7 de julio 2021
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La Policía Nacional, la Fiscalía General de la República, los jueces y el Sistema Penitenciario Nacional son "piezas clave" del esquema "represivo y violador de derechos humanos” que implementa el régimen orteguista, sostiene un informe del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race & Equality), presentado este miércoles, con el título “Nicaragua, una crisis de derechos humanos sin resolver”, en el que analiza las detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías y persecución política entre abril de 2018 y enero de 2020, en Nicaragua.
El informe señala que entidades del Ministerio de Gobernación (Migob) como la Policía y el Sistema Penitenciario, el Ministerio Público y el Poder Judicial “han ejercido un rol determinante en las detenciones, acusaciones y enjuiciamientos contra los presos políticos”.
A la Policía Nacional --según el Instituto-- se le atribuye el rol de ejecutar acciones represivas que incluyen la detención de ciudadanos, asedios, ataque a manifestaciones, levantamiento violento de tranques colocados a manera de protesta, uso de armamento de guerra, malos tratos, torturas físicas y psicológicas, allanamientos y detenciones masivas, destrucción de bienes privados, autoincriminación de los reos políticos, negación de asistencia médica y de alimentos a las personas detenidas por motivos políticos y violación del derecho a comunicarse o a ser representados por un abogado.
Además, fueron señalados de coaccionar a familiares de víctimas fatales de la represión orteguista para que firmaran “un documento de desistimiento en el que aceptaban no ejercer ningún tipo de acción penal contra agentes policiales o partidarios del Frente Sandinista… y de realizar cualquier autopsia a los cuerpos de las víctimas fallecidas… impidiéndoles el acceso a la justicia”.
“Las acciones cometidas directamente por la Policía Nacional y por los civiles armados que actuaron con la aquiescencia del Estado, constituyen graves violaciones a los derechos humanos”, destaca el informe.
La Policía y el Sistema Penitenciario también son señalados de “desobedecer los mandatos judiciales que les obligaban a presentar a la persona detenida ante un juez y brindar información sobre esta”. Cabe señalar que, dicha situación actualmente ha sido denunciada por familiares de 21 rehenes electorales del régimen de Ortega.
Irregularidades del Ministerio Público y el Poder Judicial
Según Race & Equality, desde abril de 2018 hasta el 13 de febrero de 2020 “el Estado de Nicaragua apresó a 657 personas consideradas presas y presos políticos”, adicionalmente registró los casos de 92 personas que indican “no fueron presentadas ante la autoridad judicial competente” y el de 361 ciudadanos contra los que la Fiscalía “ejerció acción penal”, pero que “no fueron detenidos al momento de la formulación de la acusación y contra quienes se emitieron órdenes de allanamiento y detención que no se han ejecutado”.
En total, explicó, al 13 de febrero de 2020 había “926 personas acusadas por motivos políticos en las 279 causas penales analizadas. De estas, 565 personas enfrentaron procesos en prisión y 361 personas fueron acusadas sin ser detenidas”.
Actualmente, según organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua, el régimen orteguista tiene más de 130 presos políticos en las diferentes cárceles de Nicaragua.
El Instituto determinó que la población más afectada por “la represión y criminalización han sido los líderes sociales opositores al Gobierno, entre ellos, estudiantes, obreros, campesinos, indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, así como personas afrodescendientes y LGBTI”.
El informe destaca que los procesos judiciales contra los presos políticos desde sus inicios presentaron “numerosas irregularidades” que van desde “detenciones ilegales contra los manifestantes, la violación sistemática al principio de publicidad, el derecho a la defensa, el derecho a juez natural, el principio de presunción de inocencia y la eliminación de las pruebas presentadas en favor de los procesados.
También mencionaron irregularidades sobre el "vencimiento de plazos procesales y la actuación coordinada de los operadores de justicia dispuestos a condenarles sin respetar ningún tipo de garantía judicial y como parte de la represión dirigida por el Gobierno”.
Jueces y autoridades del Ministerio Público son señalados de ejercer un rol determinante en la aplicación “abusiva y excesiva” de la Ley 952, a través de la cual “garantizaron la competencia para conducir los procesos penales en Managua, cuando dichos juicios debieron ser tramitados por los jueces de los distintos departamentos del país en donde se presumía cometido el supuesto ilícito”.
Además, se les acusa de haber ejercido prácticas que “derivaron en la violación del principio de inmediación de la prueba” y “ejecutar la confiscación de bienes, tanto personales como inmuebles (como en el caso del Canal 100% Noticias), la inmovilización de cuentas bancarias, registrales y mercantiles de las y los presos políticos, que no fueron devueltos con posterioridad a su liberación”.
El informe denuncia que el Ministerio Público “formuló acusaciones arbitrarias, imputando tipos penales que no se adecúan a los hechos ilícitos, con el fin de justificar las detenciones, medidas de prisión preventiva y duplicidad de los plazos, utilizando testigos sesgados entre los cuales se hallan: policías, trabajadores de las entidades públicas y alcaldías en poder del FSLN, médicos forenses, peritos del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses y simpatizantes del partido de gobierno”.
Por otro lado, indica que los jueces "violentaron de forma sistemática los derechos humanos de las personas presas políticas, por haberles mantenido en prisión preventiva por periodos mayores a seis meses y hasta un año sin realizarles juicio oral y público en clara violación al debido proceso y al derecho a ser juzgado sin dilaciones”.
El Instituto señaló que logró constatar que “las autoridades de la Policía, Ministerio Público, del Poder Judicial y del Sistema Penitenciario Nacional impulsaron estos arbitrarios y violaciones de derechos humanos casos con una clara motivación política en beneficio del Frente Sandinista”.
“Todos actuaron conforme a las órdenes que recibían del Poder Ejecutivo para la tramitación arbitraria de los casos”, concluyen.
