5 de julio 2021
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Familiares de 14 de los 21 detenidos en las últimas semanas se presentaron este lunes a la Dirección de Auxilio Judicial para introducir un escrito en el que exigieron que las autoridades permitan a sus parientes visita familiar, comunicación con sus abogados, ingreso de alimentación sólida, atención médica especializada y respeto pleno de todos sus derechos humanos. Sin embargo, funcionarios de la Policía se negaron a recibir el documento.
Los parientes denunciaron la negativa policial y destacaron que sus familiares detenidos ya han pasado entre 39 y 10 días “secuestrados”, “detenidos sin que se sepa su paradero” y “sin poder recibir una visita familiar”.
“Venimos acá (a la Dirección de Auxilio Judicial) y nadie nos quiere recibir nada. Hicimos un esfuerzo conjunto como familiares para demandar que se nos garantice el derecho a la visita, pero nadie nos quiso recibir”, denunció Ana Lucía Álvarez Vijil, sobrina de Ana Margarita Vijil, activista política que fue detenida el pasado 13 de junio junto con la exguerrilla y socióloga Dora María Téllez.
El documento fue firmado por familiares de Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyén Barahona Cuan, Daysi Tamara Dávila Rivas, Dora María Téllez Argüello, Violeta Mercedes Granera Padilla, Walter Antonio Gómez Silva y Juan Sebastián Chamorro.
También lo suscribieron los parientes de Miguel Ángel Mendoza Urbina, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, Miguel de los Ángeles Mora Barberena, José Bernard Pallais Arana, Víctor Hugo Tinoco Fonseca, Marcos Antonio Fletes Casco y Pedro Joaquín Chamorro Barrios.
Los firmantes concuerdan en que “no se quedarán de brazos cruzados hasta conseguir la libertad de todos los presos políticos”. Además, dijeron temer por la salud de sus familiares, por el tipo de trato que les puedan estar dando los funcionarios de la Policía y por la falta de garantías procesales a las que están expuestos, pues denuncian que los abogados defensores no han podido tener entrevista con detenidos y tampoco se les acepta los recursos en instituciones del Estado que -en teoría- están para defender y garantizar los derechos de los nicaragüenses.
Sin alimentos
Después de 22 días de la detención del general en retiro Hugo Torres, personas allegadas a la familia relataron a CONFIDENCIAL el drama que se está viviendo porque no han logrado verlo desde que fue secuestrado por la Policía en su casa de habitación el pasado 13 de junio.
Inicialmente, la Policía permitió que los familiares enviaran nueces y algunos artículos de limpieza para los detenidos, pero posteriormente impidió eso y a veces solo reciben agua para pasarles, dijo la fuente.
"El martes de la semana antepasada empezaron a reglamentar que solamente agua y lo que responden es que "aquí se les está dando comida". Es una manera también de querer doblegar a los familiares innecesariamente, porque es ilegal que vos no podás ver a los familiares y que no podás llevarles artículos de limpieza, por ejemplo", expresó la persona que prefirió el anonimato.
Según la misma fuente, el día que Torres fue detenido llegaron a la vivienda al menos 15 policías de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, quienes inicialmente hicieron sobrevolar en la casa un dron, para luego romper los portones y entrar a capturar al general en retiro.
Una vez dentro, al hijo de Torres, uno de los oficiales le arrebató un reloj inteligente que tenía en la muñeca, luego de apuntarle con una pistola y obligarlo a tirarse al suelo. En la vivienda, explicó la persona, el hijo de Torres tenía un negocio de venta de productos electrónicos que funciona en línea.
Los oficiales también se llevaron una cantidad no precisada de teléfonos sellados, pulseras inteligentes, relojes, e incluso sustrajeron 120 dólares de la billetera del hijo de Torres, la que se encontraba en una de las habitaciones y dejaron junto al resto de las identificaciones luego de retirarse de la casa.
Ninguno de los productos que se llevaron fue encontrado posteriormente, y en las actas oficiales de la Policía sobre los artículos decomisados no se encontró información de los productos del negocio.
"Ese tipo de cosas llamaba la atención y se lo llevaban", dijo la fuente, "hizo falta también un reloj de pulsera y se llevaron los celulares de la doméstica y de su hijo de 17 años quienes se encontraban en el lugar en ese momento".
Ese domingo 13 de junio, cuando fue detenido Torres, también la Policía se llevó a la exguerrillera Dora María Téllez, la presidenta de Unamos Suyén Barahona, Víctor Hugo Tinoco y Ana Margarita Vijil.
Tampoco se sabe nada de Miguel Mora
En la misma situación se encuentra el político Miguel Mora, quien fue recapturado por la Policía el pasado 21 de junio. Su esposa, la periodista Verónica Chávez, dijo durante el programa Esta Noche, que se encuentra angustiada, pues hasta la fecha no sabe la condición de salud de Mora.
"No te sabría decir si está allí (en el Chipote), y desde su captura no me han permitido verlo y no sé nada de él", dijo Chávez, durante el programa, quien además agregó que a pesar de preguntar en la recepción de la Dirección de Auxilio Judicial, no logran obtener información de los detenidos y solo se limitan a recibir alimentos o artículos de limpieza para los familiares, en ocasiones.
Mora estuvo detenido anteriormente por un período de seis meses, en diciembre de 2018, cuando el régimen confiscó ilegalmente las oficinas de 100% Noticias, que posteriormente fueron convertidas en una clínica para atención a personas con adicciones.
Chávez no descarta que en esta ocasión, el hecho de que Mora se hubiese lanzado como precandidato por el Partido de Restauración Democrática, haya sido el detonante para su detención. Sin embargo, el régimen alegó que se le detenía por haber violado la "Ley de Soberanía", mismo argumento con el que se detuvo a otros cuatro precandidatos presidenciales.
Cristiana Chamorro, exdirectora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, fue detenida en el marco de una investigación que realiza la Fiscalía por supuestos delitos de lavado de dinero y por la que ha entrevistado a casi un centenar de periodistas independientes del país.
Los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, fueron señalados de haber violentado la Ley 1055, o "Ley de Soberanía", con la que el Gobierno puede decidir, discrecionalmente, quien comete el delito de injerencismo en el país. Aunque esta ley solo ha sido aplicada a opositores desde su aprobación.
"Uno deduce que es eso, porque a todos los candidatos los han capturado por eso. Como no hay información, es lo que uno se pone a pensar: que es por pensar diferente, por resistir, por ser oposición, por estar en la lucha por Nicaragua y por haberse atrevido a ser candidato presidencial", dijo Chávez.
Además explicó que una de las cosas más difíciles, además de la detención de Mora, ha sido tener que explicarle a su hijo, quien padece de parálisis motora, que su papá no estará en la casa.
"Miguelito es un niño especial que requiere medicamentos a horas específicas y mi vida ahora se va en eso; ir al Chipote a buscar a Miguel y luego concentrarme en Miguelito, que me tiene a mí y que hay que verle sus cuestiones de terapia, su manejo, sus medicinas que son especiales", relató Chávez.
