23 de abril 2021
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Al llegar al puesto de vacunación contra la covid-19, en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau, ubicado en las instalaciones confiscadas a la organización ambiental y de desarrollo local Popol Na, lo primero que se observa son tres oficiales de la Policía orteguista: dos de manga celeste y un antimotín armado que nunca se mueve del portón principal. Este es el único lugar de vacunación en Managua que cuenta con tanta vigilancia policial.
En el "centro familiar" hay dos entradas. En la primera, las personas que llegan a vacunarse (pacientes cardiópatas, oncológicos y mayores de 60 años con enfermedades crónicas) son recibidos por trabajadores de la Salud. Sin embargo, en el segundo portón, los oficiales son los encargados de la custodia. Aunque no fungen como un filtro de ingreso, la población, al verlos, se avoca a ellos.
Ese panorama contrasta con el ambiente del otro puesto de vacunación, instalado en el centro de salud Pedro Altamirano, en el que un trabajador sanitario se encarga de atender a la población desde el portón de ingreso, verifica el objetivo de la visita y si confirma que llega a vacunarse, entra y orienta el orden del proceso. En este lugar apenas hay un oficial que permanece afuera del centro.
En las antiguas instalaciones de Popol Na, los oficiales de manga celeste, un hombre y una mujer, se mueven con total libertad adentro del inmueble. Realizan una especie de ronda para verificar que todo marcha bien y vuelven al portón, o bien, permanecen por un momento cerca de la entrada principal, donde los familiares de los adultos mayores deben esperar que pasen los treinta minutos de observación, posterior a la vacunación.
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La oenegé Popol Na fue la última organización no gubernamental que el régimen asaltó, ocupó, confiscó y trasladó al Ministerio de Salud (Minsa) para que la convirtiera en parte de sus dependencias. Lo mismo hizo con las oficinas de la redacción de CONFIDENCIAL y Esta Semana; el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), el edificio de 100% Noticias y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) durante los primeros meses de 2021.
Las antiguas oficinas de esas organizaciones y medios de comunicación son ahora supuestas casas maternas, centros de atención de adicciones y hasta un centro de diabetología, pero, en realidad, muchas de estas permanecen con poca afluencia de pacientes o incluso, vacías.
CONFIDENCIAL constató, mediante una visita a la redacción confiscada, que el régimen orteguista convirtió en la casa materna “Camila López”, que no había una sola embarazada y que prevalecía el control policial en un lugar donde se supone las mujeres asisten para aprender nuevas habilidades y estar en un ambiente tranquilo.
La fundadora de Popol Na y comandante guerrillera, Mónica Baltodano, valoró que la permanencia de oficiales en una jornada de vacunación demuestra el “miedo y terror” del régimen orteguista al pueblo; incluyendo a los ancianos, que en 2018 salieron a las calles para demandar la derogación de la reforma a la Seguridad Social, en los primeros días de la Rebelión de Abril.
Baltodano calificó la inauguración del edificio por parte del Gobierno como un acto de facto, ya que desde el punto de vista registral o jurídico “no está en manos de ellos”.
Vigilancia en sitios simbólicos
La especialista en temas de seguridad, Elvira Cuadra, explica que el Gobierno siempre ha mantenido una vigilancia especial de sitios que considera "objetivos simbólicos", principalmente, después de 2018.
“Que estén policías en un centro de salud donde se está vacunando a personas de la tercera edad, es una evidencia de esa vigilancia y de la política de represión que ha impuesto el Gobierno sobre la sociedad nicaragüense para impedir las acciones de protesta. En este caso, las instalaciones de Popol Na son consideradas como un objetivo y por eso tienen policías vigilando el lugar”, indicó la especialista.
Cuadra advierte que la decisión de mantener a los oficiales a las afueras de Popol Na coincide con un período en el que se ha incrementado el despliegue policial por el año electoral y por la conmemoración del tercer aniversario de la insurrección cívica de abril. “Lo que muestra es que el Gobierno teme actos de protesta en sitios públicos”, expresó.
Uriel Pineda, especialista en derechos humanos, coincide con Baltodano y Cuadra, que la presencia policial en el centro de vacunación muestra “miedo” ante la posibilidad de reclamos por la arbitrariedad de despojar a una organización de sus oficinas de forma ilegítima. Los policías están ahí para disuadir cualquier intento de protesta, considera Pineda.
Pese a que prevalen el orden y la atención en los puestos de vacunación, como en el caso del centro de salud Pedro Altamirano, no se respeta el distanciamiento social recomendado de al menos dos metros. Foto: Nayira Valenzuela
Se mantienen aglomeraciones en vacunación contra la covid-19
Aunque prevalecen el orden y la atención esmerada por parte de los trabajadores de salud en la atención a los pacientes que llegan a vacunarse contra la covid-19 en el "Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau", el problema continúa siendo el riesgo de contagio por las aglomeraciones.
Las sillas, ubicadas bajo grandes toldos, están muy seguidas unas de otras, no se ha respetado el distanciamiento recomendado de dos metros. El área donde hay mayor rigurosidad con mantener una distancia prudente es en la sala de observación, donde el paciente debe permanecer por 30 minutos. Se espera que el viernes 30 de abril, Nicaragua cuente con 167 500 personas vacunadas con las primeras dosis de Covishield, según la meta planteada por el Gobierno.
