25 de junio 2021
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Un grupo de diez eurodiputados enviaron una carta -en calidad de representantes públicos- a la embajadora de Nicaragua ante la Unión Europea (UE), Irania Venerio Fernández, donde expusieron su preocupación por la “situación política, crisis de derechos humanos y degradación del derecho a la protesta”, que viene sucediendo en Nicaragua desde el levantamiento popular contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2018.
“Exigimos la liberación de todos los presos políticos... que se detenga la represión Ortega-Murillo, el cese de nuevas detenciones arbitrarias y las violaciones a los derechos humanos”, demandaron en la misiva.
Exigimos respeto a la integridad moral y física de Tamara, Suyen y Ana Margarita, detenidas por Ortega. ¡Libertad presas y presos políticos! Toda nuestra solidaridad con el clamor popular por una #Nicaragua libre. pic.twitter.com/xzCKGBJ4XS
— Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) June 25, 2021
La carta fue firmada por ocho eurodiputados del Partido Izquierda Española: Miguel Urbán, Stelio Kouloglou, Malin Bjork, Villumsen Nikolaj, Leila Chaibi, José Gusmao, Helmut Scholz y Arisa Matias. También fue suscrita por Jordi Solé y Tilly Metz, eurodiputados por el Grupo de Los Verdes - Alianza Libre Europea.
Criminalización del derecho a la protesta
Los parlamentarios europeos expresaron que, durante estos tres años de crisis sociopolítica, han dado seguimiento a la situación política en Nicaragua y han visto como el régimen orteguista “no solo ha ignorado” las demandas populares que buscan una “solución pacífica y unas condiciones que garanticen unas elecciones libres”, sino que ha “profundizado” una estructura institucional que "criminaliza el derecho a la protesta".
Señalan que legislaciones -aprobadas por el régimen orteguista en 2020- como la Ley de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz son utilizadas para ejercer esa criminalización de los derechos y libertades de los nicaragüenses y “detener arbitrariamente a voces críticas” del régimen.
Recordaron que la represión que ha enfrentado Nicaragua, desde abril de 2018, ha dejado a “más de 300 muertos por la violencia de la Policía Nacional y de grupos parapoliciales, miles de heridos y centenares de personas detenidas y más de 100 000 nicaragüenses exiliados”. También dijeron conocer que actualmente en Nicaragua hay más de 134 presos y presas políticas y que el éxodo del exilio no se detiene.
Los eurodiputados denunciaron las recientes detenciones de activistas políticos, dirigentes empresariales, periodistas y cinco precandidatos a la presidencia. Hasta el 22 de junio, se han registrado las detenciones de 20 personas, entre ellos los aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz.
Los funcionarios europeos señalan que estas personas que recientemente fueron detenidas por el régimen orteguista “no han podido recibir visitas de sus familiares ni de sus abogados, quienes reclaman conocer sus condiciones reales de salud e integridad física”.
Además dijeron estar preocupados especialmente por la situación de las mujeres detenidas, pues indican conocer “que la persecución gubernamental ha sido especialmente beligerante... y las mujeres sufren agresiones particulares por su género”.
Los parlamentarios resaltaron a la embajadora nicaragüense que dicha situación de detenciones contra las voces críticas del régimen orteguista son una “clara violación de derechos humanos”.
“No es admisible que se encarcele… por ejercer su legítimo derecho a la protesta”, resaltaron.
Los eurodiputados también envían un mensaje de “solidaridad” para los nicaragüenses, recordando que hay un “clamor popular por una Nicaragua libre”.
