La maquinaria del fraude electoral del FSLN

Al atardecer del domingo seis de noviembre de 2016, ‘Pablo’, un presidente de una Junta Receptora de Votos, trabajaba a contrarreloj en un olvidado colegio rural del distrito III de Managua. En los minutos previos al envío del material de escrutinio a uno de los centros de cómputos dispuesto por las autoridades electorales, fue sorprendido por la visita de un concejal sandinista capitalino que ordenó marcar las boletas que no se habían ocupado a favor del partido de Gobierno.

La jornada había estado caracterizada por la ausencia de votantes que él mismo había documentado con la participación de 100 personas: un cuarto de los inscritos en cada Junta según la ley electoral de Nicaragua. ‘Pablo’ no marcó directamente los documentos, sino que anotó en un acta de escrutinio los resultados alterados que sus colegas de partido alimentaron haciendo el trabajo ordenado por el concejal en un ambiente silencioso y sin curiosos impertinentes porque no había un solo miembro de la oposición alrededor suyo.

Para él, cada voto falso se convirtió en una contradicción por varios motivos: primero porque fue nombrado por el partido de Gobierno en ese cargo para defender los intereses de ese grupo y a ellos se debía por disciplina partidaria; segundo por su familia, reconocida en su comunidad como sandinista; y finalmente, porque en esos comicios él había votado contra el gobernante, desilusionado tras años de lo que considera políticas equivocadas, con las cuales se mantiene en desacuerdo. La orden aplacó su rebelión y lo hizo volver al carril para “evitarse problemas”.

“Marca las boletas en blanco en la 2”

“El fiscal del centro de votación llegó a las 6:05 de la tarde y me tocó la puerta de la JRV. Aquí está el compañero (concejal de Managua) y entonces él me dice: las orientaciones del comandante son que todas las boletas que sobraron las vas a marcar en la casilla 2 (del partido gobernante). Son orientaciones superiores y tenés que hacerlo. En mi junta, había que llenar 300 boletas”, relata.

Ese domingo, el ahora exfuncionario de la JRV asegura que las irregularidades empezaron desde las seis de la mañana cuando se dispusieron a recibir a los votantes.  Según su acreditación oficial, ‘Pablo’ era el primer miembro de la junta de la escuela rural donde trabajó. Como él era en quien más confiaban políticamente los sandinistas, ejerció funciones de presidente después que intercambió su posición con la acreditada para ocupar ese cargo. El segundo miembro también respondía a los intereses del FSLN, aunque representaba supuestamente a otra agrupación política.

El testimonio de ‘Pablo’ permite corroborar cómo el FSLN mantiene un control mayoritario en las juntas, donde la oposición tiene una menor cobertura de sus fiscales, con los cuales deben sobreponerse a las dificultades creadas por la complicidad del partido de gobierno con las autoridades del CSE y los policías electorales.

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La génesis de ese control partidario inició en el año 2000, cuando Ortega, entonces en la oposición, se repartió las instituciones con el presidente Arnoldo Alemán (1997-2001). “El gran problema es que se creó esa entidad bicéfala que ha perdido credibilidad. El paso uno para el CSE es quitarle su partidarización. Eso lo lograremos después de salir de la dictadura”, lamenta el politólogo, José Antonio Peraza.

Con el paso del tiempo, acelerado con la llegada de Ortega al poder en 2007, se afianzó el control institucional de su partido y su influencia se volvió total. En 2016, en una concentración, el caudillo proclamó el fin de la observación electoral, cerrando las posibilidades a cualquier escrutinio internacional. En las afueras de la escuela rural donde ‘Pablo’ trabajó ese año, la red formada por los militantes del partido avisaba quiénes eran simpatizantes sandinistas y quiénes opositores, al momento de acudir a las urnas.

“Si este es liberal o es de otro partido. Si no lo podés dejar votar, no lo dejés votar, o hacele algo a la boleta para que a la hora de contar la anulés. Esa es una orientación permanente. Si las boletas no iban firmadas por el presidente y primer miembro es nula a la hora del conteo y entonces dejábamos la boleta sin firmar”, precisa ‘Pablo’, quien trabajó con el FSLN desde 2008 y acepta que, si no recurrieron a esa artimaña en 2016, fue porque la gente no llegó a votar.

Horas más tarde de la orden del concejal, en la madrugada del lunes, se conocieron los primeros datos del Consejo Supremo Electoral (CSE) que dieron como ganadores a Ortega y su esposa Rosario Murillo, candidata a vicepresidente. Vencieron, según esas cuentas, con el 72.44% de los votos, pero lo más cuestionado en la opinión pública fue que el nivel de participación sumaba el 68.2%, contradiciendo la imagen de las juntas vacías a causa de un masivo abstencionismo en una elección en la que el Poder Judicial, controlado por el Gobierno, había excluido del proceso a la oposición.

En su informe de observación, el consorcio Panorama Electoral integrado por el Grupo Cívico Ética y Transparencia, y otras tres organizaciones locales, dijo que era imposible saber si los resultados oficiales reflejaban un proceso de “conteo acertado y honesto”. Las dudas se extendieron a los estimados de participación y abstención, luego que ningún observador independiente fue acreditado para presenciar el proceso.

El fraude electoral comienza en el control del padrón y la cedulación

Las irregularidades electorales, sin embargo, se multiplicaron en todo el territorio nacional. ‘Catalina’, a diferencia de ‘Pablo’, figuraba durante las votaciones como funcionaria del CSE, un cargo en el que comenzó tres meses antes de noviembre. Ella se encargaba de invitar a los fiscales e igual de la entrega de cédulas, documentos que son solicitados para identificar plenamente al ciudadano antes de que ejerza su derecho al sufragio, posterior a revisar el padrón electoral. “La prioridad era cedular a los sandinistas y retener las cédulas de los opositores”, explica esta mujer morena y menuda sobre otra de las tácticas en que son aleccionados los militantes del partido.

‘Catalina’ recibía su salario del zonal del Frente Sandinista (en Somoto, el departamento de Madriz). Del Consejo Electoral Municipal (CEM), le daban “una ayuda” de 300 córdobas (diez dólares de la época) al final del proceso electoral. Ella tenía acceso a los datos y computadoras del Consejo, para saber cuáles serían los fiscales de la oposición que fueron enviados a las comunidades.

“El fraude es parte de un proceso. Inicia desde que tenemos acceso al padrón del Consejo Supremo, y termina el día después de las elecciones; ese día seguimos manipulando algunas actas por el tema de las impugnaciones”, confiesa la extécnica, quien como ‘Pablo’ proviene de otra familia sandinista.

Los dos exmiembros del partido de Gobierno formaban parte de un ejército de sandinistas, cuya misión esencial es lograr la perpetuación de Ortega en el poder desde las urnas.

'Catalina' muestra el padrón electoral que técnicos del Frente Sandinista elaboran para clasificar a los votantes. Para esto cuentan con el apoyo del Consejo Supremo Electoral (CSE). Foto: Nayira Valenzuela

Para promover los intereses del FSLN, además de la influencia partidaria, resulta clave un padrón sin depurar que ha hecho posible que algunos fallecidos hayan sido reportados como candidatos en las municipales de 2012, o que la señora Lidia del Socorro Salinas Zavala, sin postularse, resultara candidata a alcaldesa por el partido Alianza por la República en la comunidad de Santo Domingo Chontales, según reportó el diario La Prensa.

El otro problema con este registro se expresaba cuando los ciudadanos se buscaban en las listas y simplemente no aparecían en su circunscripción, lo que los obligaba a buscarse en centros aledaños. Esa situación fue descrita popularmente como la técnica del “ratón loco”.

Ninguna de estas irregularidades electorales que facilitaron el camino a Ortega para convertirse en dictador, según sus críticos, son reconocidas por las autoridades. Ante el cuerpo diplomático, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el CSE defendieron para esas municipales la transparencia de los procesos electorales y aseguraron que las reglas eran “amañadas” en otras épocas. El canciller era Samuel Santos y el presidente del tribunal era el magistrado Roberto Rivas. “Sobrevino la revolución popular sandinista que puede caracterizarse sin lugar a dudas como nuestro acto democrático por excelencia”, intentó diferenciar el ministro.

Nueve años después de aquella defensa pública de las autoridades, las revelaciones de los militantes del FSLN entrevistados por CONFIDENCIAL evidencian una operación de captura de votos organizada sobre las bases del Estado controlado por Ortega.

Los programas asistenciales y el perfil de los votantes

Antes de asumir su puesto en el CSE en 2016, ‘Catalina’ visitaba los barrios para llevar indicaciones a los Consejos del Poder Ciudadano y ejecutar los programas asistencialistas del Gobierno, entre ellos el plan techo, la entrega de paquetes alimenticios y cocinas, “todo en nombre del comandante Ortega y la compañera Rosario”. También participó en la caracterización de los votantes, que es otra tarea constante en la que trabajan de manera directa. Desde el año pasado, las Unidades de Victorias Electorales (UVE) se abocaron a elaborar esos perfiles en los barrios de cara a los comicios presidenciales previstos para este año.

La mujer conserva dos documentos en Excel sobre sus labores específicas. Uno contiene un padrón con el nombre completo de los ciudadanos, sexo, el número de cédula, pero también una clasificación de las simpatías políticas: “FSLN”, votante fiel al partido; “Duro”, votante opositor; “Suave”, un votante manipulable; y “Indefinido o S/N”, votante que no saben cuál es su preferencia, según ‘Catalina’.

Ella indica que la revisión del padrón les permite buscar a los simpatizantes que no han votado en procesos electorales para “invitarlos” a sufragar y determinan además cuáles opositores no lo harán y “así votan por ellos”.  “A eso de las tres o cuatro de la tarde (el día de la votación), sale un fiscal del Frente a preguntar cuáles opositores no han votado, y así ellos pueden votar por ellos”, afirma.

El otro archivo es una lista de los militantes sandinistas y las funciones que desempeñan en la organización con designaciones como “responsable de atención y movilización”, lo cual es supervisado de manera directa por el secretario político municipal, un plan que replican en otras partes de Nicaragua.

Para la militante, identificar el tendido electoral sandinista permite la movilización de cada pieza de un ajedrez en aras de lograr la victoria del partido. A ellos igual los tienen clasificados en tres categorías: “FSLN”, gente de plena confianza o fanáticos orteguistas; “Amigo1”, gente confiable que por dinero hace cualquier cosa; y “Amigo2”, disidentes de partidos opositores que trabajan en las instituciones estatales o municipales. En cualquiera de los casos, insiste ella, el objetivo común es lograr la victoria del partido.

Más de una década de irregularidades

La fiscal Martina Porta, de la Alianza del Partido Liberal Independiente (PLI), enfrentó las trabas impuestas por los sandinistas en 2011, cuando Ortega se reeligió en otro proceso caracterizado por diversas anomalías: la principal fue que no podía postularse como candidato porque se lo prohibía la Constitución, pero fue posible porque en 2010, la Corte Suprema de Justicia lo habilitó, luego de un fallo adoptado por magistrados de su partido. La sentencia fue avalada por el presidente del Consejo Electoral Roberto Rivas, que la asumió como una verdad “escrita en piedra”, como en el viejo testamento.

Porta fue fiscal de la JRV 4087, ubicada en el colegio Doris María Morales de residencial Las Colinas en noviembre de 2011. Ella recuerda la llegada de “chavalitos de 15, 14 años con cédulas que se veían que eran falsas”. Ellos no aparecían en el padrón.

Martina Porta, exfiscal de la Alianza del Partido Liberal Independiente (PLI). Foto: Nayira Valenzuela

Aunque las pruebas oficiales de Porta quedaron bajo resguardo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cuyas instalaciones fueron confiscadas por el Gobierno a finales de 2018, ella conserva fotocopias del padrón y unas notas detalladas de los incidentes. Hoja tras hoja, aquellas anotaciones son como una memoria de lo vivido.

En las notas de Porta pueden leerse los nombres de todos los que votaron en su junta con anotaciones como los sitios de los cuales provenían, la edad, o notas como “no aparece en el padrón” y otras más específicas sobre la hora de las comunicaciones que establecían en ciertos momentos el fiscal FSLN y el presidente de la JRV. La noche acabó con la reelección de Ortega, los fiscales del FSLN, funcionarios del CSE y gente con palos coreando consignas a favor del caudillo, mientras era puesto en marcha el bus que transportaba los materiales electorales a las instalaciones designadas para tal fin por el CSE.

En el mismo documento de 2016 del consorcio Panorama Electoral se sostuvo que en los comicios de 2011, producto del fraude se concedieron al menos diez diputaciones, lo que constituyó la conformación de una mayoría calificada del FSLN con la cual podían tomarse decisiones, entre ellas la más destacada en 2013 y 2014 fue la reforma a la Constitución que permitió la reelección indefinida, la instauración del caudillismo militar, y elevar a rango constitucional la alianza con los grandes empresarios descrita como el modelo de “diálogo y consenso”.

La Unión Europea, a través de su informe de observación, agregó que en esos comicios hubo un claro retroceso democrático. “Por la escasa transparencia y neutralidad con que han sido administradas por el Consejo Supremo Electoral (CSE). A lo largo del proceso, un CSE prácticamente monocolor en todos sus niveles ha dado muestras de escasa independencia respecto al oficialismo y generado condiciones de competición desfavorables y obstructivas para la oposición, que se ha visto desplazada de cualquier representación efectiva en la administración electoral. Algunas organizaciones de observación nacional de larga trayectoria no fueron acreditadas y la fiscalización efectiva del proceso por parte de la oposición ha sido entorpecida por el CSE”, señaló la misión que encabezó el eurodiputado español Luis Yáñez.

En 2017, a raíz de la sanción impuesta por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción pública, Rivas desapareció de la escena nacional tras su salida de la institución electoral que sigue controlada por el FSLN, aunque formalmente se encuentra acéfala después que se venció el período de los magistrados. Finalmente, este lunes 12 de abril se instalará una comisión especial de la Asamblea Nacional para elegir a los magistrados, mientras el FSLN se encuentra barajando algunos nombres para que ocupen esos cargos, y se cocina a fuego lento una reforma electoral, cuyo contenido aún es desconocido.

El “perfeccionamiento del fraude”

En 2008, Enrique Bonilla era candidato de la oposición para la Alcaldía de Santo Tomás, Chontales, ubicada a 167 kilómetros de Managua en el centro de la nación, cuando se convirtió en uno de los aspirantes despojados de su triunfo en unos comicios en los cuales el organismo cívico Ética y Transparencia denunció irregularidades en 40 municipalidades.

Bonilla, un ejecutivo de ventas a quien algunos de sus amigos llaman “el alcalde”, recuerda que debió pasar el día de la elección en recuperación médica porque una semana antes fue víctima del estallido de pólvora a lo interno de una camioneta, lo que lo lesionó causándole tres quemaduras de tercer grado y daños en la retina de su ojo derecho. Perdió la visión en el mismo.

Los diarios nacionales reportaron que Bonilla había ganado la elección con el 62% de los votos, mientras el FSLN obtuvo el 35.24% de acuerdo a los carteles de los resultados publicados colocados en las afueras de las JRV. Sin embargo, el Consejo Electoral Departamental informó que el ganador era el oficialismo. “Todo esto (irregularidades) es planificado. Aquí se supo, todo mundo lo sabe,  que hay una cantidad de gente que tiene la orden de votar en muchas de las JRV”, dice el excandidato.

El fraude fue oficializado el 21 de noviembre de 2008 por el magistrado Rivas, con el respaldo de sus colegas liberales René Herrera y José Marenco Cardenal, nombrados por Alemán después de los acuerdos con Ortega en el 2000.

La realización de un fraude planificado es respaldado no solo por los militantes sandinistas, sino también por los técnicos electorales. José Antonio Peraza subraya que se ha dado un “perfeccionamiento” del fraude entre el proceso electoral municipal de 2008 y el presidencial de 2016.

Peraza pertenece a un equipo integrado por él (politólogo), un experto en matemáticas y otro en estadísticas, que analizó el fraude de 2008. Entonces realizaron una autopsia de los resultados de esas municipales porque el tendido electoral de Eduardo Montealegre recuperó las actas de las JRV. En esos comicios, la oposición a Ortega se unió con Montealegre como candidato postulado por el Partido Liberal Constitucionalista en la capital.

Managua tuvo 2107 JRV, de las cuales el CSE no publicó los resultados de 644 en otra de las irregularidades. Peraza dice que se propusieron averiguar qué era lo especial de esas juntas desde 2000 a 2006 para ver cómo se habían comportado.

“Encontramos que en el 92% de los casos eran juntas donde el FSLN siempre perdía. El Frente tiene una estrategia que en ese momento la hizo en el CSE para desaparecer, alterar o inhabilitar las juntas donde tradicionalmente ha perdido desde 1990. Es una marrullada institucional”, explica Peraza, quien asegura que repitieron el ejercicio de análisis estadístico en las presidenciales de 2011 cuando ocuparon como fuente en ese caso la base de datos de Ética y Transparencia.

Para el politólogo, el fraude de 2011 fue más sistemático y masivo debido a que se registró la expulsión de fiscales de la oposición. El objetivo era que la oposición agrupada en el PLI, bajo la candidatura de Fabio Gadea y Edmundo Jarquín no recuperara las actas como ocurrió en 2008.

“El Partido Liberal Independiente no tenía las actas, porque no había cumplido con todo el tendido electoral. (En 2011) Hubo una política sistemática de alterar los resultados desde la base: eliminación de juntas, expulsión y sustitución de fiscales en el sentido que era un montón, pero todos eran del FSLN nada más que en el APRE (Alianza por la República), ALN (Alianza Liberal Nicaragüense)…todos esos partidos vendieron sus tendidos electorales al FSLN. Los fiscales se confabulan para alterar los resultados en las juntas. Yo tengo una declaración de juntas donde tradicionalmente ellos perdían, metían 10 o 15 boletas de más”, añade.

Peraza añade que el otro método es que ponían a los simpatizantes de la Juventud Sandinista a votar en serie y así se dirigían de un centro de votación a otro, aprovechándose que tenían el control de todo el aparato electoral.

En 2016 se dio un colapso del sistema electoral ante el descrédito del sistema y los partidos políticos. En las JRV, no se pegaron siquiera los carteles de resultados. Reinó la opacidad, mientras predominó el abstencionismo.

Aceitando la maquinaria del fraude electoral en 2021

Dos años después, estallaron las protestas ciudadanas en abril 2018. Decenas de miles de personas demandaron un cambio de Gobierno y elecciones anticipadas, las protestas fueron reprimidas con brutalidad y los organismos internacionales de derechos humanos documentaron el asesinato de 328 personas, más de 700 presos políticos y 100 mil exiliados.

El régimen se rehusó a promulgar una reforma electoral, y ni siquiera aceptó llegar a discutir la propuesta de reformas de la Alianza Cívica en el diálogo nacional de 2018. Tras el fracaso del segundo diálogo nacional en junio de 2019, Ortega se aferró a la narrativa del presunto “golpe de Estado”, e impuso un estado policial que conculcó, por las vías de hecho, todas las libertades democráticas.

Como vicepresidenta, y vocera en funciones del régimen, Murillo sentó su posición a la comunidad internacional el pasado 14 de enero de 2021 cuando se refirió a que el país se prepara para comicios presidenciales de este año. “Respeto que es lo que reclamamos al mundo, no interferencia, no pretender regir los destinos de nuestra patria", dijo Murillo en declaraciones reproducidas por la Voz de América (VOA).

Siete meses antes de las elecciones presidenciales, mientras la oposición se encuentra “casa por cárcel”, y no tiene derecho a realizar reuniones y movilizaciones, el FSLN hace campaña a sus anchas, utilizando todos los recursos y las instituciones del Estado, y sus estructuras partidarias en los barrios. ‘Pablo’ cuenta que el tendido electoral sandinista quiere que él vuelva a participar como miembro de las mesas. Lo sabe porque ya preguntaron por él en el barrio, pero él sostiene que no quiere repetir lo ocurrido en 2016, el año en que se decidió a votar contra Ortega, pero luego debió avalar 300 votos alterados a favor del caudillo sandinista.

“Tienen un perfil de los candidatos a trabajar con ellos (los del FSLN): Los buscan jóvenes, profesionales, pero sobre todo sandinistas”, afirma sentado en una mecedora en su casa de Managua.