8 de mayo 2021
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En las diatribas de Daniel Ortega en contra de las sanciones que distintos Gobiernos han aplicado a sus negocios privados y al patrimonio mal habido de sus secuaces, de manera recurrente apela a su vieja retórica sobre la soberanía, la violación a los derechos humanos y el sufrimiento de los pueblos.
En el mejor de los casos, estos discursos reflejan la manía enfermiza de los tiranos que, en sus delirios mesiánicos, llegan a sentirse la encarnación de la patria y la personificación de los intereses populares. Algo hay de eso en la expresión “el pueblo presidente”. Más allá de las alucinaciones mesiánicas, Ortega está lo suficientemente informado de que las sanciones norteamericanas, por ejemplo, en nada han afectado las relaciones económicas con Estados Unidos: ni exportaciones, ni importaciones, ni remesas, ni transacciones con zonas francas, ni los créditos recientes de las instituciones financieras multilaterales. Al contrario, el monto de esas transacciones se elevó en 2020, a pesar de la pandemia y sus impactos económicos negativos en ese país.
Por consiguiente, se trata más bien de alocuciones hipócritas que pretenden encubrir su reconcomio por los perjuicios y trastornos que provocan a sus negociados las referidas sanciones.
Sin embargo, hay sanciones que sí perjudican gravemente la soberanía nacional, la soberanía popular, los derechos humanos y las condiciones de vida de los nicaragüenses. Son las sanciones que impone el mismo Ortega.
¿Hay mayor sanción a la soberanía nacional que la hipoteca mafiosa pactada por el dictador con el especulador chino Wang Jing para el proyecto de canal interoceánico?
La 'ley vendepatria' sigue vigente y todavía no sabemos qué zanganadas pueden haberse realizado, o estarse realizando, al amparo de esa concesión ignominiosa. Ese atentado a la soberanía nacional sanciona al país con una hipoteca que tiene un plazo de cien años.
¿Hay mayor sanción a la soberanía popular que los circos electorales montados por el dictador para burlar la voluntad soberana del pueblo que debería expresarse en elecciones libres? Y ahora, ahí va de nuevo a montar otro circo electoral.
Pero el dictador también ha castigado y castiga al pueblo nicaragüense con otras costosas sanciones.
Sancionó a los pensionados del INSS, al arrebatarles aproximadamente 800 millones de córdobas con una maniobra monetaria. Las modificaciones a la tasa de deslizamiento cambiario fue la mampara del despojo artero, el cual pasó de noche para la mayoría. Es hasta el momento en que se enfrentan a la pulpería y ya no pueden comprar lo que antes adquirían con sus raquíticas pensiones, que los jubilados se percatan del golpe. Pero no saben de dónde viene.
Sancionó a los afiliados actuales, de toda edad, ingreso o profesión, al elevar las cotizaciones, por un lado; y, por otro, al reducir drásticamente las pensiones de retiro. Lamentablemente, caen en el vacío los lamentos de los nuevos jubilados cuando constatan cómo los sacrificios de toda una vida quedan reducidos a pensiones ridículas. Lo más repudiable es que estas sanciones se imponen para cubrir la crisis financiera del INSS, provocada por el despilfarro, la corrupción y la incompetencia de los sirvientes del régimen.
El dictador también impone sanciones onerosas a empresarios de todo tamaño con la reforma fiscal, el aumento del aporte al INSS y los abusos aduaneros. Millones de córdobas son succionados diariamente a las empresas y a la actividad productiva para que la dictadura pueda sostener el aparato estatal y sus mecanismos represivos.
Son igualmente sanciones las confiscaciones y la ocupación de propiedades, principalmente a ciudadanos opositores.
A las generaciones presentes y futuras, la dictadura les colocó una piedra en el cuello con el aumento de la deuda pública interna y externa, la cual, a la postre, en el presente y en el futuro se descarga sobre las espaldas de los contribuyentes. Casi en mil millones creció la deuda pública en 2020 y en 2021 crecerá otro tanto.
Y son castigos cotidianos a trabajadores, empresarios y consumidores, los fraudulentos precios del combustible, las elevadas tarifas eléctricas y el abuso con los recibos. Esa sanción cotidiana tiene como contrapartida la insaciable voracidad de la mafia en el poder, pues está claro que el dictador está metido en ambos negocios, la energía y el combustible.
Pero también el dictador impone crueles sanciones físicas. La represión generalizada, los encarcelamientos, persecuciones, allanamientos ilegales. Las torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones y masivas violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses más bien han llevado a organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales a señalar a la dictadura de perpetrar delitos de lesa humanidad.
Y, por si fuera poco, amenaza a los nicaragüenses en el exterior con la ley hija de Putin -que ellos llaman de agentes extranjeros-. Pretende sancionar a los banqueros para forzarlos a que abran operaciones financieras a los mafiosos; intimida con la ley que establece la cadena perpetua y se reserva la facultad despótica de encarcelar por 90 días a cualquier ciudadano, sin ningún tipo de juicio.
El vendepatria que mancilla la soberanía nacional con la concesión oprobiosa al chino Wang Jing; el sujeto señalado internacionalmente de ser responsable por violaciones masivas a los derechos humanos de los nicaragüenses, incluyendo delitos de lesa humanidad; el dictador que burla la soberanía popular imponiendo circos electorales; el personaje que avasalla, intimida, chantajea y castiga; es el mismo que gimotea por las sanciones a sus negocios y nos habla de soberanía y derechos humanos.
Cuando el dictador hable de sanciones, lo que tenemos que hacer es recordar las despiadadas sanciones con las cuales él castiga cotidianamente al pueblo nicaragüense.
