8 de abril 2021
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La violencia de género sigue en aumento en Nicaragua. En los primeros tres meses de 2021, según el monitoreo de Católicas por el Derecho a Decidir, se documentaron al menos 19 femicidios y 41 femicidios frustrados, cifras que superan los 17 femicidos y 30 femicidos frustrados que la organización reportó en el mismo periodo de 2020.
De los 19 femicidios documentados, ocho de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 35 años; diez tenían entre 35 y 59 años; y una no fue identificada.
El informe detalla que estos asesinatos, 13 ocurrieron en el ámbito público y seis en el privado. La mayoría se registraron en zonas rurales (11) y los demás (8) en el área urbana.
La mayoría de los agresores tenían un vínculo cercano con las víctimas. El monitoreo señala que los asesinos eran: pareja (6), conocidos (4), familiares (2), expareja (1), compañero de trabajo (1), desconocidos (3) y sin identificar (2).
Los departamentos que más asesinatos registraron fueron: Managua (4), Matagalpa (3), Nueva Segovia (3), Región Autónoma del Caribe Sur (2) y Rivas (2). En otros lugares como Jinotega, la Región Autónoma del Caribe Norte y Chontales solo se registró un asesinato.
Las defensoras indican que, como parte del monitoreo en el extranjero, también se documentó el asesinato de una mujer nicaragüense en territorio costarricense.
En total, estos 19 crímenes de odio contra las mujeres dejaron a 25 niños y adolescentes en la orfandad.
“Impunidad y complicidad del Estado” de Nicaragua
Las defensoras de derechos de las mujeres denunciaron, a través de su informe, que la mitad de los asesinatos están en la impunidad; de estos casos, tres de los victimarios siguen prófugos, seis ni siquiera han sido investigados y uno de ellos se suicidó.
Añaden que de los nueve casos restantes; cinco que están en proceso judicial, tres sentenciados y uno en investigación.
“La barbarie machista, alentada por la impunidad y complicidad del Estado, está acabando con la vida de las mujeres, adolescentes y niñas”, señala la organización.
Feministas de diferentes organizaciones de la sociedad civil han denunciado, según reportes de CONFIDENCIAL, la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres ante la falta de medidas estatales que busquen erradicar la violencia.
Martha Flores, de Católicas por el Derecho a Decidir, ha señalado que en Nicaragua las mujeres están “completamente desprotegidas…. porque en este país cuesta mucho que haya justicia”.
El régimen de Daniel Ortega, aduciendo estar preocupado por dar justicia a los casos donde mujeres, niñas o adolescentes son asesinadas, aprobó una reforma a la Constitución Política de Nicaragua con la que se estableció la cadena perpetua para los “crímenes de odio”. Sin embargo, la medida ha sido criticada por las feministas, pues consideran que no es la solución para la violencia machista. Además, han expresado que la reforma en realidad pretende ser utilizada contra la disidencia, ya que el régimen orteguista en reiteradas ocasiones ha señalado a los opositores de cometer “crímenes de odio”.
En mayo de 2020, la Red de Mujeres Contra la Violencia alertó sobre la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres, algunas que incluso son sobrevivientes de la violencia machista, indicando que entre los más de 2000 reos comunes que en ese mes fueron beneficiados con el régimen de convivencia familiar, hay hombres que cometieron delitos contra las mujeres.
Flores señaló que ese tipo de acciones del Estado hacen que “la situación de inseguridad se vuelva peor. Estamos desprotegidas institucionalmente”.
