelados políticos en el último mes, como el caso del periodista y aspirante presidencial Miguel Mora y los líderes del Movimiento Campesino Medardo Mairena, Freddy Navas y Pedro Mena, que habían sido excarcelados en 2019, pero que fueron detenidos nuevamente en las últimas semanas.
“Para mí es increíble vivir esta situación, nunca consideré el exilio. Hasta hace menos de un mes me resigné a la idea de que tenía que vivir en otro país para sobrevivir y sanar un poco todo lo que he vivido y descansar, dormir sin miedo a que llegue la Policía en cualquier momento, sin temor a salir a la calle... es un gran desgaste emocional y físico”, lamenta.
