14 de abril 2021
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Este artículo resume el reporte “Las Crisis Convergentes en Nicaragua: Impacto y desafíos para apoyar a sus poblaciones vulnerables”, publicado por Nexo Sur – Norte en Febrero 2021.
Las diferentes crisis que han afectado a Nicaragua --sociopolítica, económica, pandemia y huracanes-- han tenido impactos combinados en la población, poniendo en mayor riesgo a las más vulnerables, y hacen necesario estrategias para evitar una crisis humanitaria generalizada.
La crisis sociopolítica y de derechos humanos desde abril 2018 deja, como resultado de la respuesta violenta del Gobierno a las manifestaciones pacíficas de la población, más de 325 muertos, miles de heridos, detenciones masivas y éxodo de más de 102 000 personas. Durante tres años, continuos esfuerzos de grupos de oposición por impulsar procesos de democratización se han reprimido. Se han reducido los esfuerzos de la comunidad internacional para mediar entre el Gobierno y los grupos de oposición. Las políticas del Gobierno buscan neutralizar a las organizaciones de sociedad civil. Un escenario incierto de unidad de la oposición, presiones internas e internacionales para elecciones libres y transparentes, parecen advertirnos de una situación sombría para resolver las crisis.
De la crisis económica se destaca una reducción del crecimiento del PIB en alrededor del 11.9 puntos porcentuales entre 2018 y 2020, según promedio de fuentes nacionales e internacionales. Dos pilares claves de la economía han sido erosionados: el turismo, sector que en 2019 disminuyó sus ingresos en 325 millones de dólares respecto a 2017, con 62 000 despidos y más de 80 000 familias afectadas; y las exportaciones de zonas francas, sector que en mayo 2020 tenía sólo la mitad de trabajadores activos. Siendo mayormente mujeres en ambos sectores, se augura desempleo y menos ingresos a estas familias. Asimismo, para 2021 se proyecta un crecimiento casi nulo; mientras persiste una política fiscal sin estimular la reactivación.
Sobre la pandemia, el análisis establece que “los países cuyas respuestas han sido más eficaces son los que aplicaron políticas tempranas y agresivas de contención y vigilancia, procesos rigurosos de pruebas y rastreo de contactos, mensajes públicos contundentes, paquetes de estímulo económico y mecanismos de ayuda financiera”. Aquí, las autoridades desacataron las recomendaciones de la OMS, con un manejo de la pandemia considerado errático. Ejemplo, a fines de 2020 el gobierno reconocía 124 muertes por COVID-19, mientras el Colegio Médico de Nicaragua estimaba 7569 mediante sobremortalidad por comorbilidades de COVID-19. Igualmente, la poca capacidad para manejar la pandemia amenaza la continuidad de servicios esenciales.
En noviembre 2020, agravando las crisis existentes, dos poderosos huracanes categoría 4 golpearon al Caribe Norte del país. Datos preliminares indicaron 256 comunidades indígenas con inundaciones, afectando 112,613 personas en Puerto Cabezas, Prinzapolka y Waspam. Más de 50 000 personas evacuadas, 70 000 familias sin agua potable y más de 8000 viviendas sufrieron daños. Según el ministro de hacienda, los huracanes afectaron a tres millones de personas en 56 municipios, con daños económicos estimados en 738 millones de dólares.
La pregunta obligada es: “¿Está Nicaragua ante una crisis humanitaria en ciernes?”. El informe indica que el efecto combinado de las crisis ha agravado la situación de los grupos vulnerables, siendo quienes se encuentran en extrema pobreza, con cuyos ingresos no cubren la canasta básica de alimentos, incrementando sus riesgos de acceso a servicios de salud; seguridad alimentaria- nutricional; agua, higiene y saneamiento; y condiciones básicas para generar ingresos. De acuerdo a CEPAL (julio 2020), la pobreza en Nicaragua pasó de 47.1% a 52.7% entre 2019 y 2020, y lo que es aún más preocupante, la pobreza extrema pasó de 18% a 22.8% durante el mismo período.
Se consideran poblaciones vulnerables: niñas y niños menores de 5 años; niñas y niños entre 6 y 9 años; adolescentes de 10 a 19 años; adultos mayores de 65 años; mujeres embarazadas y lactantes; personas con discapacidad; y personas con enfermedades transmisibles y no transmisibles. El total de personas en estas categorías y viviendo en pobreza extrema se estima de 760 000 - incluyendo 175 000 niños menores de 5 años, 36 000 embarazadas y lactantes, y 90 000 mayores de 65 años.
Recomendaciones para enfrentar crisis de Nicaragua en Salud
El reporte recomienda fortalecer el plan nacional de respuesta a la pandemia, asegurando la aplicación de protocolos y recomendaciones de la OMS/OPS. Asimismo, reforzar el acceso a la red completa de servicios, fortaleciendo los servicios materno-infantil, la gestión en salud sexual y reproductiva, atención a las enfermedades no transmisibles y asistencia a las comunidades indígenas.
Sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional
Datos de Naciones Unidas indican el 16.3% de mujeres en edad reproductiva con anemia; 17% de la población con desnutrición crónica; y 17.3% de niños y niñas menores de 5 años desnutridos. El reporte recomienda a nivel nacional fortalecer los programas de protección social para un mayor impacto alimentario, ampliar el Programa de Alimentación Escolar, y suministrar asistencia técnica y material a pequeños agricultores para mejorar sus sistemas productivos. Dos regiones con inseguridad alimentaria deben recibir atención particular: el Corredor Seco y la Región Norte del Caribe.
En el sector de Agua, Higiene y Saneamiento
Se recomienda fortalecer el acceso y las capacidades para asegurar esos servicios con la calidad necesaria. Se requiere atención especial a los espacios públicos, centros de salud, escuelas y mercados, para reducir la mortalidad y morbilidad en mujeres embarazadas y lactantes, y en niños y niñas que sufren desnutrición.
Protección de niños, niñas y adolescentes, y violencia de género
El reporte recomienda respuestas combinadas para ambos grupos, incluyendo poblaciones indígenas y afrodescendientes: reforzar la capacidad de las organizaciones comunitarias para responder a riesgos de protección, prevención, gestión de casos, apoyo psicosocial y asistencia jurídica; fortalecer las capacidades de las instituciones públicas, la sociedad civil y comunidades afectadas; asimismo, garantizar apoyo económico y subsistencia para mitigar tensiones financieras y riesgos de abusos.
Los migrantes y refugiados nicaragüenses
Son de los grupos más vulnerables. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUR), más de 102 000 nicaragüenses han abandonado el país por la crisis. De estos, 81 000 han sido recibidos por Costa Rica, en donde la COVID-19 ha agravado sus problemas, así como de las comunidades de alojamiento. Es necesario que esta población migrante y refugiada reciba un programa de apoyo integral, así como lo recibe la población migrante venezolana en otros países de la región. Ese programa canalizaría recursos financieros, materiales y técnicos por las agencias de Naciones Unidas, y/u ONG, para contribuir al acceso a servicios de alimentación, educación, salud, y trabajo.
Finalmente, el reporte reconoce el papel fundamental de la cooperación internacional ante la situación de Nicaragua. Presenta cinco recomendaciones: 1) la necesidad de contar con datos fiables y evaluaciones continuas de las crisis actuales; 2) poseer con una estrategia coordinada e integral enfocada en las necesidades críticas; 3) participación de la sociedad civil y poblaciones afectadas en procesos de toma de decisiones; 4) cooperación internacional con estricta responsabilidad y transparencia, tomando en cuenta la situación de los derechos humanos; 5) contar con una plataforma que facilite la asistencia internacional amplia y coordinada.
*Lea aquí el documento sobre las crisis convergentes de Nicaragua. Cefas Asensio Flórez es especialista en Educación y Desarrollo Humano, William Vigil Black es Co-Director de Nexo Sur Norte
