9 de abril 2021
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El pasado 2 de abril, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), aceptó la demanda interpuesta por la empresa estadounidense Riverside Coffee en contra de la República de Nicaragua, personificada en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), por el daño económico a sus inversiones causado por las toma de tierras y destrucción de plantaciones.
Según el Ciadi (Icsid, por sus siglas en inglés; que es una entidad adscrita al Grupo Banco Mundial), en la fecha indicada, la empresa Riverside Coffee, LLC, con sede en Colorado, radicó una disputa ante ellos, cuya finalidad es “respaldar la resolución de disputas internacionales sobre inversiones”.
La demanda señala específicamente al Mific, y estipula que el marco legal a utilizar es el que provee el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (Cafta-RD).
Según la publicación Trinchera de la Noticia la demanda es por 590 millones de dólares,
Dos fuentes del Cosep confirmaron a Confidencial que estaban trabajando para determinar el nombre del empresario nicaragüense involucrado en la demanda, así como los detalles específicos, incluyendo el monto reclamado.
Una fuente del sector privado dijo que “no encuentro evidencia de que el monto sea el que se ha dicho, aunque me parece alto y no veo como se podría sustentar si fuera el caso, aunque para efectos prácticos, no es algo que yo tampoco pueda negar”.
“En el Cafta, dice que los gobiernos tienen la obligación de garantizar la seguridad de las inversiones”, recordó Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), entidad que depende mucho de lo que está estipulado en ese tratado.
“Conflictos comerciales se dan siempre. Lo importante del acuerdo de libre comercio (Cafta) es que tiene instancias y normativas para lidiar con estos asuntos y resolver. El impacto internacional dependerá de que tan público se convierte el caso, y los entretelones que salgan”, señaló por su parte, el economista Mario Arana, extitular del Mific, quien fuera el ministro responsable de la negociación del TLC.
Peor imagen internacional para Nicaragua
La aceptación de esta demanda deteriora aún más la imagen del país, que ya estaba marcada no solo por la represión a sangre y fuego de los ciudadanos que demandaban justicia y democracia durante la Rebelión de Abril del 2018, sino también por el deterioro de la gobernabilidad del país, todo lo cual se manifiesta en un pobre clima para hacer negocios.
“Una demanda de esta naturaleza, no se escucha bien en los mercados internacionales”, explicó Jacoby, matizando que “debido a que va a un centro de arbitraje, será tratado como un juicio donde se escuchará a las partes, y habrá una resolución. Ambas partes deben demostrar sus alegatos para demostrar quién tiene la razón”.
“La opinión y la percepción alrededor del caso, puede beneficiar al Gobierno o a la otra parte. Será muy importante que se maneje de forma correcta, de cara a la percepción del público”, añadió.
Jacoby, sabe que este tipo de situaciones está entre las principales inquietudes que debe responder cuando atiende a los hombres de negocios que llegan al país, para averiguar la conveniencia de invertir o no en Nicaragua.
“Siempre preguntan por el Estado de Derecho, el derecho de propiedad; quieren tener certeza de que no los van a intervenir, o a robar su negocio; preguntan sobre la estabilidad de la moneda y de la macroeconomía, y cómo los puede afectar la situación social del país”, detalló.
Considerando que la Unidad de Inteligencia de The Economist “nos pone como el segundo peor lugar para invertir en América Latina, solo detrás de Venezuela, más las sanciones estadounidenses y europeas a personas y empresas vinculadas al régimen, y las declaraciones de la ONU y la OEA, hacen ruido a nivel internacional, y dificultan más atraer inversión extranjera, la que se ha reducido en gran manera”, sentenció.
El presidente de una cámara empresarial adscrita al Cosep dijo que “habría que ver el nivel de inversión realizado”, para calcular el monto reclamado, admitiendo que debe ser alto, considerando el lucro cesante para una plantación de aguacate, que es un cultivo permanente.
A eso añade que “tampoco sabemos si era solo una plantación, o una industria agregada. Sí es preocupante que invocaran al Cafta, porque eso le da otro sesgo”, consideró.
