19 de marzo 2021
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Tras más de cinco años de ausencia, el Estado de Nicaragua reapareció en una de las audiencias de país convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Lo hizo para negar “cualquier tipo de desprotección” a los pueblos indígenas del Caribe nicaragüense, y destacar las “reivindicaciones” alcanzadas en temas de acceso a la justicia, salud, educación, titulación y seguridad.
La última vez que el Gobierno de Nicaragua participó de una de esas sesiones de la CIDH fue el 20 de octubre de 2015, en el 156 Período de Sesiones. En esa ocasión el organismo regional realizó dos audiencias, donde se abordó la “situación de derechos humanos de pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa del Caribe de Nicaragua” y la “situación de derechos humanos de mujeres y niñas” nicaragüenses.
Ahora, en el marco del 179 periodo de sesiones, la CIDH convocó a una audiencia sobre el “impacto de la colonización en territorios indígenas de la Costa Atlántica en Nicaragua”, donde la sociedad civil nicaragüense denunció la desprotección estatal ante los constantes ataques armados de colonos y la creciente ampliación de proyectos mineros que afectan derechos territoriales.
Por el Estado de Nicaragua estuvo presente la procuradora Wendy Morales Urbina. Mientras, en representación de la sociedad civil nicaragüense participaron: Guillermo Rodríguez, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Lottie Cunningham, del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan); y María Luisa Acosta, del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi).
Además, fueron invitados Clara Galeano, de la Organización Mundial Contra la Tortura; Anuradha Mittal, del Instituto Oakland; y Ana Bolaños del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Acosta valora que la reaparición del Estado nicaragüense se debe a que intentan “quedar bien” ante la comunidad internacional, ya que en la sesión no solo estarían organismos nacionales, sino varios internacionales.
“Al borde del etnocidio”
Contradiciendo la versión oficial, defensores de derechos humanos de Nicaragua denunciaron la colonización que sufren los pueblos indígenas de la Costa Caribe. Además, que estos sufren hambre, inseguridad, carencias en acceso a salud y educación, y, sobre todo, falta de acceso a la justicia.
Cunningham indicó que los pueblos indígenas están “al borde del etnocidio”, pues indica que el Estado tiene la deuda pendiente de “sanear” las áreas protegidas y reubicar a los "colonos" fuera de las propiedades indígenas, ya que esto les impide comunidades “el acceso, uso, goce y disfrute efectivo de sus tierras y bienes naturales”.
Señaló que, como organización a lo largo de 2020, contabilizaron al menos 13 asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, dos secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad.
Cejudhcan ha documentado que, entre 2011 y 2021, se han reportado 49 indígenas muertos, 53 lesionados, 46 secuestrados y cuatro desaparecidos. Además, estiman que la violencia, generada por la invasión de colonos, ha provocado el desplazamiento forzoso de aproximadamente 1000 ciudadanos.
Todas estas situaciones, según Cunningham, siguen en la “impunidad” y “el Estado no ha brindado información periódica ni suficiente sobre el número y estado de las investigaciones de los asesinatos y agresiones referidas”.
“Tampoco ha implementado —prosiguió— las medidas cautelares y provisionales otorgadas por esta Ilustre Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a doce comunidades indígenas Miskitu, que reiteran la necesidad de realizar el saneamiento territorial”.
Acosta agregó que las comunidades sufren también desplazamiento forzado y son víctimas de “exterminio”, explicando que este último se refiere “la imposición intencional de condiciones de vida, como la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción a una parte de una población. Tales condiciones sin duda ya se están generando al ser los pueblos indígenas Miskitu y Mayangna privados del acceso a los bienes naturales de sus territorios”.
La negación del Estado de Nicaragua
La procuradora Morales Urbina dedicó su participación a defender las “acciones” del Gobierno de Daniel Ortega, en materia de “restitución de derechos individuales y colectivos”, a través del acceso y cobertura en salud, educación, comunicación, seguridad a través de patrullajes, electrificación, acceso a agua potable y titulación.
Morales afirmó que han avanzado en el saneamiento de 12 territorios, que trabajan de la mano con Gobiernos comunales y territoriales, y que desde diciembre de 2019 han reactivado la actividad de seguridad en el campo.
En materia de acceso a la justicia, Morales detalló que, recientemente, han “conocido, procesado y condenado 18 casos vinculados a conflictos de tierra en comunidades indígenas y delitos conexos, de los cuales se acusó a 22 personas, realizando 8 juicios en los que se declaró culpable a 14 personas, a 14 acusados”.
La funcionaria orteguista justificó que dicha información no es del conocimiento de las organizaciones, porque esta —afirmó— ha sido facilitada solo a las víctimas y Gobiernos Territoriales.
“Avances” en minería
Morales dijo que, desde el Gobierno, trabajan en la “erradicación de la minería” y que han logrado la “retención de diez excavadoras y judicialización de mineros de origen colombiano y dominicano”. Sin embargo, no detalló cuántos mineros fueron judicializados, por qué delitos fueron procesados y de qué tipo de pena se les imputó.
Quedó pendiente además que la procuradora indicara a la CIDH el número de concesiones que han otorgado a empresas mineras, que buscan trabajar en zonas que comprenden territorios indígenas.
La representante del régimen resaltó que no han incurrido “en ninguna violación” de derechos humanos, y negó que favorezcan permisos masivos para empresas con fines extractivos o que permitan dobles Gobiernos Territoriales impuestos por el Gobierno de Ortega.
Además, invitó a las organizaciones de la sociedad civil a que les transmitan los casos que han documentado, ya que las acusó de ser muy “generales” a la hora de exponer sus quejas.
Las organizaciones solicitaron a la CIDH que exhorte al Gobierno de Nicaragua a que cese de las amenazas y ataques contra personas y comunidades defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; a que realice investigaciones exhaustivas e imparciales de manera inmediata sobre los hechos denunciados, sancione a los responsables y repare a las víctimas.
