29 de marzo 2021
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"Es impensable ir a elecciones con presos políticos", opina la excarcelada política Yaritzha Mairena, quien estuvo en la cárcel durante casi siete meses, tras involucrarse en las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega en abril de 2018. La joven salió de prisión el 15 de marzo de 2019, al día siguiente marchó por la liberación de los demás presos políticos y hasta hoy continúa en esa lucha.
Dos años han transcurrido desde que el actual régimen suscribió acuerdos con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), en el segundo diálogo nacional, que nunca fueron cumplidos. Entre los compromisos estaban la liberación de todos los presos políticos y la restitución de las libertades cívicas. Hoy día 123 personas continúan en la cárcel por motivos políticos y en el país persiste un estado policial instaurado de facto por el Gobierno.
Ante el proceso electoral que se avecina, en medio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos, la conculcación de las libertades y asedio de una oposición dividida, los excarcelados políticos y los familiares de los reos de conciencia siguen exigiendo la liberación de quienes continúan en las cárceles.
"Que no se hable en reuniones secretas, porque los presos políticos no son moneda de cambio, los presos políticos son vidas humanas muy valiosas que han dado la cara por esta lucha del pueblo nicaragüense", pidió Rodrigo Navarrete, tío del preso político Jaime Navarrete y miembro de la organización Víctimas de Abril, a los representantes de la oposición y al Gobierno.
Aunque la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) decidió no emitir su criterio sobre las elecciones presidenciales de noviembre próximo, “antes de un proceso electoral, se debe velar por los derechos humanos y eso implica la liberación de los presos políticos. Es impensable ir a elecciones con presos políticos y con una dictadura que ha demostrado no tener voluntad de dar paso a una transición verdadera", expresó Mairena, integrante de esa organización, en carácter personal.
Demandan hechos concretos
En las últimas semanas varios opositores al régimen se han presentado como aspirantes a una candidatura presidencial. Algunos, incluso, han presentado sus lineamientos generales y planes de gobierno, en los que mencionan la necesidad de justicia para las víctimas de la represión estatal.
Sin embargo, según Navarrete, no hay propuestas específicas en torno a la liberación de los presos políticos. "Actualmente solo se han recibido invitaciones para participar en el lanzamiento de sus candidaturas, pero no ha habido una reunión amplia y sincera. Demandamos acciones y hechos concretos, que nos digan, y que nos den a nosotros un poco de confianza", solicitó.
Defensores de los presos políticos también cuestionan a los precandidatos presidenciales de la oposición que no han consultado a las víctimas sobre sus demandas de justicia.
Persiste asedio y despojo de derechos
Salieron de la cárcel, pero siguen presos. Varios de los presos políticos en diferentes partes del país han denunciado hostigamiento policial en sus casas, de manera que no puedan salir y manifestarse.
Tampoco pueden retomar sus vidas. "No se puede ir a pedir trabajo, ni a los hospitales...además las nuevas leyes nos dejan más vulnerables", denunció Hansell Vásquez, excarcelado político y miembro de la (UPPN), refiriéndose a las leyes aprobadas recientemente por el régimen como la de de Ciberdelitos, de Agentes Extranjeros, el establecimiento del castigo de cadena perpetua para los crímenes de odio, que según declaraciones del presidente Daniel Ortega incluirían las manifestaciones contra su Gobierno.
Además, la Asamblea Nacional controlada por Ortega aprobó una ley de Amnistía en junio de 2019 en que contempla la "no repetición", implicando una amenaza hacia los presos políticos excarcelados de no manifestarse, so pena de volver a la cárcel.
El asedio y la persecución en los últimos años les afectan emocional y económicamente, explicó Vásquez.
Reparación para las víctimas
Para los familiares de presos políticos, el proceso de justicia no solo implica su liberación, sino también la reparación de los daños físicos y económicos ocasionados por el encarcelamiento y el asedio.
"Que el precio que ellos pagaron sea retomado para reparación y la memoria que tiene que darse en este país, porque no pueden quedar impune los daños a presos, sus hijos y sus familiares", solicitó Navarrete.
De cara a las elecciones presidenciales como posible salida a la crisis, las organizaciones de víctimas buscan también consolidar sus demandas. "Estamos promoviendo actualmente la unidad del sector de víctimas y creemos que es necesario primero consultar con las otras organizaciones de víctimas sus propuestas de justicia. También es necesario que los grupos de víctimas alcen la voz ante las organizaciones políticas que pretenden ser el nuevo Gobierno, para que les den respuesta a estas exigencias", detalló Mairena.
"Todos los partidos y organizaciones deben unirse para reconstruir el país y generar medidas de no repetición", coincidió Vásquez.
