La fallida nacionalización del Bancorp y su conexión con la “ley de defensa de los sancionados”

El 7 de marzo de 2019, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, un histriónico diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez se aprestaba a cerrar con su intervención el debate sobre lo que hasta entonces era la operación más peligrosa para el sector financiero de Nicaragua emprendida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo: la nacionalización del  Banco Corporativo (Bancorp). Sin embargo, de nada serviría la elaborada exposición del diputado ante los resultados que tendría posteriormente la compra de los activos del banco con fondos del Estado.

Ese día, el dictador Daniel Ortega envió con carácter de urgencia la denominada Ley de Iniciativa de Constitución del Banco Nacional. Wálmaro Gutiérrez fue el encargado de argumentar por parte de la bancada del régimen los motivos que llevaban a desembolsar 23 millones de dólares del tesoro nacional para que el Estado comprase el Bancorp y lo convirtiera en el Banco Nacional (BN).

El Bancorp era tildado como “el banco de Albanisa”, el holding de empresas controlado por la familia Ortega Murillo y que nació al amparo del millonario acuerdo petrolero entre Nicaragua y Venezuela, más de 4000 millones de dólares que fueron manejados sin fiscalización alguna por el régimen para oxigenar sus negocios privados. Albanisa ya había sido sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 29 de enero de 2019 y sus vinculaciones con el Bancorp hacían inviable las operaciones de la entidad financiera, ya que tarde o temprano, las sanciones la terminarían alcanzando.

“Si fuera cualquier otro banco del sistema financiero nacional el de esta transacción y compra este banco, ahí es perfecto porque es sutanito de tal, que es banquero, que siempre ha sido banquero. Ahí es correcto que compre el Bancorp. Pero si es el Estado, si somos los nicaragüenses los que queremos comprar con nuestros reales ese banco, ahí no, porque es pecado mortal”, fue el argumento expuesto por el diputado Gutiérrez, durante su intervención para justificar la operación del régimen.

Como estaba previsto, la aplanadora de diputados orteguistas aprobó la operación, quedando pendiente, para su entrada en vigencia, la publicación en el diario oficial La Gaceta.

Un mes y unos cuantos días después, los temores se concretaron. El 17 de abril de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Bancorp, junto con Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial.

“El Tesoro está sancionando a Laureano Ortega Murillo y Bancorp por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega. Estas acciones envían un mensaje a todos los que continúan apoyando al régimen de Ortega de que hay que pagar un alto precio por abusar de la economía nicaragüense y su gente “, argumentó el entonces subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

Sin embargo, en todo ese tiempo, entre la aprobación de la constitución del Banco Nacional y las sanciones en contra del Bancorp, la operación aprobada por los diputados de la dictadura, no fue publicada en La Gaceta y por ende, no entró en vigencia.

Los portavoces del régimen en la Asamblea Nacional nunca dieron una explicación sobre por qué la iniciativa que tramitaron y aprobaron con carácter de urgencia, finalmente quedó desechada. CONFIDENCIAL intentó sin éxito comunicarse con el diputado Wálmaro Gutiérrez para preguntar cuáles fueron los motivos por los que aquella ley no se publicó en la Gaceta.

No tuvieron tiempo para prepararse ante las sanciones

“En mi opinión, no continuaron con el proceso de estatización del Bancorp porque no tuvieron tiempo, pues las sanciones se vinieron encima antes de que pudieran culminar. A diferencia de la DNP (Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, una empresa operada por personeros de la dictadura) por ejemplo, caso en el cual sí pudieron actuar con anticipación”, señaló el economista Enrique Sáenz.

El riesgo primario del acuerdo, según el economista, era que las sanciones apuntaran entonces en contra de una entidad pública. Hasta la fecha, la única entidad pública del país sancionada por los Estados Unidos es la Policía Nacional, por las violaciones a los derechos humanos durante las operaciones de represión a las protestas civiles de 2018.

“La nacionalización, en principio, cambia el marco jurídico y produce una especie de novación. En consecuencia, si hubieran logrado culminar el proceso, de alguna manera les hubiera permitido cubrir con un escudo al Bancorp y obligar a la Administración norteamericana a dar un paso más con sanciones a una entidad pública. Aunque, por supuesto, no sería más que una artimaña legal”, añadió Sáenz.

Mario Arana, expresidente del Banco Central, explicó que el problema con la nacionalización del Bancorp es que esta operación simplemente no salvaba a la entidad financiera del régimen. “El punto con la ley del Bancorp, es que pasándolo al Estado no resolvían nada.  No tenía sentido. No era posible su operatividad, aún si lo estatizaran. Entonces no estaba en riesgo nada, porque tendría un efecto nulo. Un banco no existe porque el Estado quiera, es más complicado que eso”, señaló.

El diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez, quien también está sancionado por el Departamento del Tesoro de la Asamblea Nacional, fue el encargado de promover la fallida nacionalización del Bancorp y la reforma a la Ley 842. Foto: Tomada de Facebook Asamblea Nacional.

Régimen corrió el riesgo

La inviabilidad técnica y financiera para rescatar al Bancorp y los momentos políticos que vive Nicaragua son los factores que diferencian esta operación con la recién aprobada reforma a la Ley 842 de Defensa del Consumidor, denominada la “ley de defensa de los sancionados”, una maniobra impulsada en febrero de este año por el orteguismo, con el fin de proteger a funcionarios, empresas y familiares de la pareja de dictadores sancionados por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza.

La reforma a la Ley 842 fue publicada en la Gaceta, Diario Oficial, el 9 de febrero de 2021, cinco días después que la aplanadora orteguista de la Asamblea Nacional la aprobará en una sesión expedita.

“En el caso de la reforma a la Ley de Defensa al Consumidor, todo lo que se ha dicho tiene validez. Hay riesgos tangibles y reales. Con respecto al Bancorp efectivamente no estuvieron dispuestos a poner en riesgo el sistema financiero y posiblemente entonces estaban en una posición más débil de la que creen que están ahora. Si bien crean incertidumbre, se ha mostrado un comportamiento responsable con la macroeconomía a pesar de circunstancias adversas”, apuntó Arana.

Los bancos siguen sin ser afectados por la ley

Una fuente vinculada al sector empresarial confió a CONFIDENCIAL que por el momento, a pesar que la reforma a la Ley 842 incluso fue cuestionada directamente por la Asociación de Bancos Privados (Asobanp), esta sigue sin ser aplicada a los bancos y que la misma estaría más enfocada en frenar acciones de estas entidades financieras con los familiares de los sancionados. Es decir, evitar que estos familiares lidien con la “muerte financiera” aplicada a los sancionados directamente.  

“Al final todo es político en Nicaragua, pero la ley no parece ser parte del mismo paquete que han estado tirando para minar a la oposición. Parece un chamarrazo, siempre pueden decidir no levantar polvo y permitir que los bancos hagan lo que tienen que hacer, que es cuidar los intereses de sus clientes, accionistas y corresponsales. Los bancos van a cumplir con lo que les representen menor riesgo”, explicó.

El  peso del contexto electoral

Sin embargo, para el analista político y opositor Eliseo Núñez, la reforma a la Ley 842 representa un peligro latente cuya intensidad crece a medida que se acaban los tiempos para que el régimen brinde las condiciones habilitantes necesarias para garantizar comicios transparentes y competitivos el 7 de noviembre de 2021.

“La actitud de Ortega tiene que ver con el momento político que vive. Ortega sabe que la posición política que mantiene de cero reformas y un modelo de gobierno dictatorial lo va a mantener alejado de las fuentes tradicionales de financiamiento. Él está dispuesto a sacrificar el sistema financiero, con tal de poder mantener un mecanismo para golpear políticamente a sus opositores”, expresó Núñez.

El economista Enrique Sáenz también considera que la reforma a la Ley 842 será eventualmente utilizada como una “pistola en la sien” en contra de los banqueros, a medida que el clima electoral se torne más pesado por la carencia de legitimidad del proceso electoral que se avecina.

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Señaló que una de las amenazas más concretas es presionar a los banqueros para que se abstengan de respaldar financieramente a los grupos opositores. “Coaccionar a los banqueros para que vuelvan al redil del régimen y lo respalden frente al montaje electoral. Irán con el machete en la mano a cada banco a obtener concesiones por debajo de la mesa. Por ejemplo, que se abstengan de respaldar financieramente organizaciones o candidaturas”, expuso Sáenz.

Para Núñez, la prioridad de Ortega siempre será aprovechar cualquier oportunidad para golpear políticamente a sus adversarios, aprovechando el control que tiene de las actividades regulatorias del Estado.

“Está preparando el terreno para llegar al momento de ganar las elecciones por medio de un fraude electoral y que los grupos económicos se vean forzados a negociar con él debido a que sembró de minas todo el funcionamiento de la economía nacional”, indicó.

Cuando la reforma a la Ley 842 llegó a ser debatida en la Asamblea Nacional, el orteguismo volvió utilizar a Wálmaro Gutiérrez para defender la iniciativa con la misma intensidad con la que justificó la compra del Bancorp en 2019. Es muy probable que el diputado orteguista se haya tomado su intervención como algo muy personal, tomando en cuenta que él es uno de los 27 personeros de la dictadura que enfrenta una “muerte financiera” por las sanciones de los Estados Unidos.

Los activos del Bancorp

Un análisis publicado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en 2019 reportó que el Bancorp se constituyó con un patrimonio equivalente a 18.1 millones de dólares.

“Desde 2015, incrementó sus activos desde 18 millones hasta 386 millones de dólares al cierre de enero de 2019. Estos se distribuyen como disponibilidades (146 millones), inversiones (147 millones) y crédito (81 millones). Por su parte, los pasivos alcanzan el monto de 364 millones, siendo la gran mayoría obligaciones con el público (349 millones). De tal forma que el patrimonio ha aumentado de 18 millones en 2015 a 23 millones a final de enero de 2019”, reportó el Funides.

Funides también añadió que “las disponibilidades de Bancorp al final de 2017 cerraron en el equivalente a 190 millones de dólares, encontrándose la mayor parte en el Banco Central de Nicaragua (BCN)”.