2 de marzo 2021
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La Ley 1054 o Ley de Rótulos, aprobada y promulgada en diciembre de 2020, está motivada por simples intenciones recaudatorias y extorsionistas, y para limitar a la oposición en el presente año electoral, según criterio de empresarios, políticos y analistas consultados por CONFIDENCIAL.
El 17 de diciembre pasado, en la edición 234 del diario oficial La Gaceta, se publicó la ley, cuyo argumento es “establecer el marco jurídico para regular la publicidad y propaganda que se realiza mediante rótulos ubicados en los municipios del país, basado en el ordenamiento y desarrollo urbano, suburbano y rural, así como los avances tecnológicos”.
Si bien no se discute la necesidad de regular la ‘jungla’ de rótulos que aportan ‘contaminación visual’ al paisaje, los empresarios, políticos y analistas también reconocen que, en el fondo, lo que hizo el Estado fue encontrar una nueva forma de sacarle dinero a los contribuyentes. Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), no cree, sin embargo, que la estrategia sea útil.
Optan por retirar rótulos
“Si creían que con esa reforma a la Ley de Rótulos iban a tener más ingresos, lo que estoy viendo es que habrá un retroceso, donde no van a tener eventualmente ingresos. Primero, porque la gente no está usando rótulos. Segundo, porque van a comenzar a quitar los que ya tenían”, avizoró Healy.
El líder gremial confirmó que hay pequeños empresarios y emprendedores que decidieron borrar los anuncios que habían pintado en las paredes de su negocio, y vaticina que es un fenómeno que se volverá cada vez más común.
Ernesto Robleto, de la Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad (Cámara ONAP), confirmó que ese ente gremial “tiene conocimiento que algunos anunciantes están optando por retirar los rótulos, o disminuir su presupuesto de signos externos”.
El economista y precandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, dijo que “se nota la prioridad recaudatoria, pero también de control, para que haya mínimos espacios para la oposición. Desde el inicio, la dictadura le puso el ojo a la industria de rótulos”, recordó.
Pensando en la campaña electoral que se avecina, Chamorro señala que, si no pueden disponer de los rótulos en las vías del país, las opciones serían la televisión abierta, la radio, Internet, “y pelear por espacios publicitarios informales en las calles”, además de “buscar métodos creativos de publicidad”, reconociendo que “hay pocas opciones legales”, para recurrir, ya sea por la vía administrativa, o la judicial.
“Todo esto es por ser año electoral. Para ellos [el Gobierno], entre menos rótulos mejor, porque esto es un medio de comunicación”, dijo un empresario del sector, que accedió a explicar lo que sucede, pero reservando su identidad. Aclaró que, para evitarse problemas, “nadie quiere alquilar rótulos a la oposición”.
Anunciantes con temor
La antigua Asociación de Anunciantes desapareció hace algunos años, lo que hace aún más difícil que los empresarios del sector puedan establecer alguna estrategia en común, y resulta evidente al intentar hablar con los empresarios que poseen rótulos para alquilar, o quienes los alquilan, pero temen expresarse o identificarse para evitar represalias de las autoridades municipales.
“No tenemos ninguna opción, porque el gremio está infiltrado, pero además, porque al igual que las radios o televisoras requieren permiso de Telcor, nosotros dependemos del permiso de las alcaldías”, explicó uno de ellos.
Al decir ‘infiltrado’, se refiere a que hay miembros —o allegados— de la familia gobernante, que también entraron a ese negocio publicitario, lo que explica que no en todos los casos se hayan elevado el costo del permiso de instalación.
Es el caso de los rótulos de diez por seis metros, que tuvieron un incremento irrisorio, e incluso abarataron algunos cobros, porque es en ese segmento en que la familia Ortega Murillo tendría mayor participación. El precio más que se triplicó en el caso de los rótulos de mayor tamaño. “Si antes pagábamos 200 dólares anuales en concepto de permiso, ahora tenemos que pagar 700”, reveló.
“Esto no es nuevo”, dijo otra fuente con amplia experiencia en el negocio publicitario. La Alcaldía de Managua había dicho hace años que los iba a quitar todos, pero no lo hizo, y en vez de normar, lo que ha buscado es cómo obtener dinero”, definió.
La fuente admite que “es legítimo normar la contaminación visual, pero cuando cae en manos de gente con intereses políticos, lo emplean como arma y elemento de chantaje: ‘o me das los rótulos premium, o no te doy licencia para operar’, y cuando necesitan más dinero, te obligan a pagar más, o te niegan el permiso.
Su criterio es que “para evitarse eso, mejor crearon esa ley que impone cobros en dólares, incluso aquellas pintas que se hacen en un muro en un barrio, por ejemplo, pero eso no es un rótulo”.
Dos profesionales del sector, que administran empresas que distribuyen productos de consumo masivo, comentaron a CONFIDENCIAL que recibieron sendos requerimientos de la comuna capitalina, demandando que les informaran cuántos afiches tienen colocados en las pulperías y puntos de venta de la capital.
“La Alcaldía mandó a preguntar cuántos rótulos y afiches tengo colocados, y cuántos camiones rotulados, pero no tengo idea. Son 6000 pulperías en Managua. Ponés un afiche, y cuando regresás, puede ser que lo hayan roto, o colocado otro encima”, dijo uno de ellos. El otro, simplemente les contestó: “No sé cuántos afiches tengo. Si quieren, podemos ir juntos a contarlos”, prometiendo que “no les voy a pagar un centavo más de lo que deba pagar”.
