7 de mayo 2021
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La procuradora general de la República, Wendy Morales, tergiversó la realidad nicaragüense en una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La funcionaria orteguista aseguró que la Policía Nacional “no acosa” a los organismos de derechos humanos, ya que las patrullas policiales que persiguen y hostigan a los activistas, “es la forma que tiene el Estado para darles seguridad y cumplir con las medidas cautelares otorgadas por este organismo regional”.
Así fue como se defendió Morales ante la Corte IDH, ante los alegatos de defensores de derechos humanos de Nicaragua que acusan al régimen orteguista de “acoso e impedimento” para que puedan realizar sus labores, por el asedio la Policía orteguista.
El pasado 22 de abril, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció públicamente que durante una actividad en Chinandega fueron asediados por la Policía y los paramilitares. Los oficiales ingresaron y ordenaron abandonar el local. Los funcionarios del organismo fueron escoltados por la Policía y los paramilitares hasta que salieron de la ciudad.
Para Morales, lo que en realidad hizo la Policía fue cumplir con las medidas cautelares otorgadas a la CPDH, que establecen garantizar su seguridad en todo el territorio nacional y gracias a su presencia ese día no ocurrieron incidentes en contra de los defensores de derechos humanos.
“El pasado 21 de abril, en horas de la mañana Karla Sequeira y Pablo Cuevas Ingresaron a la ciudad de Chinandega para reunirse con Francisco José Ríos Méndez y conocidos opositores de esa ciudad, por lo que, para asegurar dicha actividad se presentaron oficiales de la Policía para garantizar que la actividad política transcurriera con normalidad, a como sucedió sin ningún contratiempo. Y en procura de salvaguardar la seguridad e integridad de los beneficiarios fueron escoltados hasta las afueras de la ciudad de Chinandega”, alegó Morales.
Casos de Carmona y Acevedo
La procuradora general indicó además que una de las denuncias de asedio reportadas por el secretario general de la CPDH, Marcos Carmona, “en realidad” se trató de una queja presentada por la ciudadana Karen Valeria Contreras, quien supuestamente denunció por intimidación al activista y a su hijo.
Sin embargo, el 11 de septiembre de 2020, Carmona denunció que policías y encapuchados dispararon en contra de su hijo en Ciudad Belén. Cuando el secretario general de la CPDH intentó denunciar ante la Policía, se le impidió el ingreso a las instalaciones policiales y posteriormente también en Plaza El Sol.
La procuradora señaló que el asedio que recibió el abogado Evert Acevedo, del mismo organismo, durante un viaje a Ometepe, en realidad se trató de una medida preventiva realizada por la Policía, ya que —según ella— Acevedo fue denunciado en 2016 por “hurto y estafa, y nunca fue arrestado”.
“Nuevamente los beneficiarios (de medidas cautelares) reclaman asedio y amenazas. Afirmaciones que resultan cuestionables e insostenibles”, dijo Morales.
Acevedo realizó una conferencia de prensa —posterior a la sesión de la Corte IDH— junto a otros miembros de la CPDH, donde presentó su récord policial, en el que no aparece ningún antecedente.
“Nunca he tenido problemas con la Policía”, dijo Acevedo, quien comentó que le preocupa lo alegado por Morales, pues considera que le están fabricando delitos, como ocurre con los presos políticos. “Mi familia me llamó asustada pensando que me van a detener, por eso estoy aquí, dando la cara, diciendo que nunca he tenido problemas”.
Defensores de derechos humanos: perseguidos, asediados y bloqueados
La abogada de la CPDH, Karla Sequeira, respondió ante los señalamientos de Morales, que desde abril de 2018 el organismo ha logrado documentar más de 153 actos represivos en su contra, que van desde asedio a detenciones ilegales de parte de la Policía y grupos paramilitares.
“Es mentira que la Policía quiera resguardar la seguridad de defensores de derechos humanos”, dijo Sequeira, a la vez que recordó que al hijo de Carmona le dispararon mientras iba en su vehículo, y que a diferentes grupos de defensores de derechos humanos los han asediado mientras realizan actividades en los departamentos, llegando al punto, incluso, de cerrarles el paso para que no puedan ingresar a algunas ciudades.
Además, según Sequeira, la CPDH, a pesar de querer cumplir con el requisito de inscribirse como Agentes Extranjeros basado en la ley aprobada por el orteguismo en octubre de 2020, se les han puesto trabas y “no nos permiten la inscripción porque siempre nos piden un requisito extra”.
“Han querido simular lesiones”
La procuradora Morales destacó que miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) se metieron en actividades para las que no les fue otorgada su personería jurídica.
Según la funcionaria, el Cenidh actuó al margen de la ley al operar sin Junta Directiva y no notificarlo al Ministerio de Gobernación, para pedir un mayor plazo para presentar a la nueva directiva, dentro de lo establecido en la legislación nacional. Además, dijo, el organismo no presentó su informe financiero de 2015.
Aseguró que los miembros del Centro, al igual que otros defensores de derechos humanos del país han podido desarrollar sus actividad sin ningún tipo de problema, a la vez que se refirió a la denuncia que realizó la presidenta de la Asociación Madres de Abril (AMA), Francys Valdivia, de haber sido detenida, desnudada, fotografiada y agredida por la Policía orteguista el pasado 20 de abril.
“Ninguna de las personas detenidas durante los sucesos, (y) que fueron detenidas para efectos de requerirles información, ninguna fue lesionada y se encuentran ejerciendo las funciones y sus actividades de forma amplia y no existe ningún tipo de lesión física a esas personas que han querido simular las lesiones que han manifestado”, dijo Morales.
Sin embargo, un video publicado por AMA en redes sociales muestra la forma violenta en que fueron detenidas Valdivia y su mamá, mientras realizadas un homenaje a su hermano Franco Valdivia, asesinado durante los eventos de la rebelión de abril de 2018.
La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, detalló que en algunos casos la presencia policial es desproporcionada y no corresponde a la intención de garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos, sino, por el contrario, de intimidarlos.
Eso ocurrió el 22 de abril cuando el Cenidh daría una conferencia de prensa junto a Valdivia para reportar sobre los sucesos que acontecieron durante el homenaje a su hermano. Más de 50 antimotines se presentaron al lugar en lo que Urrejola consideró un número totalmente desproporcionado de agentes que contraviene las disposiciones de la Corte para garantizar que el Cenidh continúe realizando su labor de derechos humanos.
“En abril pasado, 50 agentes de la dirección de operaciones especiales se instalaron en las afueras del lugar de trabajo del Cenidh en Managua. Vestidos con uniformes negros, chalecos antibalas, escudos antimotines, armas de fuego largas AK47 y acompañados con varios oficiales de línea de la Policía Nacional a bordo de tres patrullas.(…) Además de corresponder a un número desproporcionado de contingencia policial especializada, y al uso de armas de guerra, todo con fines claramente intimidatorios, contraviene de manera específica el requerimiento de esta honorable Corte al Estado a continuar las labores de derechos humanos del Cenidh”, alegó Urrejola.
Vigilancia a familiares y vecinos de defensores de derechos humanos
Desde su exilio en Costa Rica, el presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, también denunció que, a pesar que él no se encuentra en Nicaragua desde que fue señalado por el régimen de haber participado en la masacre del barrio Carlos Marx, su familia y vecinos han seguido sufriendo del acoso de la Policía orteguista.
“La vigilancia y el hostigamiento continúa hasta hoy. Con la participación de agentes de la Policía han interrogado a mis vecinos y preguntan si me han visto llegar a mi casa”, denunció el defensor de derechos humanos.
Según expresó, lo mismo ocurrió con otro defensor de derechos humanos que decidió regresar del exilio y ha sufrido el acoso constante de oficiales de la Policía que constantemente interrogan a su familia y vecinos para saber su paradero.
La doctora Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, dijo que, incluso en la misma sesión con la Corte el Estado de Nicaragua continuaba estigmatizando y criminalizando la labor de los defensores de derechos humanos al acusarlos de “enemigos del Estado”.
“El Gobierno de Nicaragua llama a los defensores del Cenidh enemigos del Estado y nos expone al grave daño a nuestras vidas e integridad personal. (...) Tales descalificaciones e imputaciones delictivas son retomadas en plataformas digitales del partido de gobierno”, se quejó Núñez.
También recordó el acoso en su contra que no solo se deriva en ataques a redes sociales, sino también dijo que es perseguida con cámaras y teléfonos celulares incluso cuando hace uso de su derecho a la salud.
Eso ocurrió cuando Núñez fue a recibir la vacuna contra la covid-19, que es donada por organismos internacionales. Ella fue fotografiada y grabada por personal de Salud afín al régimen de Ortega.
