18 de junio 2021
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El mandatario Daniel Ortega cumple este viernes 18 de junio, 31 días de ausencia en el cargo; mientras en el país se ha desatado una escalada represiva contra los opositores. En las últimas semanas, el régimen ha encarcelado a 16 ciudadanos, entre precandidatos presidenciales, exguerrilleros sandinistas, líderes de la oposición y empresarios.
La última vez que Ortega compareció públicamente fue en el acto de conmemoración por el natalicio del general Augusto C. Sandino. En esa ocasión, acusó públicamente al embajador de Estados Unidos (EE.UU.), Kevin Sullivan, y a representantes de la Unión Europea, de intervenir en el proceso electoral.
Ese mismo día, el Consejo Supremo Electoral (CSE) le quitó la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática (PRD), a través del cual participaría la Coalición Nacional en el proceso electoral. Al siguiente día, el Partido Conservador de Nicaragua (PC) también perdió su personería. Esta fue una antelación a la persecución directa a opositores y precandidatos con la que busca eliminar la contienda electoral.
Las ausencias de Ortega a su cargo como jefe de Estado son habituales. El pasado 19 de febrero alcanzó el récord de 40 días de no comparecer públicamente y durante el 2020, que el país agudizó las crisis sociales, políticas y económicas que arrastra desde 2018, tras sumarse la pandemia de la covid-19, el mandatario pasó hasta 38 días desaparecido. Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta, es la única que habla a diario, vía telefónica a través de los medios oficialistas.
Ordenan cacería contra precandidatos
La misma semana en que Ortega compareció públicamente por última vez, y el CSE le quitó la personería jurídica a dos partidos políticos, el Ministerio de Gobernación abrió un caso por supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), con esta acción inhibieron y ordenaron arresto domiciliar contra la precandidata presidencial, Cristiana Chamorro Barrios, quien hasta febrero pasado fue directora de esta fundación. La oenegé cerró operaciones a principios de este año para no someterse a la ley de Agentes Extranjeros.
En el proceso contra la FVBCh, la Fiscalía ha citado a testificar a 25 periodistas independientes de todo el país y otras 38 personas que incluyen: extrabajadores, representantes de empresas que han tenido algún tipo de relación con la Fundación y consultores independientes. También se arrestó a los extrabajadores: Walter Gómez y a Marcos Fletes, quienes ya cumplieron 21 días de detención en la Dirección de Auxilio Judicial, donde les negaron el recurso de exhibición personal.
La persecución contra los opositores se agudizó el cinco de junio pasado, cuando fue detenido en el aeropuerto internacional, el precandidato Arturo Cruz, quien regresaba al país. Cruz fue a la primera persona que el Gobierno le aplicó la Ley No. 1055, Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, aprobada en diciembre de 2020, para prohibir las candidaturas opositores.
El martes, ocho de junio, se sumaron a la lista de detenidos bajo la aplicación de la Ley No. 1055, los precandidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Este último también es investigado por un caso contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).
Perseguidos y detenidos
“Cuántos de esos que dicen sentirse hoy perseguidos... ¿Perseguidos? Perseguidos por ellos mismos, por sus tropelías, por sus delitos”, señaló Murillo.
Desde el 08 hasta el 15 de junio las detenciones han continuado. A la lista se sumaron los opositores Violeta Granera, José Pallais, Tamara Dávila, Suyén Barahona, Ana Margarita Vijil; los excombatientes históricos: Dora María Téllez, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco; también el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, y el presidente ejecutivo del Banpro, Luis Rivas. También, hay orden de captura contra Humberto Antonio Belli y Gerardo José Baltodano Cantarero.
En paralelo, la jueza orteguista Karen Chavarría ordenó levantar el sigilo bancario e inmovilizar las cuentas de 13 empresarios y ejecutivos, que fueron exdirectivos de Funides, que son investigados por el presunto lavado de dinero y fomento de la conspiración externa.
Estados Unidos impone sanciones
El 09 de junio, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial; el diputado y presidente de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes; y el director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), general de Brigada del Ejército, Julio Rodríguez Balladares.
Con estas sanciones se elevó a 31 la lista de personas allegadas al régimen que han sido sancionados por Estados Unidos desde 2018. Ante esto, el Gobierno emitió una nota de prensa en la que manifestó su rechazo y las calificó como: “medidas ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales” dictadas “contra ciudadanos nicaragüenses cuyo único delito es representar, muy en alto, la dignidad y el heroísmo de nuestro pueblo”.
“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional protesta enérgicamente ante esta reiterada violación de los instrumentos internacionales que rigen el derecho soberano de los Estados, que no nos reconocemos como colonia de ninguna potencia”, expresó en el comunicado de prensa.
