17 de mayo 2021
El tiempo corre en contra de los dirigentes opositores nicaragüenses, quienes, tras el fracaso de una alianza electoral, analizan con reservas un “acuerdo político” que permita la unidad. De no llegar a buen puerto, las próximas elecciones se dirimirán en una contienda a cuatro bandas: el Frente Sandinista, por un lado; un grupo de partidos colaboracionistas, por otro; y la gran mayoría azul y blanco partida en dos: la Alianza Ciudadana con Ciudadanos por la Libertad (CxL) por un lado, y la Coalición Nacional con el Partido Restauración Democrática (PRD), por el otro. Así, este es el mejor escenario para la continuidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder, en unas elecciones bajo estado policial con la maquinaria electoral controlada por el FSLN.
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Analistas políticos coinciden en que, la reciente reforma electoral y la elección de magistrados del Poder Electoral, afines al oficialismo, ponen cuesta arriba un posible triunfo opositor; y ahora, la división del voto azul y blanco facilitará más la materialización de un fraude electoral, advertido ya por organizaciones nacionales e internacionales.
“Aquí (en Nicaragua) básicamente habrá una elección donde ya se sabe quién va a ganar. Las reglas del juego se han definido de manera que haya un solo ganador, con un nombre y apellido: el Frente Sandinista con Daniel Ortega”, aseguró el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y la Estabilidad Económica en Washington, EE. UU.
Dijo que para “desenmascarar” ese fraude los opositores necesitan “ganar” con una diferencia de “más de 200 000 votos”.
“Todas las encuestas muestran que el rol del Frente Sandinista y Daniel Ortega ha venido decayendo y no subiendo; entonces el problema es que el fraude, como ya existe, para demostrarlo hay que identificar realmente una diferencia electoral gigantesca, para que sea imposible para Ortega ocultarlo”, explicó el politólogo durante una entrevista con el programa Esta Noche.
La socióloga e investigadora nicaragüense Elvira Cuadra, exiliada en Costa Rica, detalló que las próximas elecciones no cumplen “las condiciones para que la ciudadanía ejerza su voto en plena libertad”, porque el sistema electoral completo “está controlado por Ortega”; las recientes reformas “no corrigieron las perversiones sino que las agravan”, y se mantiene sobre la ciudadanía una política de represión y el estado de excepción de facto que impide ejercer derechos fundamentales como el de la movilización y la libertad de expresión”.
“En esas condiciones, ninguna fuerza política de oposición tiene oportunidades frente a los Ortega-Murillo. De allí que no importa a cuántas bandas se realicen las elecciones. Los resultados están predefinidos”, subrayó Cuadra, aunque resaltó que la división opositora “es un factor facilitador para Ortega”.
Añadió que “la división puede dar como resultado un (Poder) Legislativo sin una fuerza opositora importante, que sirva de contrapeso a Ortega”. En la actualidad, la Asamblea Nacional está dominada por el Frente Sandinista —con 71 diputados de 92—, y cuenta además con la colaboración de otros partidos, convirtiéndose en una aplanadora a favor de las leyes orteguistas.
De alianza electoral a acuerdo político
Durante semanas, miembros de la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana intentaron pausadamente negociar una alianza electoral de cara a los comicios del próximo 7 de noviembre; sin embargo, todos los esfuerzos eran infructuosos y ningún sector exigía resultados concretos.
El Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el orteguismo, sacudió el escenario político con la divulgación, el jueves 6 de mayo, de un calendario electoral que, como primer efecto inmediato, estableció el miércoles 12 de mayo como fecha límite para inscribir las alianzas electorales. El anuncio provocó que los diferentes actores políticos intentaran a la desesperada concretar, en seis días, un acuerdo que no amarraron en meses.
Las negociaciones de esos seis días estuvieron dominadas por dimes y diretes, acusaciones y descalificaciones mutuas entre ambos bloques opositores. El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), de la Alianza Ciudadana, y el Partido de Restauración Democrática (PRD), de la Coalición Nacional, son los principales señalados del fallo opositor, al recaer en ellos la responsabilidad de firmar la alianza electoral.
El CxL, encabezado por Kitty Monterrey, inscribió el 12 de mayo una alianza electoral con el Partido Movimiento Unidad Costeña (Pamuc), denominada: “Alianza Ciudadanos por la Libertad”.
Ante la fallida alianza electoral, dirigentes de ambos bloques hablan ahora de una “alianza política”, cuyo éxito está supeditado a que organizaciones de la Coalición Nacional decidan separarse y adherirse a la Alianza Ciudadana. Las situación que es analizada por cada uno de los integrantes de la Coalición, por lo que todavía no hay una declaración en conjunto.
“Como plataforma (Coalición Nacional), hasta el momento, no estamos considerando esta propuesta (de alianza política) dado que fue imposible consensuar de manera transparente, flexible y conjunta unos puntos básicos y mínimos para una alianza electoral”, comentó Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
“No imagino qué pasaría si nosotros fuéramos a inscribirnos dentro de las estructuras de este partido (CxL), dado que esto implicaría la desaparición de la Coalición Nacional y que nosotros tuviéramos que supeditarnos a las reglas del juego de la señora Monterrey”, añadió.
Óscar Sobalvarro, vicepresidente de CxL, aseguró que la Alianza Ciudadana mantiene abierto el espacio para los miembros de la Coalición, aunque aclaró que los aceptarían “bajo las condiciones que vino la Alianza Cívica: sin pedir nada, más que por el amor a Nicaragua”.
“Estamos abiertos a escuchar cualquier tema que quieran discutir con nosotros, en el caso del Movimiento Campesino hemos sido muy abiertos porque entendemos que el campesino es liberal”, señaló.
Sobalvarro indicó que, dentro de la Alianza Ciudadana, el CxL atiende a los partidos políticos, y la Alianza Cívica a los movimientos sociales u organizaciones de la sociedad civil, como la UNAB. Sin embargo, CxL ha conversado bilateralmente con el Movimiento Campesino “porque son liberales”.
José Dávila Membreño, director ejecutivo de la Alianza Cívica, dijo que las negociaciones con la UNAB “están bastante lentas”, aunque seguirán insistiendo porque están interesados en que la sociedad civil esté unida.
Situación del PRD
Una eventual alianza política dejaría en el limbo al PRD, ya que no entraría entre las organizaciones parte del acuerdo. Además, que este partido perdería su personería jurídica, sino presenta un candidato en las próximas elecciones, lo que haría en solitario, si los demás integrantes de la Coalición se adhieren a la Alianza de Ciudadanos por la Libertad.
Respecto a ese partido, Sobalvarro fue tajante: “El PRD ya no cuenta acá. Es un partido que está al servicio de los intereses del Gobierno; le mintió a la población, le mintió a sus aliados”.
Las críticas en contra del PRD han surgido también desde dentro de su plataforma opositora. Medardo Mairena, precandidato presidencial por parte del Movimiento Campesino, declaró al diario La Prensa que “dentro de la misma Coalición creo que el PRD nos falló y es esa la inconformidad que hay…si no hay esa lealtad entre nosotros mismos es obvio de que no nos podemos sentir representados en un partido político”.
Tamara Dávila, coordinadora rotativa de la Coalición Nacional, indicó a medios de comunicación que, en una reunión del pasado miércoles por la noche, “increparon” a los dirigentes del PRD y les señalaron que cometieron “un error” al no responder a un llamado que hizo Kitty Monterrey, para asistir a un encuentro ese día.
Pese a las críticas contra el PRD, las dirigentes de la UNAB —Dávila y Zamora— han asegurado que la Coalición Nacional correría en la casilla 14 de este partido en las elecciones. Además, el PRD es el único partido con personería jurídica dentro de la plataforma opositora, luego que el partido indígena Yatama se retiró del bloque, por la expulsión del diputado Brooklyn Rivera, quien en la Asamblea Nacional votó a favor de la reelección del magistrado sandinista Lumberto Campbell.
El factor tiempo
La potencial alianza política enfrenta también un plazo para materializarse. El calendario electoral establece que, entre el 28 de julio y 2 de agosto, los partidos políticos y alianzas electorales deberán presentar y registrar una lista provisional de sus candidatos a presidente y vicepresidente; diputados nacionales y departamentales; y diputados ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Fuentes de ambos bloques coinciden que la alianza política debe darse antes de que inicien, por separado, sus procesos de selección de candidatos, ya que luego será “imposible” coordinar las listas elegidas por las bases.
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“Hay dos tiempos en esto (alianza política): antes de la selección del candidato (presidencial); si hay una decisión de participar con sus precandidatos debería ser ya, de inmediato”, sentenció Sobalvarro.
Añadió que si no lo hacen en ese momento, tienen dos meses para poder integrarlos, pero “bajo otras condiciones”.
El vicepresidente de CxL aseguró que, de darse una alianza política, la Alianza Ciudadana no cambiaría su mecanismo para elegir al candidato presidencial, sino que los demás precandidatos se inscribirán en la contienda interna y competirán juntos a los cuatro aspirantes presidenciales de la plataforma: Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Noel Vidaurre y Américo Treminio.
Mecanismos de elección de candidatos
El mecanismo de selección del candidato presidencial establece dos debates y dos encuestas para determinar al ganador. Según Sobalvarro, este proceso fue suspendido para esperar el resultado de las negociaciones con el PRD y la Coalición Nacional.
“Pretendemos que los debates sean televisados y transmitidos por radio, en medios con cobertura nacional”, comentó el político, quien destacó que todavía no tienen una fecha establecida para los debates, y que las encuestas se harán después de cada foro. “Esperamos definir las fechas esta semana”.
Zamora señaló que la Coalición suspendió desde hace semanas el tema de la selección de candidatos, para abocarse a la materialización de la alianza electoral.
“Vamos a determinar el mecanismo por el cual se puedan presentar candidaturas independientes, de personas que deseen unirse a la Coalición; y establecer un período definitivo para que este proceso de selección democrática de candidatos se lleve a cabo de consenso y en común acuerdo de todas las partes”, resaltó.
Según la dirigente, lo único acordado es que la elección del candidato presidencial se hará a través de un mecanismo mixto (presencial y virtual), aunque falta definir el porcentaje que aportará, al total, cada modalidad.
“Se estaba discutiendo si las encuestas vinculantes estarán abiertas a toda la ciudadanía. También estamos esperando la propuesta técnica, para saber si se hará por departamento; por regiones; o un mecanismo de consulta nacional simultáneo”, subrayó Zamora.
La teoría del “voto útil”
El precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana, Arturo Cruz, se mostró confiado en que el llamado “voto útil” favorecerá a los candidatos de este bloque opositor.
“De cara al futuro (veo) tres plataformas electorales, la de Alianza Ciudadana, por un lado; la del PRD, por otro lado; y la del PLC–ALN por otro, me parece que eso va hacer inevitable (...) Es un escenario que personalmente no me preocupa, porque yo si soy creyente de un voto útil”, dijo Cruz en una entrevista en Canal 10.
“La gran mayoría de los nicaragüenses ya saben por quién votar y van a votar por el voto útil”, afirmó el aspirante presidencial. En el mismo sentido, Sobalvarro manifestó que la elección solo será a dos bandas: “el Frente Sandinista y nosotros (CxL), no veo a otro bloque (opositor)”.
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En un artículo de opinión, el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de CONFIDENCIAL, recordó que recientes encuestas “han detectado un porcentaje importante de votantes azul y blanco que, así como premian la unidad sumando votos, pueden castigar la división con su abstención”.
“La experiencia histórica de 2006 demuestra que, ante la ausencia de un liderazgo opositor carismático, el electorado se dividió en dos bloques liberales (ALN y PLC) y el MRS que juntos sumaron el 62% del electorado y no hubo ‘voto útil’ que lograra el 35% o 40% para impedir el triunfo de Ortega en primera vuelta”, escribió Chamorro.
Un analista político, vinculado al nuevo intento por una unidad y que prefirió omitir su nombre, valoró que “la única posibilidad de derrotar a Ortega es el voto masivo, que no se da por casillas”.
“El voto va a ser masivo si las candidaturas son atractivas, no es porque alguien desde fuera diga mi casilla es la mejor. El asunto —señaló la fuente— está en que haya una candidatura que permita a la ciudadanía tener empatía, que esté dispuesta a arriesgarse a votar y defender el voto”.