4 de junio 2021
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Los magistrados electorales orteguistas promueven un “chantaje descarado” en contra de los partidos y alianzas políticas de Nicaragua, que participarán en las elecciones generales de noviembre, al “invitarles” a que sus candidaturas cumplan con “todas las disposiciones y requisitos” establecidas en leyes aprobadas para inhibir como precandidatos a líderes autoconvocados que participaron en las protestas de abril de 2018.
El Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el gobernante Frente Sandinista, publicó este tres de junio un acuerdo para “reiterar” a los partidos y alianzas su “obligación de asegurar en la presentación de candidatas y candidatos” el cumplimiento de requisitos de leyes, entre las que incluye la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, mejor conocida como “Ley Guillotina”.
Ambas leyes, aprobadas entre octubre y diciembre de 2020, fueron ampliamente cuestionadas por intentar “segregar” a los nicaragüenses, conculcar sus derechos políticos y tratar de inhibir a líderes opositores que participaron en las protestas de la Rebelión de Abril, durante las cuales se exigió la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la represión oficial. La violenta respuesta del Gobierno contra las protestas dejó más de trescientos asesinados, más de mil presos políticos (de los cuales más de un centenar continúan en prisión), decenas de heridos y desaparecidos y más de cien mil exiliados por la persecución política del FSLN.
Arturo Cruz no participaría en elecciones si hay más inhibiciones
El precandidato presidencial Arturo Cruz advirtió que “si continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso”.
El también exembajador de Nicaragua en Washington, inscrito en el mecanismo de selección de la Alianza Ciudadana, recordó que cuando entró a la carrera presidencial “fui muy claro, dije que yo no voy a ser parte de una farsa electoral”.
“Mi compromiso es con un proceso competitivo, si esa posibilidad se desvanece, hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio”, añadió a través de un hilo publicado en Twitter.
Yo siempre he sido un gran creyente en que la democracia, es lo que puede garantizar la prosperidad en Nicaragua. Cuando yo entré a esta contienda fui muy claro, dije que yo no voy a ser parte de una farsa electoral. (1/4)
— Arturo Cruz (@arturo_cruzs) June 4, 2021
Cruz se “solidarizó” con los aspirantes inhibidos y alertó: “no voy a aceptar pasivamente que empiecen a inhibir a estos compatriotas”.
Maradiaga rechaza inhibición: “Nunca cambié de residencia”
El precandidato presidencial Félix Maradiaga, de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, calificó el acuerdo del CSE como un “chantaje descarado” a los partidos políticos. Según lo dispuesto por el CSE, Maradiaga sería uno de los precandidatos inhibidos.
“Ortega hace todo esto porque le tiene miedo a un proceso electoral libre y desde ya quiere sacar a cualquier candidato con amplio respaldo popular, como ya está haciendo con Cristiana Chamorro”, dijo Maradiaga, citando también el caso de la aspirante presidencial independiente que permanece “prácticamente secuestrada” en un arbitrario arresto domiciliar.
Maradiaga considera que “estos actos cobardes no pueden ser reconocidos como legítimos por ningún partido opositor” y agregó que “con estas leyes, cualquier partido que sea tildado como golpista, según la terminología del régimen desde ya está inhabilitado a cualquier cargo de elección popular, según la ley espuria de defensa de la soberanía”.
El precandidato estuvo exiliado en 2019, pero aseguró que él no puede ser inhibido en base al artículo 147 de la Constitución Política, ya que el ningún momento cambió de residencia mientras estuvo fuera de Nicaragua por las amenazas de muerte recibidas.
“La misma jurisprudencia del CSE establece que no debería haber ninguna inhibición constitucional a los nicaragüenses que hayamos salido del país por un exilio forzado, como fue mi caso, pero que nunca cambiamos residencia. Aquellas personas que salimos con visa de turista o cualquier otra visa de no residente, y que además, nunca solicitamos asilo, ni refugio, ni residencia. No estamos constitucionalmente inhibidos”, sostuvo Maradiaga.
Admitió que está consciente de “las interpretaciones manipuladas que puede hacer la dictadura de las leyes”, pero que no callará sus denuncias. “Cualquier excusa puede ser usada contra nosotros. De nada le servirá al régimen, si cree que con esas acciones nos van a callar. Vamos a hablar más alto, más fuerte, porque la ciudadanía nicaragüense lo que tiene es hambre y sed de justicia”, agregó.
Los requisitos que intenta imponer el CSE contra candidatos
El acuerdo del CSE “invita” a los partidos y alianzas “a dar seguimiento y tomar las medidas que crean necesarias bajo los conceptos de las normas enunciadas, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de sus precandidatas y precandidatos”.
Este dos de junio, después que una jueza orteguista ordena la captura de Cristiana Chamorro, un Juzgado aceptó la solicitud de la Fiscalía para prohibir que ella opte a cualquier cargo de elección popular, inhibiéndola de facto.
El CSE afirma que las candidaturas deben mantenerse “de manera irrestricta bajo el cumplimiento de las leyes, el respeto de la integridad soberana, la autodeterminación y la paz social del país y de todos los nicaragüenses”.
El acuerdo cita el artículo 147 de la Constitución Política, que establece los requisitos para optar a la presidencia y vicepresidencia de Nicaragua, entre estos: ser nicaragüense y haber renunciado a cualquier otra nacionalidad adquirida al menos cuatro años de la elección; estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos; haber cumplido veinticinco años de edad, y haber residido de forma continua en el país durante los cuatro años anteriores a la elección, excepto por misión diplomática, trabajo en organismos internacionales o estudios en el extranjero.
Sin embargo, el CSE agrega que “no pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a cargos de elección en el presente proceso electoral quienes no llenen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuere prohibido”, agregando entre las leyes la de Regulación de Agentes Extranjeros y la llamada “Ley Guillotina”.
La “Ley Guillotina”, aprobada en diciembre de 2020, establece que no pueden ser candidatos quienes no cumplan una extensa lista de condiciones con las que Ortega y sus funcionarios ya antes han descalificado prácticamente a cualquier nicaragüense que cuestione su Gobierno.
Esos requisitos, citados en el acuerdo del CSE, excluyen a quienes “encabecen o financien un golpe o intento de golpe de Estado”, a tono con que el régimen califica las protestas ciudadanas de la Rebelión de Abril como un “intento fallido de golpe de Estado”.
Además, veta a aquellos “que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento extranjero para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloques económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, al igual aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y su ciudadanos y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico”.
El mismo Ortega ha acusado a la oposición de pedir sanciones contra su Gobierno, que acumula una veintena de funcionarios y nueve instituciones sancionadas por Estados Unidos, además de varios de estos incluidos en sanciones de la Unión Europea, Canadá, Suiza y Reino Unido.
