17 de marzo 2021
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En los primeros doce años de Gobierno de Daniel Ortega, los ingresos anuales del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) crecieron 14 veces. A la sombra del secretismo, la falta de controles institucionales y la concentración de poder en manos del caudillo y su familia, el partido pasó de recibir 34.1 millones de córdobas en 2007 a 457.5 millones de córdobas en 2019, según los estados financieros de esa organización partidaria publicados en el diario oficial La Gaceta, analizados por CONFIDENCIAL.
Los reportes financieros del partido oficialista revelan que el FSLN suma una fortuna en sus ingresos: 3596 millones de córdobas en los últimos 12 años publicados. Sin embargo, el dato más revelador es la evidencia de la opacidad con la que la jerarquía sandinista administra los fondos del partido. El 80.2% de esos fondos fueron reportados simplemente como “otros ingresos”, es decir que el origen de más de 2886 millones de córdobas se mantiene oculto.
Esa partida de ingresos, por ejemplo, es superior a los 2217.7 millones de córdobas presupuestados por el Estado en este 2021 para obras de infraestructura en el área de salud, entre ellas la construcción de hospitales, que el oficialismo está usando como parte de la propaganda que busca la tercera reelección consecutiva de Ortega. Un trabajo electoral que la dirigencia sandinista ha activado con una jefatura nacional, a cargo de la esposa de Ortega, vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, en conexión a los barrios a través de las Unidades de Victorias Electorales (UVE), vistas como “la trinchera de defensa del voto” rojinegro.
El “aporte” de los militantes a los fondos del FSLN
Los ingresos del FSLN se dividieron de esta manera entre 2007 y 2019: en primer lugar, 2886 millones de córdobas de fuentes opacas (80.2%); 557.1 millones de córdobas en concepto de aporte de militantes (15.48%), y 43.37 millones de córdobas en aportes de cargos públicos (1.2%).
Además, por alquiler de bienes inmuebles fueron 18.8 millones de córdobas (0.52%) y los reembolsos del Consejo Supremo Electoral reportados sumaron a 89.3 millones de córdobas (2.48%).
El aporte de los militantes del FSLN aparece dividido en dos renglones: el aporte general de todos, y aquellos que dan quienes ocupan cargos públicos. Sin embargo, la información de estos últimos únicamente se presentó por las autoridades contables del FSLN en tres de los doce años estudiados.
Si alguna relación estadística se puede sacar, entre uno y otro rubro, es únicamente entre 2008 y 2010, cuando los empleados sandinistas del Estado aportaron un promedio del 40% de lo entregado por los militantes en general. En cualquiera de los casos, no obstante, se trata de una práctica en la que el FSLN repite lo que hicieron antecesores como el Gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2001), cuando estos casos se denunciaron como una extorsión a los empleados públicos.
Para el exdiputado opositor Eliseo Núñez, la contribución de los militantes que tienen cargos públicos es un punto destacable, porque se convierte en un negocio para los partidos a medida que suman más de sus adeptos a las estructuras del Estado. “Los aportes de los militantes en algunos casos van desde el 30% hasta el 10%. Esto es una práctica en que básicamente se ha hecho una manera de vivir de los partidos políticos”, afirmó.
CONFIDENCIAL intentó corroborar este dato con algunos miembros del partido de Gobierno. El jefe de bancada del FSLN, Edwin Castro, no contestó las consultas. Tampoco el diputado Wilfredo Navarro, antes miembro del Partido Liberal Constitucionalista de Alemán y ahora uno de los aliados del FSLN y miembro de la junta directiva de la Asamblea Nacional.
La sombra de los reembolsos electorales
Las partidas del Consejo Supremo Electoral (CSE) en concepto de reembolso por gastos de campaña electoral a los partidos políticos son propuestas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el presupuesto presentado cada octubre en la Asamblea Nacional, para el ejercicio del año posterior. La partida, según la ley, equivale al 1% de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República, y se reparte según el porcentaje de votos válidos entre los partidos que obtuvieron más del 4% de acuerdo con el tribunal electoral, también controlado por el partido de Gobierno.
Nicaragua tuvo votaciones presidenciales en 2006, 2011 y 2016; municipales en 2008, 2012 y 2017, y regionales en 2010, 2014 y 2019. Sin embargo, no queda claro en los registros financieros del FSLN los montos que recibió en concepto de reembolso por participar en esos procesos.
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En los reportes financieros del FSLN se registraron ingresos como reembolso electoral en 2014, por 64.4 millones de córdobas, pero la organización aceptó en 2009 y 2010 partidas del CSE por 16.5 y 8.2 millones de córdobas respectivamente. ¿A qué procesos corresponden los mismos y por qué no están los reembolsos de las otras votaciones? Las preguntas sobre la opacidad de la información del FSLN son abundantes.
De hecho, la última declaración de probidad que se conoce de Daniel Ortega se remonta a 2002, hace ya 19 años, cuando declaró poseer un patrimonio de 217 943 dólares, pero distintos sectores señalaron que solo las cuatro camionetas Mercedes Benz, en las cuales se movilizaba entonces, costaban más, y ahora Ortega se traslada en nuevos y blindados Mercedes Benz, valorados cada uno en un cuarto de millón de dólares.
Con el paso de los años, la incursión de los hijos de Ortega y Murillo en el negocio de las televisoras y el sector petróleo, a través de terceras personas, suma más interrogantes, después que en 2007 se iniciara el desvío millonario de más de 4000 millones de dólares de fondos de la cooperación estatal venezolana hacia negocios privados de la familia Ortega Murillo.
Una “bolsa oscura” en los estados financieros
Dayra Valle, experta de gestión y políticas públicas, estima que el renglón de “otros ingresos”, escrito por los financieros del FSLN, funciona como si fuese una bolsa oscura que no permite conocer el detalle sobre los estados financieros y pone sobre la mesa un tema de vital importancia: el financiamiento de los partidos políticos, sin que exista un compromiso de la clase política para lograr la aprobación de una ley que promueva la transparencia de los partidos como sí tienen otros países.
“La información tiene que ser completa. Deben dar información detallada sobre las líneas presupuestarias, sobre los gastos e ingresos. No sirven partidas generales que digan otros gastos, otros ingresos, porque no detallan en que están gastando la plata o de dónde provienen los recursos”, afirma Valle.
La especialista en temas de transparencia insiste en que hace falta conocer la información sobre los donantes de los partidos, porque puede darse el escenario de que se pongan a terceras personas que ocupan ese sitio para ocultar la fuente original.
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Núñez explica que a la opacidad financiera en el partido de Gobierno contribuye el secretismo cuasimilitar de las autoridades del partido, que impide que los mismos militantes del FSLN sepan con seguridad cuánto ingresa y cuánto se gasta. Como parte de los ingresos, según él, se encuentran los fondos manejados tanto en alcaldías como en el Gobierno central. Actualmente, el partido oficialista tiene el control del 90% de los 153 municipios del país.
“Si lo comparamos con una persona, con una familia, de las alcaldías sacan la comida del día y, cuando tienen que comprar una casa o un carro, lo sacan del Estado”, explica Núñez. El exlegislador sostiene que no se puede esperar una conducta distinta de las autoridades del FSLN en ocasión de las votaciones de noviembre.
Valle agrega que le gustaría saber cómo ciudadana de cara al proceso electoral de dónde el FSLN está obteniendo los recursos, cuánto dinero están invirtiendo de manera específica, qué mecanismos están utilizando para hacer estos gastos y quiénes son sus proveedores, porque “hay hechos de corrupción también ahí donde el partido político financia a empresas relacionadas con el partido o a parientes de los candidatos o miembros del partido. Es un sistema de corrupción que se genera”.
En 2018, Daniel Ortega en Venezuela. Atrás, el vicepresidente de Albanisa y tesorero del FSLN, Francisco "Chico" López, el encargado de las finanzas sandinistas del gobernante. Confidencial | Cortesía
El contador del Estado-partido
En los registros oficiales del FSLN aparece como contador general, del Frente Sandinista Ricardo J. Aragón Maldonado, de 48 años. Sin embargo, la sección de finanzas del FSLN está bajo el mando de Francisco “Chico” López Centeno, tesorero de la organización, sancionado por Estados Unidos desde el cinco de julio de 2018, bajo la legislación conocida como Ley Global Magnitsky, que castiga a los violadores de derechos humanos y a los personajes involucrados en casos de corrupción, alcanzando ya a más de una veintena de funcionarios orteguistas.
Antes de su castigo, López era otro ejemplo de los prominentes miembros del Estado-partido en su condición de funcionario público y administrador local de la cooperación venezolana que significó 5000 millones de dólares y el fraude más gigantesco de Nicaragua y Centroamérica, según el también exdiputado opositor Enrique Sáenz.
El funcionario sancionado era a la vez presidente de la estatal de Petróleo, miembro de la Empresa Nicaragüense de Minas y representante del Estado ante las empresas de la distribuidora de energía. De los últimos dos cargos “renunció” como efecto directo de la medida estadounidense, mientras a lo interno del FSLN es visto como el hombre de confianza de Ortega y la vicepresidenta Murillo junto al mayor general en retiro Ramón Calderón Vindell.
Según Sáenz, los recursos de la institucionalidad partidaria se gestionan como parte del patrimonio de la familia en el poder, refiriéndose a los Ortega, quienes actúan sin ninguna frontera entre lo público y lo privado. Dos ejemplos que retratan la corrupción actual son el caso del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), responsable del pago de pensiones, que aumentó su planilla de 1200 trabajadores en 2007 a 4060 en 2017 y otro es la estatal de Petróleo (Petronic), dirigida por López hasta la sanción y que ahora está en manos del antiguo vicecanciller, Manuel Coronel Kautz.
Petronic es socio de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Alba de Nicaragua (Albanisa), la empresa binacional a través de la que se canalizó la ayuda petrolera venezolana sin ninguna fiscalización. El presupuesto que presentaban en esos mismos años a la Asamblea rondaba los 50 millones de córdobas, a pesar de que el promedio de la cooperación anual desde Caracas fue de 550 millones de dólares, explica Sáenz.
Sobre la falta de transparencia gubernamental en el Estado-partido de Ortega, Sáenz también apunta a los grandes negocios alrededor del sector petrolero sobre los que no se rinde cuentas a la población. “¿Quiénes son los dueños de la plataforma de almacenamiento de hidrocarburos de lo que fue el proyecto de refinería El Supremo Sueño de Bolívar? La empresa con mayor capacidad de generación de electricidad es Alba Generación. ¿Quiénes son los dueños? Los contratos que firma con DISNORTE y DISSUR registran los precios más elevados en comparación con las otras empresas generadoras, con autorización del INE (Instituto Nicaragüense de Energía). El presidente del INE es, a su vez, designado por los mismos que son usufructuarios del negocio”, cuestiona.
Las protestas del Movimiento Campesino contra el Canal fueron la expresión más destacable entre 2013 y 2018 del descontento popular. En la imagen, los líderes Medardo Mairena (camisa celeste) y Francisca Ramírez. Foto: Archivo
Los gastos del FSLN
Los estados financieros del partido de Gobierno revelan que sus gastos fueron mayores que sus ingresos al totalizar 3887 millones de córdobas entre 2007 y 2019, un período en que recibieron 3596 millones. En ambos casos, se han ejecutado en absoluta opacidad con descripciones generales y sin ofrecer mayores detalles para aclarar en que fueron ejecutados los fondos, aunque en el caso de los egresos hicieron énfasis en los departamentos.
La Secretaría de Finanzas del FSLN gastó así: actividades del partido, 475.5 millones de córdobas (12.26%); gasto de publicidad y propaganda, 191.2 millones de córdobas (4.93%); gastos departamentales y administración, 1850 millones de córdobas (47.71%); gastos de operación, 1161 millones de córdobas (29.95%); gastos varios --un rubro que usaron en 2007 únicamente, equivalente a 913,918.41 córdobas (0.02%)-- y depreciación con 198.1 millones de córdobas entre 2013 y 2019 (5.10%) y que no se especifica a qué se refiere.
El incremento de los egresos anuales del FSLN se dio de manera paulatina, pasando de 31.8 millones de córdobas en 2007 a 493.4 millones de córdobas en 2019. Los años de mayor incremento ocurrieron en 2008, cuando hubo protestas por el fraude electoral (46.8 millones de córdobas); en 2013, cuando se iniciaron las protestas contra el canal interoceánico y el monto llegó a 273.1 millones de córdobas, y en 2018 cuando subió a 520.3 millones de córdobas, justo en el año en que miles de ciudadanos pidieron la dimisión de Ortega en las calles, tras las reformas inconsultas de la Seguridad Social, a las que Ortega y Murillo ordenaron responder con represión y masacre. Los gastos también fueron altos en 2016 y 2017 con 673.3 y 648.9 millones de córdobas respectivamente.
Para Medardo Mairena, representante del Movimiento Campesino que realizó 97 marchas entre 2013 y 2018, estos gastos del FSLN son parte de los recursos usados para mantenerse en el poder a cualquier costo.
“El régimen ha incrementado la planilla de personas que ponen a su disposición, además de que aprovechan también a los trabajadores del Estado, para que les ayuden a hacer su trabajo político. Pero también el incremento de la planilla significa que están por encima del dolor del pueblo, ya sea por los asedios, las torturas, los secuestros, asesinatos, por encima está su interés de mantenerse en el poder y mantener en zozobra a la ciudadanía”, dijo Mairena.
El líder opositor agrega que en esa tarea de represión se invierten también recursos del Estado, refiriéndose al asedio policial que en este momento mantienen sobre 100 líderes de la oposición; una realidad que convierte la lucha electoral en “desigual”.
