14 de abril 2021
AA
Share
La detención arbitraria de ciudadanos y opositores en Nicaragua “ha sido empleada con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual Gobierno y transmitir un mensaje de temor para mantener control sobre la población nicaragüense”, desde el inicio de las protestas ciudadanas en abril de 2018, concluye un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos”, divulgado este martes, 13 de abril.
El informe detalla “los patrones de graves violaciones a los derechos humanos” que el régimen de Daniel Ortega ha cometido contra quienes disienten con su Gobierno.
Los defensores de derechos humanos señalan que, en estos tres años de prolongación de la crisis sociopolítica, las personas privadas de libertad han sido tratadas como “objeto de intercambio y negociación con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones de la oposición y la sociedad civil”.
CIDH: Al menos 1614 reos políticos en Nicaragua desde abril de 2018
Desde el 18 de abril de 2018, la CIDH ha documentado que al menos 1614 personas han sido privadas de su libertad en el contexto de la crisis en Nicaragua. Sin embargo, advierten que la cantidad “podría ser exponencialmente mayor” ya que muchas detenciones “no son reportadas por el Estado, son realizadas por grupos de civiles armados, o bien, porque en muchas ocasiones, las propias víctimas evitaron denunciar su caso por temor a represalias”.
La comisionada Antonia Urrejola, presidenta y relatora de país para Nicaragua de la CIDH, explicó que estas detenciones han sido perpetradas de “manera masiva, selectiva y múltiple; mediante el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza e incluso mediante la práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes, algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de tortura”.
El informe temático detalla que grupos parapoliciales o terceros civiles también ejercieron un papel fundamental en la “perpetración de las detenciones y el traslado de algunas personas a centros de detención ilegales o clandestinos como instalaciones municipales o del partido de Gobierno”.
Durante la divulgación virtual del informe estuvieron presentes Stuardo Ralón, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la CIDH; y François Jubinville, representante interino de Canadá ante la OEA.
Además participaron Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la CPDH; Brenda Gutiérrez, presidenta del Comité Pro Liberación de Presos Políticos; Allan Gómez, miembro del Consejo Directivo de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN); y Carlos Fernando Chamorro, periodista y director de CONFIDENCIAL.
Persecución judicial y criminalización
La CIDH analiza en su informe la participación del sistema de justicia en la detención de personas que han protestado o criticado al régimen de Ortega, asegurando que este fue fundamental para “facilitar y avalar la persecución judicial y criminalización”.
La Comisión señala que algunas de las violaciones dirigidas por el sistema judicial de Nicaragua son el irrespeto a “garantías judiciales, la apertura de procesos judiciales bajo cargos infundados, el uso de formatos de acusación preestablecidos, la fabricación de pruebas, afectaciones al derecho a defensa, y la aplicación generalizada de la prisión preventiva”.
La abogada Carla Sequeira reforzó lo expuesto por la CIDH indicando que en Nicaragua la violación a los derechos humanos se ha agudizado y ha prevalecido “la falta de independencia de los poderes del Estado”. La defensora señala que el sistema judicial de Nicaragua es utilizado “para condenar a personas por expresar su opinión adversa al partido de Gobierno”.
El periodista Carlos Fernando Chamorro recordó el caso del preso político Sergio Beteta, destacando que el joven "fue condenado por ejercer su derecho a la protesta", tras ser detenido por oficiales de la Policía cuando ondeaba la bandera de Nicaragua y a un costado quemaba la del Frente Sandinista a manera de protesta por la represión del régimen de Ortega.
Chamorro resaltó que, desde marzo de 2019, el régimen orteguista se comprometió a liberar a todos los presos políticos y restituir las libertades, pero estos siguen siendo acuerdos sin cumplir.
Hasta el pasado 27 de marzo, organizaciones de la sociedad civil registran un total de 123 personas encarceladas por razones políticas.
Tratos crueles y torturas
Las personas privadas de libertad, explica la CIDH, han enfrentado y siguen sufriendo situaciones de “hacinamiento, negligente atención médica, obstaculización de visitas y aplicación de regímenes de aislamiento sin criterios objetivos y por períodos muy prolongados”.
Destacan que hay denuncias y testimonios “sobre la comisión de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la toma de represalias por parte de funcionarios estatales y otros hechos que revelan un ensañamiento particular contra las personas identificadas como opositoras al Gobierno o participantes de las protestas”.
La abogada Sequeira revela que, desde abril de 2018, la CPDH ha documentado 220 denuncias de torturas, de las cuales un 35% fueron cometidas en los sistemas penitenciarios del país.
Detalla que entre los principales perpetradores de esos actos de tortura figuran agentes paraestatales (20), agentes de la Policía Nacional (153), funcionarios de la Policía y Sistema Penitenciario (23) y oficiales del Sistema Penitenciario (24).
La CIDH señala que, entre los patrones de torturas documentados, hay casos de “violencia sexual registrados contra las mujeres detenidas”. Los defensores denuncian que este tipo de acciones que eran usadas como una “herramienta adicional de castigo, represión y humillación en el marco de la respuesta violenta del Estado”.
Allan Gómez, en representación de la UPPN, indicó que en octubre de 2020 realizaron una encuesta con 50 de sus integrantes, encontrando que al menos 31 de ellos sufrieron violencia sexual al ser interrogados durante la detención.
Explica que “la violencia sexual en los distintos sistemas penitenciarios del país fue uno de las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron al menos el 58.7% de las personas encuestadas”.
Brenda Gutiérrez, presidenta del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, denunció ante la CIDH que el abuso y violaciones a los derechos de los presos políticos se extiende a sus parientes.
Gutiérrez detalla que los familiares de presos políticos no han tenido acceso a la información de la situación legal y de salud de sus parientes; son constantemente amenazados durante las entregas de paqueterías; los asedian en sus hogares y los persiguen cuando andan en las calles; se les niega el acceso a la salud en centros públicos del país; y son sometidos a abuso sexual y verbal cuando visitan a sus parientes, ya que los funcionarios del Penal los obligan a quitarse la ropa y hurgan en sus partes íntimas.
Asedio y persecución de excarcelados
La CIDH señala que, además de las secuelas directas producto de la privación de la libertad, las personas que han sido excarceladas en los últimos tres años de crisis sociopolítica son “víctimas de constantes amenazas, asedios, agresiones y campañas difamatorias por parte de simpatizantes oficialistas y la propia Policía Nacional”.
Los defensores denuncian que ese tipo de acoso contra los excarcelados políticos ocasiona “afectaciones emocionales, psicológicas, físicas y económicas que todavía continúan expresándose en diferentes aspectos de la vida de las víctimas y que afectan también a su familia y entorno”.
La UPPN denuncia que al menos 91.8% de las personas consultadas por su organización denunciaron que aun estando excarcelados siguen sufriendo amenazas, asedio y persecución.
Entre los perpetradores del acoso y persecución a excarcelados, según los datos de la UPPN, destaca la Policía Nacional (33.3%), grupos paraestatales con (26.7%) y los simpatizantes del Frente Sandinista (17.8%).
La Comisión Interamericana exhortó al Estado de Nicaragua, a través de su informe, a cumplir 27 recomendaciones, entre las cuales incluye la demanda de “libertad a las personas que hayan sido detenidas en el contexto o con ocasión a las protestas o disidencia política, de manera ilegal o arbitraria; y el cese de inmediato las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes participan en las protestas o de manifiestan contra el Gobierno”.
