3 de marzo 2021
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El documento de consentimiento, que el Ministerio de Salud (Minsa) obliga a firmar a quienes "voluntariamente" han comenzado a recibir la vacuna contra la covid-19 en Nicaragua, es una acción que atenta contra los derechos de los nicaragüenses, porque el Estado no puede eximirse de cualquier responsabilidad ni los ciudadanos deben renunciar a su derecho constitucional a la salud, advierten médicos del Comité Científico Multidisciplinario, que ha estudiado de manera independiente el verdadero impacto de la pandemia en el país.
“Nadie puede renunciar a un derecho básico constitucionalmente establecido, de modo que no se puede eximir al Estado de una responsabilidad constitucional. Ni el derecho es renunciable, ni el Estado es eximible”, afirma el médico salubrista, Carlos Hernández, miembro del Comité Científico Multidisciplinario.
El Gobierno anunció el comienzo de la "vacunación voluntaria" contra la covid-19 este dos de marzo, con la aplicación de las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en los centros de atención del Ministerio de Salud y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Al final de un acto, al que tuvieron acceso exclusivo los medios oficiales, circuló el documento de "consentimiento" que el Minsa está obligando a firmar.
El documento de “consentimiento” es una práctica habitual en procesos de vacunación. Sin embargo, el documento del Minsa, lejos de dar confianza a la población para que acuda a vacunarse "voluntariamente", tiende a provocar el rechazo y desconfianza, porque sugiere que la vacuna no es segura, y que el Estado no tiene responsabilidad en caso de consecuencias o efectos secundarios.
“Este tipo de mensaje es un generador de ansiedad e incluso de mayor miedo. La pregunta que se puede hacer mucha gente es si la vacuna es segura o no, entonces se genera mucha desconfianza cuando debería de ser lo contrario”, añade el doctor Javier Barreto, miembro del Comité.
Formulario de vacunación que el Minsa obliga a firmar. // Foto: Cortesía | Confidencial
En cualquier procedimiento médico, la persona debe recibir información sobre qué proceso se le realizara o aplicara, incluyendo el detalle de las posibles consecuencias y los beneficios. Sin embargo, los especialistas aclaran que el paciente jamás debe dar su consentimiento a negligencias médicas y menos renunciar a su derecho a la salud.
“Saludamos que se haga el consentimiento informado, el problema es el formato. El formato tiene que ser muy explícito en que se le explicó a la persona que recibió la información acerca de qué tipo de vacuna es la que le van a poner, qué tipo de características tiene, qué problemas puede causar y qué beneficios en términos de protección le da. Eso debe estar claro, (sin embargo) así como está, tan general, pudieron haber dicho cualquier cosa y la persona firmó”, lamenta el doctor Hernández.
Desconocimiento disfrazado de voluntariedad
En el proceso de vacunación, que inició este dos de marzo, el Minsa hizo énfasis en que será voluntario, primero en grupos que son de riesgos como los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Sin embargo, se critica que este llamado a la voluntariedad está disfrazando el desconocimiento que existe en la población. Además, los especialistas reclaman que el país necesita un proceso de vacunación rápido y urgente.
“Esto de la voluntariedad tiene otra cara. Lo que es la ignorancia, el desconocimiento del riesgo, el desconocimiento de la necesidad de vacunarse para proteger su salud y la de los que lo rodean. Y este desconocimiento no ha sido voluntario, nadie escoge ser ignorante de algo. Es ignorante de la situación de riesgo porque no hay información de la epidemia. No hay una campaña masiva que enseñe a la gente de qué se trata esta epidemia y cuáles son sus riesgos, cuáles son los beneficios que trae cada vacuna. Si no existe esa campaña, esa ignorancia no es voluntaria y por lo tanto, no existe la voluntariedad de ponerse o no la vacuna”, detalla Hernández.
Asimismo, los médicos señalan que en realidad todos los procesos de vacunación son voluntarios, porque ninguna persona puede ser obligada a recibir una medicación en su contra. Sin embargo, el problema es que el contexto de la pandemia obliga a desarrollar una vacunación activa y rápida. Incluso, es la primera vez en la historia del país que se necesita con tanta urgencia inmunizar al 80% de la población.
“El problema es el mensaje que le estás transmitiendo a la gente: si querés vacunarte está bien, sino no. El papel del Gobierno no es esperar que la gente llegue de forma pasiva, el rol del Gobierno y su responsabilidad es promover que todo el mundo, ya sea por exposición como es el caso de los trabajadores de la salud o por tener enfermedades crónicas, asista a vacunarse. Y por otro lado no perder ninguna oportunidad porque si perdés oportunidades, vas perdiendo el tiempo y entonces no vas a poder lograr la cobertura que necesitas”, señala el doctor Leonel Argüello.
La situación de Nicaragua es tan particular, que fue el único país de la región que inició el proceso de vacunación tarde, en el sentido de que se empezó la vacunación una semana después que fue recibido el primer lote de vacunas, del cual se desconoce a cuánto asciende. En otros países se inició la vacunación el mismo día o al día siguiente de recibir las dosis. Y hubo muchos países de la región que publicaron su plan de vacunación desde finales del 2020. Mientras, en Nicaragua se desconoce públicamente cuál es.
Vacunación necesita seguimiento y garantía de continuidad
El salubrista Carlos Hernández también comenta que hay varios aspectos de la vacunación que preocupan al Comité Científico Multidisciplinario. “Una de ellas --enumeró-- es que se inició la vacunación vinculada a los programas regulares de atención (....) que no tienen garantías de tener toda la cobertura, porque todos los programas de enfermedades crónicas no llegan al 60% de cobertura, tiene muchas deficiencias en términos de continuidad de la atención y de vínculos de las personas. Entonces, con coberturas tan débiles y ritmos tan pobres, no podemos vincular, por lo tanto necesitamos otro tipo de programas para poder cumplir con la velocidad con la que se necesita lograr la cobertura de inmunización de la población más vulnerable, necesitamos reducir la mortalidad en corto tiempo”.
Las vacunas que se aplicarán en Nicaragua requieren de la aplicación de dos dosis. En el caso de la Sputnik V, según dijeron las autoridades, suministrarán la segunda dosis a finales de marzo. Esta condición obliga al Estado a dar seguimiento a los pacientes con el fin de garantizar que acudan para ponerse la segunda dosis. Las autoridades sanitarias además deben garantizar un procedimiento de seguimiento para estudiar y dar atención médica a los posibles efectos secundarios que desarrollen las personas.
Por ejemplo, señala el doctor Argüello, en el caso de que fallezca algún paciente vacunado, ya sea por la aplicación de la dosis o no, surgiría rechazo inmediato entre la población, por eso debe existir un personal preparado para investigar y reaccionar ante estos escenarios.
Asimismo, lamenta que al no conocerse el plan de vacunación oficial se desconoce el orden de los grupos que el Estado decidió vacunar primero. Incluidos, el personal de Salud.
Se espera que esta semana lleguen a Nicaragua dos lotes que contienen 335 000 dosis de la vacuna Covishield o AstraZeneca, de las que 135 000 serán donadas a través del Mecanismo Covax y 200 000 por el Gobierno de la India. Hasta ahora, se desconoce cuántas dosis fueron entregadas por la Federación Rusia y también cuántas vacunas serán aplicadas por día.
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