22 de junio 2021
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El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la iniciativa de Ley Renacer, que amplía los motivos para sancionar a funcionarios del régimen y solicita al presidente estadounidense, Joe Biden, revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).
La propuesta —titulada Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral— fue presentada en marzo pasado de manera bipartidista en el Senado. La iniciativa ha sido liderada por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores.
“Mientras continúa atacando descaradamente a los líderes de la oposición, el sector empresarial de Nicaragua y sus líderes de la sociedad civil, la desesperación de Daniel Ortega por permanecer en el poder le ha costado los restos de legitimidad que tenía a los ojos de la comunidad internacional”, dijo Menéndez, tras la aprobación.
🚨🚨SFRC just approved my RENACER Act. Ortega’s desperation to stay in power has cost him whatever remnants of legitimacy he had. There WILL be consequences for those trying to rob the Nicaraguan people of their fundamental right to free & fair elections. https://t.co/dqEYgB7pZg pic.twitter.com/L895RQjI3k
— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) June 22, 2021
“La Ley Renacer proporcionará al Gobierno de Biden las herramientas diplomáticas necesarias para ayudar a estabilizar la crisis electoral fuera de control de Nicaragua, y con suerte permitirá a los nicaragüenses hacer que su país vuelva a la democracia y el Estado de derecho”, comentó el senador.
El proyecto de ley propone que la Administración de Biden haga “gestiones diplomáticas” con los Gobiernos de Canadá, la Unión Europea (UE) y países de Latinoamérica y el Caribe “para imponer sanciones selectivas” contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses.
Entre 2019 y 2020, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza han seguido los pasos de Estados Unidos, al sancionar a algunos funcionarios del régimen, acusados de corrupción y violaciones contra los derechos humanos.
“Habrá consecuencias para quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense la oportunidad de ejercer su derecho democrático más fundamental a elecciones libres y justas”, sentenció.
Las sanciones de la Ley Renacer
La Ley Renacer establece que serán sujetos a sanciones económicas las “personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.
El documento detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del Gobierno y familiares de Ortega; miembros de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, y del Consejo Supremo Electoral (CSE). Así como “miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares”.
La propuesta menciona además a “personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas acciones con funcionarios del Gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia”.
Desde 2018, el Gobierno de EE. UU. ha sancionado a una treintena de funcionarios orteguistas, señalados de actos de corrupción y violaciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses. Entre ellos hay ministros, diputados, jefes militares y miembros de la familia presidencial: la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y sus hijos Rafael, Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo. La lista además incluye a nueve instituciones públicas o entidades mixtas, entre ellas la Policía Nacional.
Revisión del DR-Cafta
Los senadores introdujeron una enmienda relativa a que el presidente Biden “debería revisar la participación continua de Nicaragua” en el acuerdo comercial DR-Cafta.
Para los senadores, la participación de Nicaragua debería estar sujeta a si el régimen “continúa endureciendo su Gobierno autoritario en un intento de subvertir las elecciones democráticas de noviembre de 2021 y socavar la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”.
La salida del acuerdo comercial le costaría a Nicaragua unos 1500 millones de dólares en exportaciones, solo del sector textil. Empresarios y economistas consultados por CONFIDENCIAL aseguran que también afectará el empleo, la recaudación de impuestos y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El DR-Cafta —que entró en vigencia para Nicaragua el 1 de abril de 2006— representó una gran oportunidad para el país. Nicaragua pasó de exportar a Estados Unidos, 228.4 millones de dólares, en 2006, a 1402.1 millones de dólares, en 2020.
Senadores celebran
Además de Menéndez, la propuesta ha contado con el apoyo de los senadores: el republicano Marco Rubio, por Florida, y los demócratas Tim Kaine, Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy.
“Debe haber responsabilidad para los autócratas latinoamericanos, como el presidente Ortega, que se enriquecen a sí mismos y a sus facilitadores corruptos a expensas de los ciudadanos y de la verdadera democracia”, dijo el senador Durbin.
Añadió que le complacía “ver que el Comité de Relaciones Exteriores da este paso bipartidista, al condenar las acciones del presidente Ortega y los graves abusos contra los derechos humanos”.
“Debemos seguir presionando por el retorno a la democracia y apoyar elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”, afirmó Cardin, quien agregó: “Estados Unidos siempre debe defender la democracia y los derechos humanos en todo el hemisferio occidental”.
“La Ley Renacer nos ayuda a apoyar al pueblo nicaragüense y apuntar a los funcionarios nicaragüenses que buscan socavar el proceso electoral en el país. Me alegra ver que este proyecto de ley bipartidista avanza hacia el Senado”, comentó el senador Murphy.
“Ahora que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó el proyecto de ley, trabajaremos para que sea aprobado en el pleno del Senado lo antes posible”, destacó el senador Rubio.
Al pleno del Senado
Tras su aprobación, el proyecto de ley será enviado al pleno del Senado, donde será sometido a otra votación. Para esta, sin embargo, aún no hay fecha establecida.
A la par, la propuesta tendrá que recorrer otro camino en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, donde fue introducida en abril pasado, también de manera bipartidista de demócratas y republicanos.
Dentro del Congreso, la Ley Renacer está en el Subcomité del Hemisferio Occidental, que debe aprobarla y enviarla al Comité de Asuntos Exteriores, que igualmente tendrá que avalarla y remitirla al pleno de la Cámara de Representantes, donde enfrentará una última votación.
Una vez aprobada por los plenos del Senado y la Cámara de Representantes, la iniciativa de Ley Renacer será enviada a la Casa Blanca para que sea firmada por el presidente Biden, y así entre en vigencia.
