15 de abril 2021
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La empresa de origen guatemalteco Corporación Tomza Sociedad Anónima, dedicada a la comercialización de gas LPG (que se usa, entre otras cosas, para cocinar), sufrió la expropiación de las instalaciones que construía en Tipitapa, lo que representó una pérdida de cuatro millones de dólares, y que dejen de crearse unos 235 empleos directos.
La empresa (dueña de Tropigas de Guatemala, sin relación con Tropigas de Nicaragua), llegó al país en 2015, y adquirió un terreno en Tipitapa, donde instaló tanques de almacenamiento y otras facilidades, contando con un préstamo concedido por un banco local, hasta que en 2016 recibió la noticia de que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), le revocaba los permisos.
Fernando Carreón, director de Relaciones Corporativas de Tomza Centroamérica, dijo a CONFIDENCIAL que la empresa decidió ingresar a Nicaragua en 2015, cuando los estudios de mercado mostraron que había espacio para una quinta empresa dedicada a ese negocio.
“Nos abrieron las puertas como a cualquier inversionista; obtuvimos los permisos municipales de construcción, y hasta conseguimos el financiamiento de un banco nicaragüense” para ejecutar la obra, que llevaba 92% a 95% de avance en el 2016, cuando la Procuraduría General de la República (PGR), les comunicó que el Marena les había revocado las autorizaciones.
El argumento fue que los tanques para almacenar el gas habían entrado al país de forma ilegal, aunque Carreón asegura que “tenemos los comprobantes del pago de impuestos, los documentos de internación, etc.”.
“Nunca entendimos cómo se dio el proceso que llevó hasta la revocación del Marena”, añadió explicando que, dado que otros permisos –como el de construcción o el de operación- requieren contar con el del Marena, esos permisos comenzaron a ser revocados.
Incluso si fuera cierta la versión de que no habían pagado al momento de internar los tanques de almacenamiento “¿qué tiene que ver Marena con algo que sería de Aduana?... a menos que tengan un acuerdo interministerial entre ellos”, reflexionó.
Proceso legal silencioso
En 2018 comenzó el proceso de expropiación, que fue completado el 17 de noviembre del 2020, cuando Jeanette de Concepción García Ortiz, procuradora nacional de la Propiedad, libró certificación de la Resolución 350-2020, emitida por la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, que finiquitaba el proceso de expropiación a favor del Estado de Nicaragua.
En la Resolución se lee que se hizo una inspección de las instalaciones, en las que se observó “infraestructura en desuso de planta de almacenamiento de gas licuado de petróleo”, pero Carreón explica que “si estaba abandonado, es porque desde el 2017 nos retiraron de la propiedad, que quedó resguardada por la PGR, así que creció la maleza” en el terreno.
“Desapareció todo el equipo técnico que teníamos ahí, y no sabemos dónde quedó”, añadió.
Carreón dice que aún entonces no llegaron a enterarse de la decisión de las instancias oficiales, y que solo comenzaron a darse cuenta de lo mal que estaba su situación en marzo del 2021, “cuando llegaron a pintar los portones de color verde, el mismo color que usa Petronic”.
La empresa fue “expropiada sin avisarnos, en plena pandemia de covid-19, por lo que era imposible viajar. ¿Por qué no nos permiten entrar al país? ¿Hay un interés detrás de esa decisión? ¿Por qué no han expropiado a los demás, o será que esto es solo el inicio de algo más fuerte, y van a expropiar a los demás?”, cuestionó.
Aunque no quiso detallar las acciones legales y gestiones que van a realizar a partir de este momento, el director de Relaciones Corporativas de Tomza Centroamérica, aseguró que están comenzando “procesos legales internos, [en Nicaragua], así como en otras instancias fuera del país”.
Al alabar las ventajas de una correcta competencia que, al final “es buena para todos”, el funcionario recordó que “hemos sido muy respetuosos al gestionar permisos, al cumplir nuestras obligaciones solidarias, al invertir”, por lo que no entienden el tratamiento que están recibiendo.
Nicaragua vista como mal lugar para hacer negocios
La decisión de la Administración Ortega generó mala prensa a su Gobierno, lo que deteriora aún más la imagen del país como un lugar apropiado para hacer negocios.
Un reporte de TV Azteca de Guatemala, presentó la noticia forrándola con imágenes de las agresiones y el acoso policial en contra de los ciudadanos que participaron de la Rebelión de Abril, exigiendo Justicia y Democracia:
Similares reportes se escuchan en el medio digital guatemalteco ‘Con Criterio’, así como en los medios salvadoreños ‘Última Hora’, ‘Diario La Huella’; ‘elblog.com’, o ‘ClaroObscuro’, la mayoría de los cuales también hace referencia a las ilegales confiscaciones de 100% Noticias y Confidencial.
