Explotadas, enfermas y en el abandono: la vida de las obreras en las maquilas nicaragüenses

Yadira Juárez, extrabajadora de una empresa textil ubicada en Tipitapa, fue diagnosticada con síndrome del “túnel carpiano”, una afección en el nervio medio de la muñeca, responsable de la sensibilidad y movimiento de partes de la mano.

María Mercedes Soza fue operaria en distintas empresas textiles, en las que pegaba mangas de camisas o bolsas traseras de pantalones, entre otras funciones. Trabajó jornadas laborales de hasta 12 horas, incluyendo las extras, porque era la única forma de tener un salario que le permitiera ayudar a su familia.

Francis Cruz, de 45 años, tiene la mitad de su vida trabajando en empresas de zona franca. Al igual que Yadira y María Mercedes, Francis sufre los estragos en su salud por las extensas jornadas de trabajo y violaciones a sus derechos laborales.

En Nicaragua, las obreras representan al menos el 51% de la población laboral de las empresas bajo el régimen de zona franca o maquilas. Sin embargo, cumplen extensas horas de trabajo y tras años de largas jornadas adquieren lesiones irreparables en su salud como lesiones de la columna vertebral, tendinitis, artrosis en cuello y rodillas, síndrome del túnel carpiano, artritis reumatoidea, hipertensión, trastornos del sueño, insuficiencia renal y problemas en el corazón, según describe el estudio “Sobrevivir a la maquila” del Movimiento María Elena Cuadra.

Yadira Juárez: Es un trabajo agotador

Yadira Juárez trabajó por más de nueve años en una planta de Tipitapa. // Foto: Oscar González Morales | Confidencial

“En las líneas el trabajo es bastante agotador, porque ahí lo que la línea produce tiene que pasar por mis manos", relata Yadira Juárez, quien trabajó por más de nueve años en una planta de Tipitapa. "Si la línea tiraba 800 piezas al día, en deshilache yo tenía que tirar todo eso. Si era en afinamiento, cuando yo no daba abasto entonces pedían ayuda a otra gente, pero yo no escapaba de mis 300 o 400 piezas de afinamiento diario”, describe Juárez sobre la jornada que hacía en la empresa textil en la que laboró hasta 2020.

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Juárez comenzó las gestiones para obtener una pensión por incapacidad laboral ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en 2020, pero antes de conseguirlo fue despedida.

“Cuando estoy entrando de una cita médica, viene el representante del sindicato y me dice que yo iba a estar corrida ese día”, recuerda Juárez de su último día de trabajo, en octubre del año pasado.

“Yo no le he agarrado liquidación para nada a la empresa (...) Yo tengo derecho a pelear una indemnización. Por qué dígame, en qué lugar voy a agarrar trabajo yo con este daño (...) este daño es irreversible”, agrega la obrera, quien junto con 19 mujeres, se encuentra en un proceso judicial con el que buscan acceder a una liquidación justa.

"No puedo cerrar las manos, me duelen las rodillas, la columna"

María Mercedes Soza trabajó en diferentes plantas de la corporación de zonas francas, se retiró hace siete años y en 2020 consiguió una pensión por incapacidad laboral. // Foto: Oscar González Morales | Confidencial

María Mercedes Soza fue operaria en distintas empresas textiles, donde trabajó jornadas laborales de hasta 12 horas. “Tengo siete años de no laborar en maquilas, pero empecé cuando tenía 23 años”, cuenta la mujer de 45 años.

Las secuelas de aquellas largas jornadas están presentes en todo su cuerpo. “Yo las manos no las puedo cerrar. Mis rodillas me duelen demasiado, todo lo que es articular a mi me duele, porque lo que tengo es artritis reumatoidea, diabetes, hipertensión, problema lumbar y mi columna tiene una fisura, tengo fisura en los anillos, el coxis me duele demasiado, no puedo estar sentada mucho tiempo y no puedo estar parada mucho tiempo”, detalla.

Soza renunció frente a las condiciones de explotación laboral. Su último trabajo en una maquila fue en 2014 y hasta 2020 recibió una pensión por incapacidad laboral, equivalente al 50% de su salario.

Desde entonces debe ajustar su presupuesto a los 3000 córdobas que recibe por mes. Su lucha, es por conseguir un aumento justo de su pensión.

“Desde enero estoy gestionando para que me den la epicrisis y me la dieron hace 15 días, solamente la de la reumatóloga. Ahorita en junio me dan la del ortopedista, me mandaron a hacer placas, tengo que esperar que hagan el reporte para ver si me lo aceptan en el seguro, porque todavía tengo que esperar que ellos me digan qué más me falta”, describe Soza sobre el proceso de su caso.

“La supervisora me decía, ‘vas a parar el trabajo, lo que vos hacés no lo va a hacer aquel, quién me va a sacar tus piezas que no hacés’. Entonces le decía yo, ‘cada mes tengo que ir a pasar consulta, yo tengo que ir porque es mi tratamiento que me lo dan al mes. Si vos no me das permiso yo me voy a enfermar y va a ser peor, porque me vas hasta correr’. Entonces me dice ‘y quién te garantiza que no te puedo despedir’. Yo viví mucho tiempo así”, cuenta María Mercedes Soza.

Obreras son "desechadas"

Silvio Narváez es asesor jurídico del Movimiento María Elena Cuadra y atiende cada mes entre 20 y 25 casos similares de obreras en condiciones de explotación laboral.

“Son muchas las mujeres que están siendo golpeadas, maltratadas, enfermas, como producto del trabajo en las empresas textiles de la corporación de zona franca. Son mujeres que su vida laboral lleva alrededor de 30 a 25 años y al paso del tiempo, se han ido deteriorando por los diferentes factores de riesgo, que enfrentaron mientras trabajaban en la en las maquilas”, comenta Narváez.

“Viene desarrollando diferentes enfermedades, secuelas del trabajo y los movimientos repetitivos (...) Aquí no hay condiciones ergonómicas para darle al trabajador una mejor calidad laboral, que vaya en beneficio de su salud”, asegura Narváez.

Silvio Narváez es asesor jurídico del Movimiento María Elena Cuadra, en el que atiende casos de incapacidad laboral de las trabajadoras de las maquilas. Foto: Oscar González Morales | Confidencial

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Según el estudio Prevalencia de Trastornos Músculo-Esqueléticos en Población Trabajadora de la Maquila, el 16% de obreras encuestadas aseguraron padecer de algún problema osteomuscular. Cuando llegan las enfermedades, la empresas dan la espalda a sus colaboradores.

El caso de Francis Cruz: Trabas en el sistema de Salud y el INSS

Francis Cruz sufre trabas para conseguir el diagnóstico real del desgaste de sus rodillas en el Hospital Carlos Roberto Huembes. Foto: Oscar González Morales | Confidencial

Francis Cruz, de 45 años, tiene la mitad de su vida trabajando en empresas de zona franca. Al igual que Yadira y María Mercedes, Francis sufre los estragos en su salud por las extensas jornadas de trabajo y violaciones a sus derechos laborales.

“Desde las 7 de la mañana que me siento en mi máquina, me levanto hasta las 10. Cuando me levanto tengo que ponerme de pie y esperar un momento para poder comenzar a caminar, porque me cuesta, se me traban las rodillas, entonces no puedo levantarme y caminar ahí no más. No puedo”, relata Cruz, obrera en una planta en Ciudad Sandino.

Francis asegura que la necesidad de trabajo la hacen soportar el dolor en sus rodillas, mientras que el sistema de Salud pone trabas a su gestión de pensión por incapacidad laboral.

“En el Hospital Salud Integral me enseñó la placa el doctor, me dice, ‘tenés un desgaste severo en las rodillas, más en la derecha porque el golpe que recibiste (en un accidente cuando viajaba a su trabajo en una bicicleta junto a su pareja). Ideay y ahora aquí en el (Hospital Roberto) Huembes me vuelven a hacer todo, a comenzar de cero y me dicen que no tengo nada, que eso no es desgaste lo que tengo”, cuenta Cruz sobre el suplicio que vive para recibir un diagnóstico acertado.

“Yo pienso que ahí en el Roberto Huembes ellos tienen como un convenio con la zona franca. Porque la mayoría de los trabajadores, por ley, desde que usted entra a trabajar ahí, su contrato va al Huembes, entonces yo pienso que eso, eso es un convenio que ellos tienen. Ahí aunque uno se ande muriendo no le dan subsidio. Entonces yo pienso que ellos me imagino yo que le dicen, te damos a los trabajadores, a los clientes, pero no me les des subsidio”, señala Cruz.

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En dos ocasiones, la obrera intentó cambiar de clínica médica previsional al Hospital Salud Integral, donde atienden los accidentes de riesgo laboral de la empresa para la que trabaja. En ambas ocasiones, el INSS anuló su contrato y lo devolvió al Hospital Roberto Huembes, que era propiedad de la Policía Nacional, pero ahora es administrado por el Ministerio de Gobernación después que el ente policial fue sancionado por Estados Unidos por su participación en la masacre contra la Rebelión de Abril de 2018.

Desprotección total de las obreras

Según Silvio Narváez, el sistema de Salud y la Seguridad Social nicaragüense no suele otorgar pensiones por enfermedades e incapacidad laboral.

“Sospecho, que como Nicaragua estuvo un tiempo entre los países que más alto tenían los índices por enfermedades laborales, yo me imagino que están declarando muchas enfermedades laborales como comunes, para bajar esas estadísticas que son preocupación de la Organización Internacional del Trabajo. No creo que sea por lo económico, porque entre que te asigne una pensión por riesgo profesional y una pensión por enfermedad común, la diferencia es poca, casi no hay no”, teoriza Nárvaez sobre este fenómeno.

Aunque para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social la diferencia monetaria entre ambas pensiones sea estrecha, para las obreras sí es muy significativa.

“No es justo que en esta etapa de mi vida ellos me tiren y no puedan decirme ‘vamos darle una indemnización digna esta pobre mujer’, y no sólo yo soy, habemos un montón de mujeres que así salimos, hay mujeres que tienen hernias en columna, hay mujeres que tiene desgaste en sus rodillas. Es que no se imagina usted, cuando a nosotros esa empresa nos tiró como cualquier trapo que ya no se usa”, reclama Yadira Juárez, la obrera con lesión en el túnel carpiano que fue despedida tras nueve años de trabajo en una maquila de Tipitapa.

Pese a que existen instrumentos jurídicos en el Código Laboral, y sindicatos obligados a defender los derechos de los trabajadores, las obreras denuncian que son ineficientes en su deber y reclaman la discrecionalidad con la que se ejecutan las leyes en el país y la falta de fiscalización sobre los empleadores.

“Supuestamente tendrían que tener una regulación exacta, que regulación te podría decir, la aplicación del Código Laboral en su capítulo de Ley de Ambiente y Seguridad Laboral, pero aquí la aplicación es casi nula”, asegura Silvio Narvaéz, del Movimiento María Elena Cuadra.

Además de las condiciones de explotación laboral, las obreras de las maquilas deben aceptar las ofertas de salario más bajos de la región, que oscilan en unos 150 dólares, equivalentes a 5000 córdobas al mes, mientras que la canasta de servicios básicos supera los 14 000 córdobas.

“Desgraciadamente nuestros jóvenes están cogiendo para las maquilas y estos son los resultados. No se lo deseo a nadie, salir enfermo, de unas enfermedades que a veces uno dice que es una tontera, pero cuando estás en el caballo que estoy yo, es que uno dice: debí haber hecho tal cosa, me debí haber cuidado, me debí haber ido tal día, me hubiera salido. Pero uno cuando está metido en una empresa solo se enfoca que eso es lo único que se tiene, que en la calle no hay trabajo”, reflexiona María Mercedes Soza.

“Le digo a una persona joven, peleá tu derecho, por qué derecho que no se pelea, es derecho que se pierde. Ahora que vienen las elecciones, nosotros debemos de ver que aquella persona que va agarrar un gobierno, que lo primerito que se fije en las necesidades del pobre, de los trabajadores de las maquilas. Que pongan un granito de arena ahí, para que no sean maltratados los nicaragüenses, porque eso es lo que somos, maltratados por gente extranjera”, dice Juárez, y agrega: “Yo le pido a mi Dios, que si va a haber un cambio de gobierno en este país y la persona que agarre este cambio, que mire primero la justicia de los trabajadores”.