31 de mayo 2021
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Este lunes 31 de mayo vence el último de los plazos otorgado por la Organización de Estados Americanos (OEA), al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para lograr unas reformas electorales “significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables”, de cara al proceso electoral que culminará en noviembre próximo.
En octubre del año pasado, la Asamblea General de la OEA aprobó una Resolución que abogaba por el “restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”, y ofrecía su “asistencia técnica para su implementación, a fin de promover elecciones libres y justas”.
Nada de eso sucedió. En vez de ello, Ortega hizo que la Asamblea Nacional le aprobara una contrarreforma con la que extendió e incrementó su control sobre el Consejo Supremo Electoral, nombrando una decena de magistrados afines al partido de Gobierno.
En paralelo, canceló la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática, y la del Partido Conservador, mientras realiza una investigación a la precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, acusándola de lavado de dinero.
Lo sucedido prueba, por una parte, que a Ortega “le vale” lo que diga la comunidad internacional, y que “es indiferente a lo que pidamos nicas y el mundo de forma bilateral y multilateral”, opina el exembajador Mauricio Díaz, mientras su homólogo, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, dijo que “quien esté dependiendo exclusivamente de la comunidad internacional, está condenado a fracasar”.
“La comunidad internacional está clarísima que el fraude electoral comenzó en Nicaragua, desde el momento en que la dictadura ha dirigido todas sus baterías para destruir a un segmento de la oposición”, expresó Suyén Barahona, presidenta del partido Unamos.
Así como ellos, se han levantado diversas voces advirtiendo del rumbo a la catástrofe que lleva el proceso electoral nicaragüense, y del riesgo que ello implica para toda la nación.
“La disolución de los partidos políticos y la apertura de investigaciones penales que pudieran conducir a la inhabilitación de candidaturas, sin el debido proceso, no sólo socava los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas, sino también los derechos de los y las votantes a elegir a las candidaturas de su elección”, dijo desde Ginebra, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.
Mientras, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que el Gobierno de su país “está profundamente preocupado porque el Gobierno de Nicaragua… ha rechazado los llamamientos de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional, incluida la OEA, la Unión Europea y las Naciones Unidas, para generar confianza en el proceso electoral, al aprobar reformas significativas para permitir elecciones libres y justas en noviembre”.
¿Fortaleza, o debilidad?
“La comunidad internacional tiene una deuda con el pueblo nicaragüense”, asevera Aguirre Sacasa, al considerar que “tenemos tres años de estar hablando de la importancia de redemocratizar a Nicaragua”.
“Mayo era el mes en que se iba a encausar una elección libre, transparente, observada, justa, pero no ha habido un avance en esa área. Es por eso que no tengo mayor expectativa de la OEA”, complementó.
Díaz lo ve de otra forma. El diplomático y exdiputado dijo a CONFIDENCIAL que “lo mínimo que espero de [Luis] Almagro, [secretario general del organismo continental], es que convoque a una reunión del Consejo Permanente de la OEA”.
El uruguayo debería llamar a los cancilleres a una reunión de consulta de emergencia, similar a la que hubo en 1978 o 1979, cuando Jimmy Carter gobernaba Estados Unidos, piensa Díaz, sustentando la esperanza de que esta vez sí están disponibles los votos de los países del Caribe, que parecen estar adoptando una actitud distinta.
“Almagro debe poner a prueba el sistema”, sentenció.
Al ignorar la resolución de la Asamblea General continental, “Ortega está desafiando no solo al órgano hemisférico, en su Carta Constitutiva y en la Carta Democrática, sino que es también un desafío al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la ONU… a los que les está diciendo ‘el que manda soy yo, porque tengo el poder que me da la Policía, el Ejército, los terceros armados’, etc”.
A criterio de Barahona, de Unamos, “Ortega sabe que podemos derrotarlo, y por eso es esta escalada represiva. Él tiene temor, y por eso está usando lo que le queda, que es la represión, para atemorizar, para desmoralizar, para hacernos creer que está fuerte, pero no lo está”.
Mientras desde afuera la comunidad internacional sigue abrazando la causa del pueblo nicaragüense, lo que le corresponde a la ciudadanía es “seguir en resistencia desde todos los rincones, usando las formas más creativas para seguir desafiando al régimen Ortega Murillo, porque quienes repudiamos a esta dictadura somos mayoría”, estima.
Aguirre Sacasa insistió en su escepticismo al recordar que “ha habido muchos tuits, muchas amenazas verbales, pero la OEA está paralizada por lo que está pasando en Colombia; el problema serio que les ha planteado Nayib Bukele en El Salvador; o Juan Orlando Hernández en Honduras, mientras en Venezuela vemos prácticamente cero progresos, aunque se esté comenzando a hablar de un diálogo”.
“Lo trágico de esto”, dice Díaz, es que “la comunidad internacional pide que haya más acciones a lo interior del país, pero ¿cómo vamos a hacer eso, si estamos bajo un régimen que utiliza la fuerza de esa manera?”.
Si “por la víspera se saca el día”, Díaz dice que no ve alguna combinación realista de factores que pudieran llevar a una elección medianamente decente el 7 de noviembre.
¿Ninguna?
“Ninguna”.
