20 de mayo 2021
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El Consejo Supremo Electoral, controlado por el Frente Sandinista, le asestó un golpe mortal a la credibilidad del proceso electoral al cancelar de forma chapucera y arbitraria la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), que representaba la casilla electoral de la Coalición Nacional.
La anulación del PRD, sin ningún asidero legal, solo se explica como resultado de una orden política del dictador Daniel Ortega, para eliminar de la competencia política a uno de sus principales contrincantes, en unas elecciones que no eran justas ni transparentes, y ahora tampoco serán competitivas.
Ortega y el FSLN no solamente tienen el monopolio de la maquinaria del fraude electoral para contar los votos, desde los magistrados hasta las Juntas Receptoras de Votos, sino que decidirán quienes son los partidos y candidatos a los que les permitirán participar bajo las condiciones y reglas de la dictadura.
La eliminación de la Coalición Nacional de la competencia electoral es un golpe contra las aspiraciones de los movimientos autoconvocados que surgieron en las protestas de abril en 2018, demandando la salida de Ortega y Rosario Murillo del poder, para desmantelar la dictadura a través de una profunda democratización, con justicia y sin impunidad. Es también un golpe al “pluralismo político” consignado en el artículo cinco de la Constitución para asegurar “la libre organización y participación de todos los partidos políticos en los procesos electorales establecidos en la Constitución y las leyes”.
Más allá de las conjeturas sobre los cálculos políticos del FSLN, el efecto inmediato que produce este zarpazo es eliminar una plataforma política que enarbola las banderas de la Rebelión de Abril, inhibir de forma anticipada a sus líderes y potenciales candidatos a cargos de elección popular, y como consecuencia, fomentar la abstención de los partidarios de la Coalición Nacional.
Se trata, por lo tanto, de un golpe que coloca en una encrucijada al bloque opositor de la Alianza Ciudadana, cuya casilla electoral también está siendo amenazada por la discrecionalidad de la guillotina electoral de la dictadura. El liderazgo de Ciudadanos por la Libertad (CxL) tiene la opción de persistir en su idea de que la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Coalición Nacional no existen, y mantener inalterable su estrategia del “voto útil”, fomentando de forma selectiva el desgrane de la Coalición. O puede asumir el riesgo de desafiar a Ortega promoviendo una alianza pluralista, sin pasajeros de primera, segunda, y tercera clase, para relanzar la confianza del electorado azul y blanco en el voto. El dilema de CxL es el mismo que enfrentan las élites empresariales y el liderazgo de la Iglesia católica. ¿Acomodarse a las reglas de la dictadura sin asumir riesgos, o derrotar a Ortega con una marejada de votos para desmantelar la dictadura?
No existe una respuesta ni una salida fácil a este dilema por las consecuencias que implica desafiar al régimen: centenares de asesinados y encarcelados, y miles de asediados y exiliados, han pagado ya un costo muy caro por demandar la libertad. Pero la única salida sigue siendo conectar estas elecciones, por ahora controladas por el régimen, con la resistencia cívica. Si de verdad los líderes opositores quieren hacer el último intento de hacer una “alianza de hecho” y seleccionar a un candidato único para derrotar a Ortega, deberían empezar por acordar una estrategia de unidad en la acción para presionar por la suspensión del estado policial.
La realización de debates televisivos y encuestas de opinión sobre las fortalezas de los candidatos para unir al país y gobernar en democracia, son insumos imprescindibles para seleccionar al candidato presidencial y a los diputados. Sin embargo, para devolverle la esperanza a la mayoría azul y blanco en el derecho al voto, con la oposición dividida y la Coalición Nacional excluida de la competencia política, no bastan los debates ni las encuestas, sino que es imperativo relanzar la resistencia cívica.
Ese es el mayor desafío de los precandidatos presidenciales, los inscritos en CxL, los excluidos, y los independientes, para perfilar el liderazgo de un “candidato único” que pueda unir a la oposición y convertirse en una alternativa de poder. Si en los próximos 60 días de precampaña electoral los precandidatos y el pueblo no recuperan plenamente la libertad de movilización, tendremos elecciones “casa por cárcel” con actos de la oposición enjaulados por la custodia de la Policía orteguista.
Por ello la única salida radica en recuperar y ejercer plenamente el derecho a la libertad de movilización y lograr la suspensión del estado policial. Solo entonces, la oposición y su candidato presidencial podrán presionar por una reforma electoral y decidir, en igualdad de condiciones, si el 7 de noviembre van ir a una elección competitiva sin garantías, o se posponen para una fecha convenida con garantes internacionales.
De lo contrario, si se impone el estado policial con el control partidario del FSLN sobre el CSE, en las elecciones del 7 de noviembre se consumará la tercera relección consecutiva del dictador a través del fraude electoral, colocando al país al borde del abismo de la ilegitimidad.
