17 de abril 2021
En la víspera del tercer aniversario de la Rebelión de Abril, un grupo de congresistas estadounidenses, miembros de la Cámara Bipartidista, rechazaron la propuesta de reformas electorales impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y se solidarizaron con las víctimas de la represión; mientras, en Nicaragua se recrudece el estado policial de facto.
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“A medida que se acercan las elecciones de noviembre, Ortega ha profundizado la represión estatal de los derechos y libertades básicos de los ciudadanos”, advierten los congresistas en su declaración. “En lugar de cumplir con el compromiso de implementar reformas democráticas, Ortega ha impulsado nuevas leyes que amplían su control”, agregan.
Los congresistas valoran que las reformas orteguistas “muestran desprecio por las modestas solicitudes hechas por la comunidad internacional” y la califican como “otra cortina de humo que poco hará para enmascarar los planes de Ortega para noviembre”. Por estas razones instan a la comunidad internacional a estar alertas ante cualquier intento de inhibición de los candidatos opositores.
En la declaración firmada por los congresistas: Albio Sires, Mark E. Green, Juan Vargas, Maria E. Salazar, Debbie Wasserman Schultz y Mario Diaz-Balart, también se solidarizan con el pueblo de Nicaragua que “ha soportado sufrimientos evitables durante estos tres años” a manos de Ortega.
Policía reprime tímidos intentos de protesta
Pese al estado policial de facto, los miembros de la oposición han realizado protestas esporádicas que fueron reprimidas abruptamente por miembros de la Policía, una institución que además asedió en las viviendas de opositores y realizó patrullaje en los distintos departamentos del país.
El primero en ser reprimido fue el precandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, quien salió a correr con una bandera de Nicaragua en la mano. Una patrulla policial, que permanece afuera de su casa, le dio persecución y cuando Chamorro se detuvo a hondear el pabellón nacional, un oficial bajó del vehículo y se lo arrebató sin explicación alguna.
El precandidato reclamó a los oficiales por la arbitrariedad en su contra y llamó a las familias nicaragüenses a “no tenerles miedo”, puesto que, valora, el objetivo del régimen es “que no salgamos a las calles, que esta fuerza nos intimide”.
Un grupo de familiares de presos políticos –después de participar en una conferencia de prensa– también realizaron un plantón exprés en la entrada a la antigua Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, y fueron seguidos por agentes policiales hasta un centro comercial donde les arrebataron un teléfono celular y los carteles con las fotografías de sus parientes encarcelados.
Asedio policial en los departamentos
Los presos políticos excarcelados, Max Cruz y Marbi Salazar, también fueron asediados por oficiales de la Policía en su vivienda de Ometepe, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
⭕@cenidh recibió denuncia de hostigamiento en casa de los excarcelados Max Cruz y Marbi Salazar en la Isla de Ometepe. @cenidh CONDENA esta acciones represivas que evidencian la profundización de la campaña de terror a pocos días de cumplirse 3 años de la rebelión de abril 2018 pic.twitter.com/MTZLFO8uh8
— Cenidh (@cenidh) April 16, 2021
“El Cenidh condena estas acciones represivas que evidencian la profundización de la campaña de terror a pocos días de cumplirse tres años de la rebelión de abril 2018”, escribió el organismo en su cuenta de Twitter.
También, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más reportó asedio policial en contra de Marcos Arturo Herrera Beltrán, en la ciudad de Ocotal, quien les habría comunicado que durante dos días consecutivos los oficiales han llegado a su negocio y casa de habitación a realizarle fotografías y videos.
“Condenamos la constante persecución contra la ciudadanía que demanda el respeto de sus derechos humanos y libertades públicas, exigimos el cese de la represión contra el pueblo de Nicaragua”, dice un breve comunicado de los defensores de derechos humanos.
La lideresa autoconvocada Karelia de la Vega, conocida como Lady la Vulgaraza, también denunció que un grupo de oficiales la mantienen retenida en su vivienda ubicada en el sector de Pochocuape, al suroeste de Managua, violentándole de esta forma su derecho a la libre movilización.
La mujer relató –a través de una transmisión en vivo– que esta mañana se dirigía a un supermercado, pero los oficiales se apostaron afuera de su vivienda y no la dejaron salir. “Ahora ellos se creen dueños de Pochocuape, pero todo esto son patadas de ahogados los que están dando porque ellos van a perder”, señaló.
Periodistas temen más represión
Por su parte, la agrupación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció que, durante dos días consecutivos, reporteros de la ciudad de Managua fueron agredidos “física y verbalmente” por oficiales de la Policía.
“Estamos preocupados por la escalada de violencia contra periodistas independientes, contra medios independientes”, expresó Ileana Lacayo, de la Comisión Ejecutiva de PCIN. “Nos preocupa que en la violencia vivida hubo amenazas de muerte por parte de los policías. También nos pronunciamos porque en el marco de abril se ha elevado el hostigamiento hacia la sociedad civil”, agregó.
También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el "asedio, amenazas y requisas arbitrarias e ilegales" a periodistas independientes y llamó al Estado de Nicaragua a "propiciar un entorno de trabajo seguro para la prensa, garantizando la libertad de expresión en su dimensión individual y colectiva, mediante difusión de información e ideas de interés público".