29 de marzo 2021
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El proyecto de ley bipartidista que propone presionar para lograr este año elecciones democráticas en Nicaragua, presentado este 25 de marzo por seis influyentes senadores en el Capitolio -entre ellos el demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco Rubio-, representa un llamado a la administración de Joe Biden para priorizar la crisis de Nicaragua provocada por la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega.
Para Deborah Ullmer, directora para América Latina del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), “no hay que esperar que la ley salga para empezar a aplicar algunas de las políticas de sanciones que ya existen”.
La iniciativa es patrocinada por Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado; Rubio, senador por Florida, pero también por los demócratas Tim Kaine, Ben Cardin y Chris Murphy. La directora de NDI consideró en el programa televisivo Esta Semana que la nueva iniciativa muestra la preocupación estadounidense por “la consolidación de una tercera dictadura en la región”.
La iniciativa de los senadores, nombrada como ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER), demanda una mayor supervisión sobre los préstamos otorgados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial a Nicaragua para garantizar que los fondos están siendo “usados con los fines previstos”, además de plantear acciones concertadas de sanciones entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea para que de manera selectiva se castigue a quienes obstruyan los comicios.
Ullmer explicó en el programa televisivo el alcance de la propuesta de ley mencionada y recordó que existen instrumentos como una ley de transparencia corporativa que castiga el robo y es aplicable a corporaciones fantasmas desde 2020. Hasta ahora, Estados Unidos ha sancionado a 27 miembros del círculo cercano de Ortega con la vicepresidenta Rosario Murillo a la cabeza, seguida por sus hijos Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo.
Reforzamiento de instrumentos ya existentes
“Esta ley Renacer es un reforzamiento de la Nica Act. Amplía todas las herramientas de la política que tiene Estados Unidos en cuanto a diplomacia, espacio multilterales, pero también en cuanto a sanciones. Se amplía la lista Engel” incorporando a Nicaragua, explicó Ullmer.
La funcionaria de NDI se refiere a la lista llamada de ese modo en honor al excongresista demócrata Eliot Engel que permite al gobierno de Estados Unidos retirar visas a funcionarios señalados de corrupción e implicados en crímenes en el triángulo norte de Centroamérica: Honduras, El Salvador y Guatemala, a la que ahora se agrega Nicaragua.
Según Ullmer, el énfasis en estos países había permitido que Ortega hubiera pasado “bajo” en el radar de la política exterior estadounidense, lo que significa que, al ampliar las herramientas de presión, se eleva la atención de EE.UU. en este país centroamericano.
El NDI es un organismo no gubernamental que se define como no partidista. Fue fundado en 1983, ha trabajado en 156 países y tiene como fin el fortalecimiento de las instituciones democráticas en todo el mundo según la información publicada en su sitio electrónico.
¿Un representante especial para Nicaragua?
Ullmer dijo que si Biden decide tener un representante especial para Nicaragua se pueden dar avances en un plazo más corto. Ese cargo sería similar al del reciente nombramiento para el triángulo norte, que está en manos de Ricardo Zúñiga, el hombre que tuvo a cargo la negociación con Cuba en los años de Obama.
La propuesta RENACER llega días después que el régimen de Ortega fue condenado en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) por violaciones a los derechos humanos, y a poco más de dos meses antes de que se venza el plazo fijado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se den reformas electorales que permitan comicios libres.
El país vive una grave crisis de derechos humanos desde 2018 cuando el Ejecutivo reprimió las protestas de opositores: 328 personas fueron asesinadas, cerca de 100 mil personas se fueron al exilio, según organismos de derechos humanos internacionales. En la actualidad, los líderes de la oposición son asediados y no se permiten manifestaciones contrarias a Ortega.
La audiencia en el Senado
El miércoles pasado durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Ullmer participó en un evento sobre la situación de América Latina y el Caribe, donde se habló bastante de Nicaragua, el que ocurrió un día antes de la presentación del proyecto RENACER.
En ese encuentro participó también Ryan C. Berg, analista en gobernabilidad del American Enterprise Institute, quien recomendó sanciones al Ejército nicaragüense, “ya que hay efectivos militares que han estado involucrados en las violaciones de derechos humanos”.
Ullmer dijo que Berg mencionó durante su intervención al Instituto de Previsión Social Militar, el brazo financiero del cuerpo castrense de Nicaragua a cargo del pago de pensiones, como un posible objetivo de sanción selectiva.
Los militares han sido denunciados por la sociedad civil por su complicidad en la represión contra la ciudadanía desde 2018, por negarse en específico a desarmar a los grupos paramilitares que, junto con la Policía, ejecutaron la matanza.
Oficialmente han negado su participación y recientemente publicaron una normativa que, según sus críticos, intenta tomar distancia de los grupos paramilitares al declararse como “único cuerpo armado” y “apartidista”, los mismos argumentos que no escucharon de la sociedad civil cuando les pidieron el desarme de aquellos.
