3 de marzo 2021
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Un contingente de policías antidisturbios aguarda en el perímetro de la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua. Fusil en mano permanecen alertas a que nadie eleve su voz, levante una bandera azul y blanco o participe en el mínimo acto de protesta contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así, los derechos a la manifestación y asociación continúan conculcados y las libertades públicas en Nicaragua siguen bajo amenaza. Sin embargo, la ciudadanía parece indiferente ante el estado policial de facto, impuesto hace dos años y medio, tras la matanza y represión contra las protestas ciudadanas de la Rebelión de Abril.
A menos de doscientos metros de ese punto neurálgico de la capital nicaragüense, el 30 mayo de 2018, decenas de estudiantes y ciudadanos fueron asesinados por policías y paramilitares, pero hoy nadie parece inmutarse ante la presencia de los hombres armados. Las patrullas, policías y pertrechos policiales se han integrado al paisaje urbano, entre la romería que sube y baja de los autobuses del transporte colectivo. La situación es igual en el resto del territorio nacional, mientras la población intenta continuar su vida al margen de la crisis sociopolítica. Acaso, ¿se normaliza la violencia en el país?
Un psicólogo consultado por CONFIDENCIAL valora que la población nicaragüense en realidad se está “autorreprimiendo”, porque detrás de la aparente normalización de los abusos del régimen existen factores como la desprotección ciudadana, el temor a ser encarcelado o agredido, la impunidad y la necesidad de sobrevivir.
Algunas personas “pueden interiorizar las cosas y asumir que no pasa nada, que el policía está ahí, pero no va a hacer nada y eso –creo yo– es la intención de mantener el despliegue policial, que la población interiorice que no se pueden hacer expresiones de oposición al régimen”, señala el psicólogo.
De alguna manera, agrega, intentan imponer que “tenemos que convivir con eso” y “contribuimos a la normalización cuando lo aceptamos como si fuera parte de la vida cotidiana en todos los países, si no vemos diferencias, si no vemos las implicaciones que eso tiene”.
Agentes de la Policía afuera de un hotel de Managua. // Foto: Archivo | Carlos Herrera | Confidencial
Cenidh: No es letargo social, es una profundización de la represión
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, este momento de letargo social es forzado por “una profundización y no normalización de la represión”. En los últimos tres años, el país ha experimentado “un incremento de la represión”, enfatiza Núñez, y al día de hoy existen personas que no pueden manifestarse “ni dentro de su propia casa”.
La ciudadanía, sostiene, está “resistiendo” frente a “una estrategia de inmovilización total”, pero “no cuenta con la posibilidad de defenderse”. Protestar contra el régimen en la Nicaragua de hoy es “enfrentar a una bestia, una imposibilidad real”, estima la defensora de derechos humanos.
En 2018, el régimen de Ortega y Murillo reprimió brutalmente las protestas masivas en su contra, dejando al menos 325 asesinados entre abril y septiembre, confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En septiembre de ese mismo año, la Policía prohibió mediante un decreto el derecho constitucional a la protesta e impuso un estado policial de facto.
“El descontento persiste”, a pesar del miedo
Núñez valora que “el miedo es la principal arma del régimen” gobernante y la reciente aprobación de leyes que restringen los derechos civiles y políticos, como la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, evidencia que “la fuerza bruta no les ha dado resultados”. Sin embargo, considera que “el espionaje permanente ha surtido sus efectos” y por eso existe mucha desconfianza entre la población.
El psicólogo coincide en que “los mecanismos de represión no han sido en vano”, hay gente presa en sus propias casas y quienes no lo están “tienen que ponerse a salvo” de alguna manera. Estamos ante “una reacción normal dentro de una situación anormal”. Lo anormal es “la violencia (del régimen), la represión y la pérdida de derechos”, pero “la apatía, el desánimo, falta de entusiasmo (de la población)” es algo normal. Aclara que “normal no quiere decir que sea bueno”, pero “es lo único que puede hacer la gente”.
- Lea el reportaje especial: “Estamos presos en nuestras casas”
Un grupo de policías vigilan permanentemente en la parada de buses de la UCA. // Foto: Archivo | Carlos Herrera | Confidencial
A juicio de la excomandante guerrillera e historiadora, Dora María Téllez, el hecho de que no hayan protestas masivas contra el régimen no significa que la ciudadanía esté paralizada. “La gente aparentemente sigue con su vida” al margen del tema político, pero “el descontento persiste” en silencio debido al miedo, agrega.
“Es normal que la gente tenga miedo porque ellos (el régimen) han matado y negado atención médica” enfatiza Téllez. Pero ese descontento y temor de la ciudadanía, valora, “no beneficia en nada al régimen” porque a la postre podría volver a manifestarse, tal como sucedió en 2018.
En el contexto nicaragüense, donde los derechos están desprotegidos, “la gente aprende a autorreprimirse para protegerse, porque hay un aparataje que si hacen cualquier mínimo movimiento les van a caer. Se aprende a vivir con la violencia protegiéndote de la amenaza de daño” explica el psicólogo.
La autorrepresión es una consecuencia del miedo “porque aprendés después del primer golpe” y en este caso “después de las muertes del 2018”, comenta el psicólogo. Tampoco es un mecanismo saludable, porque “no solo el agresor me niega mi derecho, sino que yo aprendo a negármelo a mí misma”, subraya.
Cuando la gente se autorreprime hay expresiones negativas, pero no se expresan; entonces, “sufren por dentro”, explica el psicólogo. En esta etapa pueden experimentar dolores de cabezas, dolores musculares, insomnio, gastritis, porque no es un proceso natural, “sino algo que ocurre en la mente de la persona y tiene un costo físico”, agrega.
La población necesita sobrevivir
La presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, Carmen Hilleprandt, tampoco percibe una normalización en el país, porque detrás de la aparente recuperación del sector que representa, enumera que hay “leyes confiscatorias”, tributos exagerados y el precio de la canasta básica sigue creciendo”.
Agentes de la Policía permanecen desplegados en las calles de Managua. // Foto: Archivo | Carlos Herrera | Confidencial
Las empresas “estamos buscando cómo sobrevivir”, explica Hilleprandt, pero “no es que se haya normalizado todo”. En la cámara “siempre mandamos cartas al Gobierno, a la DGA (Dirección General de Aduanas), a la DGI (Dirección General de Ingresos)” que algunas veces responden y otras veces no, “pero tenemos que seguir haciéndolo porque es el rol que nos corresponde” agrega.
La presidenta del Cenidh, por su parte, estima que las instancias estatales que tienen funciones administrativas “también están contribuyendo a la represión” y la ciudadanía está resintiendo “una agresión económica”.
El hecho de que la población salga a trabajar todos los días y las empresas abran sus puertas –a pesar del estado de sitio policial de facto– se debe a “la necesidad” porque “la gente tiene que comer”, argumenta la presidenta de la Cámara de Comercio.
Sin embargo, han crecido los negocios informales y “esa gente vive el día a día, si no trabaja no come”, la economía se ha hecho más pequeña y “el pobre se ha vuelto más pobre”, afirma.
En 2020, durante el tercer año consecutivo de recesión económica, agravado por el impacto de la pandemia de covid-19, se calcula que más de 200 000 personas perdieron sus empleos.
El psicólogo coincide en que “la gente no puede detener su vida, aún en situaciones de violencia”.
Hilleprandt reconoce que a nivel general el sector comercio registra una aparente recuperación, pero se debe a que ese sector se adapta rápidamente a la coyuntura, tal como sucedió con la pandemia de la covid-19. “Si antes hacías colchones ahora vendes mascarillas”, ejemplifica.
Ante la aparente indiferencia del sector comercio frente a la crisis sociopolítica del país, Hilleprandt considera que “cada quien hace desde donde está” y recuerda que “así como (los nicaragüenses) tenemos derechos políticos (conculcados) también tenemos derechos económicos” que recuperar.
“A la gente deja de interesarle la política cuando, si no va a trabajar no come; entonces, la política incide en esa gente, pero al final te dicen ‘no me interesa, yo lo que que quiero es comer’ y a veces molesta escuchar ese tipo de cosas, pero lo dice la gente más pobre”, comenta Hilleprandt.
La represión en Nicaragua sigue aumentando
Para la presidenta del Cenidh, el ejercicio de los derechos civiles y políticos se ha vuelto “algo clandestino”. Hay personas que “ni siquiera pueden protestar dentro de su casa” porque “el espacio privado de la población ha sido vulnerado”.
Núñez se refiere a casos como el de la abogada Danelia Argüello, que el pasado 16 de febrero fue detenida “arbitrariamente” mientras se tomaba un café en la casa de uno de sus vecinos que habita a dos casas de su propiedad. Ambos fueron obligados por los oficiales de la Policía a caminar esposados –por varias cuadras– hasta llegar a la estación policial de Somoto, Madriz.
Datos de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el Monitoreo Azul y Blanco indican que unas 80 personas tienen casa por cárcel de facto. Algunas de forma permanente y otras en días y horarios diferenciados.
Téllez estima que el régimen “cambió su forma de represión” y pasó de los asesinatos masivos en 2018 a la persecución a los principales líderes de la oposición, al estado policial de facto, la intimidación a través de leyes punitivas que limitan los derechos de la población y cobros exagerados de impuestos.
A la ciudadanía solo le queda “evadir la represión” del régimen, salir a la calle a protestar en este momento sería “como enfrentar a una bestia con fusil”, ejemplifica Téllez. La oposición organizada, sudraya, “es la peor derrota para el régimen”.
El estado de sitio policial de facto “predetermina que no haya protesta”, explica el psicólogo, “pero no la conciencia de la gente”.
