12 de julio 2021
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La Administración estadounidense de Joe Biden anunció este lunes restricciones de visa a 100 funcionarios de Nicaragua, entre miembros de la Asamblea Nacional, fiscales, jueces y algunos de sus familiares, anunció el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken.
We have imposed visa restrictions on 100 members of Nicaragua’s National Assembly, prosecutors, judges, and their family members who advanced the Ortega-Murillo regime’s assault on democracy. We will continue to use economic and diplomatic tools to support Nicaraguan democracy.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 12, 2021
El jefe de la diplomacia estadounidense explicó en un tuit que la decisión se ha tomado con aquellos que impulsaron el “asalto del régimen de Ortega-Murillo a la democracia. Continuaremos utilizando herramientas económicas y diplomáticas para apoyar la democracia nicaragüense”.
En un comunicado, el Departamento de Estado justificó que la medida se tomó contra “los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos y los miembros de la familia inmediata de dichas personas”.
El Gobierno de EE. UU. señaló a estos 100 funcionarios de ayudar al régimen a través del “arresto” de 26 opositores políticos; la aprobación de “leyes represivas” —Ley de Ciberdelitos, Ley de agentes extranjeros, Ley de Soberanía y una reforma electoral—, “que han servido para restringir y criminalizar el discurso, la disidencia y la participación política”.
Además hostigar y silenciar “a la sociedad civil y los medios independientes”; y socavar “las instituciones y procesos democráticos en Nicaragua”.
“Estas revocaciones de visas demuestran que Estados Unidos promoverá la rendición de cuentas no solo de los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los ataques del régimen a la democracia y los derechos humanos”, según el comunicado.
Segunda medida, tras sanciones
Se trata de la segunda medida de gran calado tomada por el Ejecutivo demócrata contra la Administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, justo cuando el país centroamericano vive una grave crisis de derechos humanos a consecuencia de la escalada de la represión, ejecutada por funcionarios del sistema de justicia, bajo control del caudillo sandinista.
Desde finales de mayo, el régimen aumentó su intimidación contra el periodismo y contra líderes opositores. Hasta ahora han sido detenidos 26. Seis de ellos son aspirantes a la presidencia en los comicios previstos para noviembre próximo, pero también hay representantes estudiantiles, campesinos y empresariales.
La suspensión de las visas sigue a las sanciones impuestas el pasado nueve de junio a la hija de Ortega, Camila, asesora presidencial; al jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro; y al presidente del Banco Central Ovidio Reyes, lo que mereció en su momento el rechazo de las autoridades locales. Pero ocurren, sobre todo, cuando hay una demanda internacional para la celebración de comicios libres, a los que la dictadura se ha rehusado.
En sentido contrario a la petición de comicios verdaderos, el sistema de justicia afín al FSLN ha encarcelado a opositores bajo el argumento de investigarlos por supuesta traición a la patria en el marco de la Ley 1055, de reciente implementación, y que castiga a aquellos que aplaudan las sanciones impuestas por la comunidad internacional.
La crisis de derechos humanos se recrudeció en Nicaragua desde abril de 2018, cuando las protestas pacíficas realizadas por ciudadanos contra Ortega fueron violentamente reprimidas, lo que dejó un saldo de 328 asesinados y dos mil heridos según informes de organismos internacionales de derechos humanos que incluso advirtieron de la comisión de delitos de lesa humanidad.
