15 de julio 2021
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La escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha incluido a la prensa independiente del país, lo que ha producido en las últimas semanas el exilio de al menos una veintena de periodistas, según un monitoreo de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
Julio López, periodista de Onda Local; David Quintana, de Boletín Ecológico; y Sergio Marín, de La Mesa Redonda, son tres comunicadores obligados a salir del país para preservar su libertad.
“Hemos sido declarados enemigos por hacer periodismo”, afirma Marín, desde Costa Rica.
El segundo allanamiento de los estudios de Confidencial y Esta Semana el 20 de mayo de 2021, fue el inicio de una nueva ola de persecución y criminalización contra periodistas. Desde entonces, decenas de reporteros y editores han sido citados por la Fiscalía, en calidad de testigos en una investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), por el presunto delito de “lavado de dinero”.
Algunos periodistas citados han sido amenazados con la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, mientras el cronista deportivo y bloguero, Miguel Mendoza, fue arrestado arbitrariamente por opinar en las redes sociales.
La criminalización de la labor periodística en Nicaragua ha sido catalogada como un intento de imponer un “apagón informativo” por parte del régimen, según un reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que registra 44 denuncias sobre violaciones a la libertad de prensa durante junio.
Amenazas y hostigamientos
Marín salió al exilio tras las amenazas de cárcel en su contra. El director del programa La Mesa Redonda, fue circulado en un video como directivo del movimiento político “Unamos”, antes conocido como Movimiento Renovador Sandinistas (MRS), cuyos directivos y exdirectivos —seis de ellos—, fueron secuestrados y continúan recluidos bajo total aislamiento.
“Yo nunca he sido parte de ese partido, ni de ninguna otra agrupación política en los últimos 20 años”, asegura.
En la misma fecha, llamaron a una “entrevista” en la Fiscalía a un invitado permanente de su programa, a quien dirigieron preguntas para inculpar a Marín por su trabajo periodístico. “La situación para mí en Nicaragua ya era insostenible”, lamenta.
Periodistas fueron agredidos mientras daban cobertura al allanamiento de la precandidata presidencial, Cristiana Chamorro. Foto: Nayira Valenzuela
La noche del 21 de junio, David Quintana se dio cuenta del peligro que corría si no se ponía en resguardo. Ese día fue capturado Miguel Mendoza, crítico de la represión en las redes sociales. Días antes, el periodista fue circulado en un cartel de propaganda sandinista como próximo candidato a ser arrestado junto al cronista deportivo.
“No tiene sentido estar preso. Los nicaragüenses necesitan a sus periodistas independientes en libertad para seguir informando”, dice Quintana.
El 22 de junio, Julio López se disponía a viajar a Costa Rica para participar en una actividad particular, pero las autoridades de Migración le impidieron salir del país, cuando se encontraba en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Antes de ese momento, el periodista radial no había contemplado exiliarse. “En ese momento decidí que tenía que salir de Nicaragua porque mi condición de seguridad estaba en peligro”.
A López no le explicaron porque tenía restricción migratoria, pero pasaron pocos minutos, cuando a la casa de su mamá llegó una notificación para comparecer ante el Ministerio Público como testigo, en el caso en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
López fue ganador en tres ocasiones del Premio a la Excelencia Periodística Pedro Joaquín Chamorro, que entregó en 15 ediciones la extinta fundación. También participó en talleres de profesionalización del oficio. “Mi relación con la Fundación ha sido totalmente transparente y pública. En algún momento fui beneficiado con una beca periodística, y eso no es ningún delito, aquí y en ninguna parte del mundo”, cuestiona.
Para López, la partidización de las instituciones públicas, como la Fiscalía, vulnera los derechos de cualquier ciudadano. “No hay garantía de que respeten tus derechos, ni como testigo de un caso, ni como investigado”.
El discurso de odio oficial
La semana pasada, la vicepresidenta Rosario Murillo advirtió a los periodistas independientes de estar publicando “noticias falsas” sobre temas de Salud, con información de “falsos médicos y con falsos pronósticos”, y los amenazó con ser castigados con la Ley Especial de Ciberdelitos.
La embestida del Gobierno por lograr la completa censura y autocensura de parte de los ciudadanos, va desde la estigmatización, la judicialización, persecución, amenazas y hostigamientos de periodistas que dan cobertura a la noticia en la calle, según los comunicadores.
Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo recientemente que en Nicaragua “hay hostigamiento al periodismo independiente”.
“En Nicaragua no ha cesado la represión, se ha silenciado todo, y esto lleva a que la situación de Nicaragua sea una de las más preocupantes en todo el continente”, manifestó.
Urrejola insistió que “no se respira en Nicaragua, esa es la verdad, no se respira en términos democráticos y del debate público, porque cualquier voz que sobresalga está siendo hostigada, encarcelada o tiene que irse”.
Desde abril de 2018, Quintana ha sufrido agresiones físicas, robos de equipos, y hasta un juicio por presuntos cargos de calumnias. Pero a lo que el periodista más le teme, es al fanatismo de las filas del FSLN, alimentado por un discurso de odio oficial. “¿Qué se puede esperar de la represión que hay? De todo”.
Desafíos del periodismo
Al discurso de odio, y a la represión, López propone responder con el fortalecimiento permanente de la calidad periodística, hacer frente a las noticias falsas y vencer el cerco de la censura. “La principal fábrica de noticias falsas en Nicaragua proviene del discurso oficial”.
La resistencia también va de la mano con el resguardo. “Necesitamos estar libres para seguir informando”, afirma Quintana.
“No tenemos que estar en Nicaragua para seguir informando. La gente, en sus casas y oficinas, toman un celular y pueden ver las informaciones de los medios que el régimen no ha logrado acallar… Eso no lo impedirá el régimen”, asegura Marín.
