7 de mayo 2021
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El Consejo Supremo Electoral (CSE) convocó este jueves seis de mayo para las elecciones generales que se celebrarán el 7 de noviembre, en las que millones de nicaragüenses elegirán presidente, vicepresidente y diputados para la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Aunque no existen garantías de un proceso electoral justo y transparente como demanda la ciudadanía, opositores y comunidad internacional.
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En la antesala de la convocatoria al proceso electoral, la Asamblea Nacional nombró nuevos magistrados parciales a los intereses del mandatario Daniel Ortega y aprobó una reforma a la Ley 331 o Ley Electoral, en la que mantiene las ventajas para el orteguismo.
De acuerdo al calendario electoral, aprobado por los nuevos magistrados, el próximo miércoles 12 de mayo es la fecha para presentar la solicitud de alianzas de partidos políticos. Tal situación obliga a la oposición a definir la posibilidad de una casilla única en los próximos seis días.
El proceso electoral inicia con una oposición fragmentada. Los movimientos opositores que se organizaron tras la Rebelión de Abril de 2018 se encuentran aglutinados en dos grandes grupos. En un extremo, la Coalición Nacional, que tiene a su disposición la casilla 14 del Partido Restauración Democrática (PRD) y, en otro, la Alianza Ciudadana, cuenta con la casilla 15 del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Diez aspirantes opositores a la Presidencia han manifestado su disposición a participar en unas elecciones primarias y mantienen viva la esperanza de la unidad.
#AHORA | El calendario electoral para las próximas elecciones generales establece el 12 de mayo como plazo para la solicitud de inscripción de alianzas políticas, apenas un día después de su publicación en La Gaceta ➡️ https://t.co/WCktwSFZ1y pic.twitter.com/nEDvUn0buK
— Confidencial Nicaragua (@confidencial_ni) May 7, 2021
El calendario electoral establece también que la presentación e inscripción de candidatos debe darse entre el 28 de julio y el 2 de agosto. Esto implica que para esa fecha, ya sea en una eventual casilla única o separadas, las plataformas opositoras deben tener concluidos sus procesos internos de escogencia de candidatos presidenciales.
Mientras tanto, el gobernante Frente Sandinista ya completó su tendido electoral y estableció un sistema de visitas “permanentes” a instituciones públicas, universidades, mercados y barrios de diferentes ciudades de Nicaragua, con el fin de renovar la militancia del partido. Las Unidades de Victorias Electorales (UVE), que dirige la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo, tienen a su cargo organizar mítines políticos y promover la organización territorial del FSLN.
Se espera que en los próximos meses el mandatario Daniel Ortega presente su candidatura para un cuarto periodo presidencial consecutivo.
Reformas electorales a la medida de Ortega
Este lunes tres de mayo, los diputados reeligieron a los magistrados Lumberto Campbell y Mayra Salinas, del Frente Sandinista. Además, nombraron a Brenda Rocha Chacón, Alma Nubia Baltodano Marcenaro, Devoney McDavis Álvarez y Adriana Marina Molina Fajardo propuestos por el FSLN.
También fueron nombrados los candidatos propuestos por partidos colaboracionistas: Cairo Amador, propuesto por la Alianza Liberal Nicaragüense; Leonzo Knight propuesto por el Partido Conservador, Alberto Blandón por el Partido Liberal Constitucionalista, y Maura Lizet Álvarez, propuesta por el Partido Liberal Independiente.
El CSE anunció que los magistrados Brenda Rocha y Cairo Amador fueron elegidos como presidenta y vicepresidente, respectivamente, de ese poder del Estado. La elección ocurrió horas después de ser juramentados en la Asamblea Nacional, este jueves seis de mayo.
El cambio de autoridades electorales se debió a que los anteriores magistrados tenían sus cargos vencidos y en sus hojas de vida destacan los fraudes electorales de 2008, 2011, 2016. Observadores nacionales e internacionales, firmas encuestadoras y partidos políticos han demostrado que el Poder Electoral se ha convertido en la maquinaria del fraude del FSLN.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición organizada han demandado la realización de una reforma electoral que garantice elecciones libres, justas y transparentes. Pero el régimen de Ortega rechazó abiertamente las reformas electorales propuestas por la OEA y aplicó una serie de cambios superficiales que no garantizan que el voto de los nicaragüenses será bien contado.
La última resolución de la OEA sobre Nicaragua hace énfasis en la necesidad de un “proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión”. También plantea la necesidad de un registro abierto de nuevos partidos políticos; la revisión técnica independiente y actualización de los registros electorales y auditoría independiente de las listas de votantes; una gestión transparente y eficaz del registro de votantes y de distribución de cédulas de identidad y centros de votación.
En cambio, la reforma electoral del orteguismo establece que los aspirantes a cargos públicos tienen prohibido recibir cualquier tipo de financiamiento proveniente del extranjero, incluso de nicaragüenses que residen en otros países. De hacerlo, los candidatos podrían ser inhibidos y el partido político perdería su personería jurídica. En cambio, los partidos colaboracionistas con el régimen gobernante tendrán derecho al financiamiento del Estado para la campaña aunque no logren ni el 4% de votos válidos en las urnas.
Mientras tanto, una propuesta elaborada por el Grupo Promotor de Reformas Electorales sostiene que en el sistema electoral actual no existen condiciones para garantizar elecciones libres, justas y transparentes, mientras el régimen también ha conculcado el derecho a la observación electoral nacional e internacional y trasladó a la Policía Nacional la potestad de regular los mítines políticos.
La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo y sus aliados políticos, juramentó a los nuevos magistrados electorales. Foto: Confidencial | Tomada de la Asamblea Nacional.
Tras la Rebelión de Abril
La nueva cita electoral ocurre tres años después que el Ejecutivo se negó a adelantar las elecciones como salida a la crisis sociopolítica provocada tras la represión y matanza orteguista contra la Rebelión de Abril en 2018. Protestas multitudinarias contra el Gobierno fueron sofocadas a palo y plomo, dejando 325 asesinados entre abril y septiembre de ese año, decenas de desaparecidos, miles de heridos, más de 1600 presos políticos, de los cuales más de cien continúan en prisión, y más de 100 000 exiliados que huyen de la persecución política.
El régimen de Ortega –que controla todos los poderes del Estado– está señalado, además, de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas contra los derechos humanos, según amplios informes de defensores nacionales e internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al que el régimen expulsó en diciembre de 2018, previo a la presentación del informe en el que confirmaron que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad.
Las víctimas de la represión y sus familiares no han obtenido justicia y exigen cambios profundos en el sistema político del país. Pero en la antesala del proceso electoral el régimen intenta normalizar un estado policial de facto, que anula las libertades democráticas y los derechos constitucionales.
En septiembre de 2018 el Gobierno declaró ilegales las protestas ciudadanas. Desde entonces, todo intento de protesta ha sido negado, sofocado o reprimido, mientras decenas de nicaragüenses, son asediados en sus viviendas o perseguidos por policías o simpatizantes del régimen.
