6 de abril 2021
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Un acercamiento con los partidos políticos con representación parlamentaria para incidir –de alguna manera– en el relevo de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), que está barajando el Gobierno de Daniel Ortega, es una de las pocas opciones que le quedan a la oposición organizada tras la Rebelión de Abril de 2018, estima el abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez.
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La demanda de cambio de magistrados electorales es recurrente entre la oposición, pero solo el presidente de la república y los diputados de la Asamblea Nacional tienen el poder para hacerlo. Por esta razón, valora Álvarez, los actuales líderes opositores deben mostrar su “capacidad de encontrar puentes y puntos de contacto” con quienes se dicen opositores dentro del Parlamento.
“Seguramente el partido de Gobierno seguirá actuando como lo ha hecho siempre, poniendo a militantes obedientes y sumisos”, señala el constitucionalista. En cambio los partidos opositores “están obligados políticamente a canalizar estas demandas extraparlamentarias, pero que son un verdadero clamor ciudadano”, continuó.
A juicio de Álvarez se necesita “voluntad política” para que los diputados canalicen las propuestas de la ciudadanía. Recordó que, hasta noviembre de 2020, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) “se ofrecía para que lo consideraran como un activo en la oposición extraparlamentaria”, por lo que no descarta la apertura de un nuevo canal de comunicación con este partido.
“No creo que no sea posible que estos partidos puedan encontrar algún criterio común con los actores extraparlamentarios para poder presentar algunas candidaturas, algunas propuestas de magistrados. Si eso no lo pueden hacer denotará una enorme falta de liderazgo, falta de capacidades mínimas para ponerse al frente de la lucha política que este país requiere y que se está llevando para lograr una transición democrática”, subrayó el constitucionalista.
Sin embargo, la nueva dirigencia del PLC es cuestionada porque “todo el mundo supone racionalmente que el CSE no le hubiese dado la razón (en una litis interna) si previamente no hubiese otro tipo de acuerdo”, explica Álvarez. Por tal motivo “ellos tienen interés en demostrar que no es cierto, que ellos son verdaderamente oposición”, agrega.
Negociar con el régimen
Otras formas en que la oposición organizada tras la Rebelión de Abril podría participar en el relevo de los magistrados electorales serían negociando con el régimen o presionando para que el tema sea consultado –al menos– con todos los partidos políticos con personería jurídica, lo que incluiría a Ciudadanos por la Libertad (CxL) que es parte de la Alianza Ciudadana, y el Partido Restauración Democrática (PRD) de la Coalición Nacional.
Álvarez recuerda que algunas personalidades de la comunidad internacional y los mismos diputados de la bancada del Frente Sandinista han mencionado que “estos ajuste que requiere el sistema (electoral) implica unas negociaciones, unas conversaciones, un acuerdo con la oposición, los partidos políticos y la sociedad civil”.
Fuentes del Frente Sandinista confiaron a CONFIDENCIAL que a lo interno de ese partido se discuten posibles candidatos del FSLN para sustituir la vacante que dejó Roberto Rivas en la presidencia del CSE y el espacio que dejaría Lumberto Campbell, quien está en recuperación de salud, y podría no reincorporarse. Además, todos los magistrados electorales tienen sus cargos vencidos y podrían ser relevados.
Para Álvarez “si lo que los Ortega y Murillo buscan es una salida a la crisis, aunque sea de acuerdo a sus intereses, ellos van a tener que incorporar propuestas de actores políticos sociales extraparlamentarios. Si no lo hacen, lo que están queriendo decir es que este proceso (electoral que se avecina) sería un proceso que arranca con los pies hinchados”.
Además, considera que si en las propuestas de magistrados electorales no se integran propuestas de la sociedad civil o de partidos políticos extraparlamentarios “va a ser muy difícil que este proceso (electoral) pueda ofrecerse a la población mínimos estándares de confiabilidad”.
UNAB aún no tiene un plan específico
Para Juan Diego Barberena, del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la forma en que la oposición podría participar en el nombramiento de los magistrados electorales sería a través de las consultas parlamentarias, pero aclara que hasta este momento –al menos esa agrupación política– no tiene definido cómo podrían hacerlo.
“No tenemos nombres en concreto de quienes de nuestras organizaciones pueden ocupar algún cargo (en el CSE)”, comenta Barberena. Pero “lo más seguro es que esas postulaciones, ese procedimiento se va a llevar a cabo de manera unilateral por el Frente porque es el que tiene mayoría absoluta para proponer a quien quiera”, subraya.
Barberena resalta que en la Coalición Nacional “no hemos contemplado la posibilidad” de un nuevo acercamiento con el PLC u otro partido político con representación parlamentaria.
