Nicaragua: Un Estado partido, apartado del derecho

Con una motivación basada en la defensa de la soberanía nacional, el Gobierno de Daniel Ortega apresa sin controles a ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses, violando sus derechos fundamentales y evidenciando la arbitrariedad y el abuso de poder que califican a su régimen.

Las detenciones se publicitan en el mundo del Estado partido como parte de una batalla que lidera el gobierno ante “un ataque implacable y sin precedentes en contra del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios de comunicación de la derecha y ‘figuras de la oposición’ financiados por Estados Unidos”, según un pasquín oficial del 13 de junio de 2021 intitulado “Nicaragua: en defensa de la soberanía nacional y el Estado de derecho”.

En la práctica y en el mundo de los Estados democráticos, esas detenciones son secuestros institucionales manifiestamente arbitrarios, violatorios del debido proceso y de garantías básicas. Las detenciones actuales hacen parte de un patrón de persecución política orientado a preservar al Estado partido.

La evocación del pasado como justificación

El régimen orteguista evoca la historia para manipular emociones y sensibilidades ligadas al pasado revolucionario y distorsionar el presente.  La nostalgia por la insurrección mezclada con populismo cristiano y golpe autoritario producen formas de gobierno churriguerescas que exóticamente sigue ensalzando a algunas gentes.  La retórica oficial aprovecha la históricamente mancillada soberanía de la nación nicaragüense para entonar quejas maniqueas de nuevas injerencias coloreadas por una manía persecutoria que busca erigir escudos para resguardar su imperio.  Mezclado, el coctel es venenoso, y poco conducente al ejercicio transparente del poder público.

Sería conveniente para el desarrollo institucional nicaragüense revisar de manera objetiva – pero solo cuando eso sea posible – el oscuro y turbio papel que sucesivos gobiernos estadounidenses y las élites económicas de ese país cumplieron en Nicaragua, al menos desde las elecciones de 1928, cuando gobernaba Coolidge en Estados Unidos de América (EE. UU.). Esta es una de las asignaturas pendientes para nicaragüenses y estadounidenses. Hay referentes claves, incluyendo la desclasificación de documentos oficiales y el trabajo de historiadores. No hay la menor duda de que esa historia es pertinente y de que la influencia de EE. UU. ha sido significativa (y en muchos ámbitos nefasta).

La situación de hoy, sin embargo, no se explica a golpe del imperialismo yanqui de los setenta, ochenta o noventa, por más fácil o conocida que resulte esa línea argumentativa. Sin dejar de reconocer que EE. UU. ha metido la mano durante décadas en el país, la persecución oficial que desata el orteguismo es en contra de la ciudadanía nicaragüense y de movimientos ciudadanos (sociales y políticos) de corrientes diversas.  La referencia al apoyo gringo es una burda maniobra para sancionar toda fuente de cooperación internacional que no va de la mano con la visión totalitaria de su Estado partido.  Su pretensión de controlar toda la cooperación internacional es una fantasía compartida por gobiernos de todo tipo de tendencias que quieren una sociedad dócil y disciplinada, que solo rinda pleitesías a los gobernantes.

Por otro lado, el esforzado discurso revolucionario que pretende enmarcar la contienda actual en un plano que opone a derechas perversas e izquierdas sanas anula más de cincuenta años de desarrollo social y político, en Nicaragua y en el mundo. A partir de su concepción autoritaria del poder (con tinte de estalinismo criollo), el orteguismo busca amordazar toda voz disidente.  Puede ser que Ortega y sus adeptos se consideren de izquierda, con eso no reñiré, pero lo que olvidan es que ser de izquierda no es licencia para desconocer las reglas básicas del Estado de derecho ni mucho menos aplastar a los que no piensan como ellos.

La persecución como forma de gobierno

La persecución que ha desatado utilizando la maquinaria del Estado partido se dirige en contra de blancos muy diversos: no es en contra de la derecha ni en contra de agentes yanquis, es en contra de muy disímiles ciudadanas y ciudadanos que se han atrevido a ejercer sus derechos a la libertad de pensamiento y de expresión.  El Estado partido no quiere contradictores, por eso encarcela a opositores (diestros y siniestros) que se han atrevido a formular una plataforma política con miras a una Nicaragua diferente.

La reciente ola de detenciones debe llevarnos a reflexionar en la necesaria oposición al totalitarismo, y a recordar las escalofriantes palabras del pastor luterano Martin Niemöller sobre la inacción de muchas personas ante el avance del autoritarismo en la Europa de los treinta: “Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista/ Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata/ Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista/ Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío/ Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”.

La ciudadanía nicaragüense se levantó y protestó en abril de 2018.  El régimen ejecutó una virulenta persecución que desembocó en la muerte de cientos de nicaragüenses (muchos de ellos jóvenes), en la detención arbitraria y tortura de un importante sector de la población y en el exilio forzado de miles de personas.  El ejercicio abusivo y arbitrario de poder quedó impune; es más, el Estado partido afinó su aparato represivo y ejecuta ahora un plan para perpetuarse.  Hoy, habla de elecciones y proyecta su versión de futuro bajo un manto opresor y negacionista.  Algunas de las nicaragüenses y los nicaragüenses que se preparaban, en condiciones adversas, a ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos de su país están tras las rejas, sometidos a una justicia política que es una parodia de justicia y cumple fines de castigo político.

El apartamiento del derecho requiere la acción decidida de la comunidad internacional

Nicaragua es un Estado partido, apartado del derecho.  La comunidad internacional debe actuar en consecuencia. El derecho internacional tiene dientes; es potestad de los Estados que conforman esa comunidad internacional hacerlo valer.  Por ahora, es imperioso que cese la violencia institucional en contra de la ciudadanía que ejerce sus derechos.  Además de las catorce personas recientemente detenidas que gozan de notoriedad, hay decenas de presos por razones políticas, cuyos casos también ameritan atención.

La recuperación del Estado de derecho es un camino largo; pero es un recorrido que debe emprenderse sin espera.  La comunidad internacional debe actuar sin ambigüedad y exigirle al régimen orteguista cumplir con las obligaciones básicas en materia de derechos humanos.  Las detenciones que actualmente se debaten ponen de manifiesto el peligro del totalitarismo; son una nueva manifestación de la criminalidad arraigada en un Estado partido que, además de utilizar la institucionalidad para perpetrar y justificar los ilícitos, utiliza el mismo aparato estatal para garantizar su impunidad.

*Michael Reed Hurtado, profesor de Georgetown University @mreedhurtado