25 de junio 2021
AA
Share
La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, rechazó este viernes la acusación del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contra España de interferir en el país y le reclamó "no utilizar excusas" para tapar las violaciones de derechos humanos y los ataques a la oposición.
Ortega responsabilizó el jueves a las embajadas de Estados Unidos, España y otros países europeos de "intromisión" en sus asuntos internos y de promover una candidatura presidencial única de la oposición para las elecciones del próximo mes de noviembre.
En una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores iraquí, Fuad Hussein, González Laya subrayó que los diplomáticos españoles "cumplen escrupulosamente con sus obligaciones" y con su respeto a las reglas internacionales.
"No se puede utilizar excusas de este tipo para ocultar violaciones de derechos humanos o persecución de líderes políticos como vemos en Nicaragua", señaló la ministra española.
Piden a Ortega liberación de presos políticos
González Laya reiteró el llamamiento para que el Gobierno de Ortega "libere a los presos políticos, su plena participación en el proceso electoral y el respeto a los derechos y libertades de los políticos, de la prensa, de los empresarios y de la sociedad civil en general".
El mandatario nicaragüense sostiene que los países que "conspiran" contra su Gobierno "están violando" acuerdos internacionales.
"El escándalo que harían en sus países si un embajador de otro país apareciera conspirando contra el Gobierno para promover golpes de Estado y para organizar también candidatos", comentó Ortega el jueves durante su intervención en la cumbre virtual de los países del Alba.
La intervención de Ortega se dio un día después de su agresivo discurso durante el aniversario del nacimiento del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador, en el cual calificó de “absurdos” los pedidos de la comunidad internacional de liberar a los presos políticos y la realización de elecciones libres y transparentes en Nicaragua.
Entre el 2 y el 20 de junio, el régimen nicaragüense detuvo e inició procesos penales arbitrarios contra los precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. También han sido arrestados dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas, dos extrabajadores de una ONG, un cronista deportivo, una exdiputada y un conductor.
Ortega incluso descalificó que se denominen como precandidatos presidenciales a algunos de los detenidos e insistió en que no habrá eco a los pedidos de liberación de estos ciudadanos hechos por la comunidad internacional, aduciendo que varios países, encabezados por Estados Unidos, eran partícipes de la denominada conspiración en contra del Gobierno.
“Que no vengan con el cuento de que son candidatos, si no hay ningún candidato inscrito. Ni siquiera tenían un solo candidato recordemos bien, aun cuando los reunían en las embajadas para para que se unieran. En la embajada yanqui en primer lugar y otras embajadas que estaban metidas de lleno para que se unieran. A cuenta de que están hablando tranquilamente en los medios de comunicación global de la derecha que están detenidos tantos precandidatos”, afirmó.
España anunció fracaso de diálogo
La ministra española de Asuntos Exteriores lamentó el jueves que el diálogo entablado con el Gobierno de Ortega no haya dado frutos por ahora, por lo que anticipó que la Unión Europea (UE) estudiará en las próximas semanas nuevas medidas porque “se están pisoteando” los derechos del pueblo nicaragüense.
Reveló que España ha buscado el diálogo “discreto” con las autoridades de Managua en las últimas semanas para revertir las medidas que “atentan” contra sus ciudadanos tras la detención de varios dirigentes opositores, pero que no se han obtenido resultados.
“De momento, no veo progreso en esa dirección. España, junto con el resto de Estados miembros de la UE, está considerando cuáles tienen que ser los próximos pasos. Nos preocupa la ciudadanía nicaragüense y que se estén pisoteando sus derechos”, dijo González Laya.
